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Entrevista a Stephane Horel “Bruselas es cómplice de la industria química”

Sáb, 15/04/2017 - 12:19
BERTA CHULVI
Entrevista

 


Stephane Horel es una periodista francesa que lleva más de una década investigando y publicando sobre cómo la industria química captura a los órganos reguladores de las instituciones europeas que deberían velar por la salud de la ciudadanía. Horel ha recibido el premio Louise Weiss de Periodismo Europeo 2016-2017, en la modalidad de premio especial del jurado, por un reportaje publicado en el diario Le Monde que ha desenmascarado cómo la Unión Europea mira hacia otro lado para no ver el conflicto de intereses de sus expertos "supuestamente" independientes.

¿Cómo empezó a trabajar sobre el conflicto de intereses en los comités de expertos?
En 2007 publiqué un libro y realicé un documental sobre disruptores endocrinos y me sorprendió mucho lo poco que se hablaba del tema. En 2012, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicara un informe que ya no dejaba dudas sobre los efectos nocivos de estas sustancias, seguí muy de cerca la batalla que se libró en Europa en torno a la regulación de los disruptores endocrinos. Fue en una conferencia convocada por la Comisión Europea en 2012 cuando, hablando con científicos que conocía bien por mis anteriores trabajos, me di cuenta de la gran influencia que ejercían los lobistas. Entre los científicos que conocía en aquella sala observé mucha tensión e impotencia: en una conferencia de 300 personas, supuestamente con interés científico, la mitad de los presentes estaba haciendolobbypara la industria. Allí no había ningún periodista más que yo y me di cuenta que el periodismo sobre conflictos de intereses exigía un cambio de enfoque. Normalmente, cuando se habla en la prensa sobre cómo actúan los lobbysse hace el relato post morten, es decir se narra la historia de un fracaso, y es demasiado tarde para que la sociedad civil intervenga, así que me propuse encontrar la manera de mostrar cómo actúan los lobbys en tiempo real, antes de que obtengan los resultados esperados. Y a eso me he dedicado desde entonces: a seguir estos temas de forma cotidiana. Es un periodismo laborioso, pero es la forma en la que yo entiendo mi papel como periodista en una democracia. He colaborado mucho con ONG –como Corporate Europe Observatory– sobre cómo investigar la actuación de los lobbys y difundir esta información.

¿Qué información ha publicado en Le Monde que le ha valido el premio Louise Weiss?
Se trata de un análisis de las vinculaciones existentes entre los miembros del comité científico que decide los valores límite de exposición profesional a agentes químicos (CCLEP) y las industrias que fabrican o utilizan dichos productos. De las 22 personas (20 miembros y 2 invitados), 15 miembros del CCLEP tienen estrechas y múltiples vinculaciones con laindustria (ver gráfico). Ninguna de esas personas son empleadas a tiempo completo de la Comisión, sino que desempeñan su actividad en universidades, industrias, centros de investigación y han sido nombradas por la Comisión Europea para un periodo de tres años. La información sobre sus vínculos con la industria es pública, la han proporcionado ellos mismos en unas declaraciones que la Unión Europea solicita cuando les contrata –las declaraciones de intereses–, por tanto, el fallo no es de las personas individuales que aceptan este trabajo, sino de la Unión Europea que les ficha conociendo perfectamente sus vinculaciones con la industria, y da por hecho que esas vinculaciones no van a afectar a sus tomas de postura.

¿Quiere usted decir que la Unión Europea conocía todos esos vínculos de los expertos con la industria?
Efectivamente y eso es lo grave. La Comisión Europea sabía al contratar a Robert Landsiedel y Edgar Leibold que ambos son empleados del grupo BASF, y sabía que Peter Boogaard es empleado de Shell. BASF, la empresa líder mundial en el sector químico, y Shell, el gigante del petróleo, deberán aplicar los valores de exposición límites aprobados por el CCLEP, donde están estos científicos. La UE también sabe que los clientes de Sebastian Hoffman, el director de una consultora de toxicología, deberán aplicar los valores límites de exposición que recomiende el CCLEP. Sin embargo, la Comisión Europea ha considerado que el señor Hoffman no tiene “ningún” conflicto de intereses. La misma calificación “ningún conflicto” han merecido Hermann Bolt y Helmut Greim. Jubilado de sus obligaciones académicas, Bolt es miembro del consejo científico de EUGT, una organización al servicio de la industria automovilística dirigida por BMW, Daimler y Wolkswagen. El consejo científico de la EUGT es presidido por Helmut Greim. Greim lleva más de 20 años participando en distintos comités de expertos de la UE y es conocido por haber defendido una regulación minimalista de los disruptores endocrinos, sustancias químicas que interactúan con el sistema hormonal y que son responsables de muchas patologías –infertilidad, malformaciones en fetos, diabetes u obesidad– como han demostrado en el contexto español investigadores como el doctor Nicolás Olea. Greim es un caso especialmente grave, pues en sus declaraciones ha olvidado mencionar que pertenece a un grupo de colaboradores de Monsanto, un grupo que la multinacional ha puesto en marcha para defender el carácter inocuo del glifosato, una sustancia que la IARC calificó como cancerígena en 2015. En la declaración de conflicto de intereses, en el apartado destinado a los familiares próximos, Greim ha olvidado mencionar que su esposa, Heidrun Greim, codirige una consultora de toxicología que también tiene entre sus clientes a la industria química. Otros dos casos relevantes son los de Ivonne Rietjens y Angelo Moreto, que son expertos, miembros del CCLEP que han tenido que dimitir de paneles de expertos de otra agencia europea, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), precisamente por sus conflictos de intereses: elevadas remuneraciones por asesoramiento a la industria agroalimentaria en el primer caso y participación en la propiedad de una consultora en toxicología en el segundo. Estos datos a la UE no le han impedido contratarlos como miembros del CCLEP, un comité de expertos que la ciudadanía considera independiente, pero no lo es.

¿Qué opina de la conducta de estos expertos? ¿Hay algo que se les pueda reprochar?
Respecto a los expertos solo se les puede reprochar los olvidos, voluntarios o no, de ciertas informaciones. Sin embargo, para mí, lo grave no es la conducta de los individuos sino que la Unión Europea los ha elegido con conocimiento de causa, sabiendo todo lo que pone en sus declaraciones de conflicto de intereses, que ya es mucho. Esto es lo que resulta verdaderamente escandaloso. Personalmente, para mí, es incluso molesto tener que dar los nombres de gente, me molesta por su intimidad, pero es la única manera de mostrar la total irresponsabilidad y falta de ética de los poderes públicos. Los expertos son libres de colaborar con quienes quieran, pero la Comisión Europea –según los textos europeos– debe velar para que las declaraciones del CCLEP se funden sobre “los principios éticos de excelencia, independencia, imparcialidad y transparencia”. Lo importante no es poner el foco en los expertos, sino en cómo actúan los poderes públicos: no se trata de personas concretas, sino de sistemas de funcionamiento consolidados en la Unión Europea.

¿A qué sistemas de funcionamiento se refiere?
La Unión Europea muestra una “incomprensión” alarmante sobre lo que es un conflicto de intereses; es como si la institución eludiera su responsabilidad y desplazara la responsabilidad sobre las personas: pidiéndoles que hagan ellos mismos sus declaraciones de conflicto de intereses, se convierte a los expertos en juez y parte. Yo creo que todo el sistema que utiliza la Unión Europea para gestionar el conflicto de intereses está mal enfocado, al dirigirse a ese tipo de expertos, ofreciéndoles formar parte de esos comités, al pedirles a ellos mismos que informen de si tienen o no conflicto de intereses, quien está actuando de manera lesiva con los expertos y con la ciudadanía es la Unión Europea. Los expertos van a ver cómo su reputación se pone en cuestión en los medios de comunicación y la ciudadanía se encuentra, de facto, privada de una opinión científica verdaderamente independiente.

¿Cómo reacciona la Unión Europea ante reportajes como el suyo?
En este caso, la portavoz de la Comisión Europea ha declarado a Le Monde que “se han puesto en práctica medidas de atenuación para evitar el conflicto de intereses”; lo que ha causado la indignación de expertas en esta materia como la socióloga Annie Thébaud-Mony o juristas e investigadores del Instituto Sindical Europeo como Laurent Vogel, quien, por ejemplo, remarca que el valor límite propuesto por el CCLEP para el cromo hexavalente, muy utilizado en pigmentos, es 25 veces superior al que se aplica en Francia. Pero lo sorprendente es que yo no he obtenido ninguna respuesta de la Comisión Europea. Son como una burbuja que vive encerrada en sí misma. Cuando un periodista hace una pregunta molesta, dejan de considerarle un profesional de la información para verle como un activista y miran hacia otro lado. No tienen el hábito de tener que responder ante la opinión pública, porque no hay una opinión pública europea, sencillamente no existe.

¿A qué medidas de atenuación se refiere la portavoz de la Comisión?
Por ejemplo, si se trata de juzgar una sustancia particular, la UE considera que el experto en cuestión no tiene ningún conflicto de intereses si sus investigaciones no se centran concretamente sobre esa sustancia, a pesar de que sí trabaja para la industria que fabrica esa sustancia, pero en otras áreas. Es increíble cómo la Unión Europea puede mantener una visión tan estrecha de lo que es el conflicto de intereses. Muchas veces, cuando he hablado con funcionarios europeos que están en posiciones sensibles, por ejemplo de la EFSA, me he dado cuenta de que carecen totalmente de información sobre cómo actúan los lobbys de la industria, a pesar de que ellos son precisamente los blancos de esas estrategias de “captura de los reguladores”. En Francia, por ejemplo, es impensable que haya miembros de comités de expertos que asesoran al gobierno en materias de salud pública o laboral que tengan vínculos con la industria. Es algo que podía suceder hace veinte años, pero no ahora. Sin embargo, en toda la administración europea, como no entienden de qué trata el conflicto de intereses, son incapaces de poner en marcha códigos deontológicos que eviten este conflicto. Es verdad que la industria trabaja mucho para hacer creer a la Unión Europea y a la sociedad en general que la ciencia que ella produce está al mismo nivel que la ciencia académica. Han conseguido difuminar la distancia entre la ciencia que se produce en la industria y la que se produce en las universidades y en los centros públicos de investigación, y esto es tremendamente útil para enmascarar el conflicto de intereses. Una de sus primeras estrategias para conseguir esto fue la financiación de las investigaciones en las universidades públicas, lo que Sheldon Krismky definió como “Founding effect”: el hecho de que la fuente de financiación de un estudio tiene un efecto sobre sus resultados. Algo que hoy en día está ampliamente demostrado en la industria química y en la de los medicamentos. Lo que en estos momentos describe bien la situación no es la expresión “conflicto de intereses”, sino la de “confusión de intereses”; por parte de los poderes públicos hay una confusión total del interés general con el interés particular de determinadas industrias.

¿La Unión Europea es un blanco fácil para esa actividad que tú describes como la “captura de los reguladores” que es la esencia del lobbing?
Sí, lo es por la forma en la que se construyó Europa, que es muy problemática. La Comisión Europea, en relación al Consejo y al Parlamento, tiene un poder desmesurado, a pesar de que la Comisión está formada por personas que no han sido elegidas. El sociólogo Sylvain Laurens plantea en una de sus investigaciones que es la misma Comisión Europea la que ha estructurado las organizaciones de lobbing porque ha pedido a la industria que se organizara para ser su interlocutor con ella en el marco de un mercado europeo. Yo creo que el euroescepticismo crece porque la gente se está dando cuenta de estas cosas. Europa no funciona para las personas, funciona para las empresas.