Información sobre salud laboral

El anuario 2019 de la revista porExperiencia recoge los mejores temas publicados a lo largo del año en una edición en papel. Te lo puedes descargar en pdf desde aquí, pero si eres un trabajador o trabajadora en activo y quieres recibir el anuario en papel puedes solicitarlo hasta el 16 de diciembre y atenderemos las peticiones hasta finalizar existencias. El anuario se presentó el pasado 13 de noviembre, en el marco del Encuentro Anual de Asesores y Asesoras de Salud Laboral de CCOO, que ISTAS organizó en Córdoba.

Este año, la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León ha lanzó una campaña de concienciación para reducir los accidentes de trabajo no traumáticos a través de la adquisición de hábitos saludables en la que transmite mensajes como estos: “Inclínate por una vida saludable y vence a los accidentes de trabajo”, “adopta hábitos saludables: reducirás los accidentes de trabajo y tendrás una mayor calidad de vida personal y laboral. Así gana el trabajador, gana la empresa y ganamos todos” o “la mejor prevención es una vida sana”. Conviene ser realista, no se trata de “vender prevención” con una campaña de marketing, cuanto menos confusa, sino de consolidar una cultura preventiva real con el objetivo de lograr una siniestralidad cero.

ISTAS-CCOO ha desarrollado varios proyectos para identificar experiencias en España que, bajo distintas denominaciones, movilizan personas que en representación de los agentes sociales visitan empresas de menos de 50 personas con la finalidad de dinamizar, impulsar y ayudar a la acción preventiva. Bajo este denominador común se aglutinan experiencias variadas que cubren finalidades como reforzar la participación de los trabajadores en la gestión preventiva, dotar de asesoramiento técnico a la empresa, informar genéricamente sobre los requerimientos legales o recabar información sobre el desempeño práctico de cada realidad productiva.

Desde la década de los 70, los sindicatos suecos han tenido el derecho legal de nombrar delegados regionales de prevención, les denominan Regional Safety Representatives (RSR). En Italia, los TUPAs reciben el nombre de "representantes para la seguridad territoriales” (RLST). La figura se originó en el sector de la construcción en el ámbito de los organismos paritarios. El papel de los RLST en relación con los organismos paritarios se incluyó en la normativa italiana que transpone la Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo, primero en 1994 y de nuevo en 2008.

Cuando se aprobó la ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 1995, los sindicatos ya señalamos que era necesario dotar la figura de los los delegados territoriales o sectoriales de prevención que sí funcionan en otros países europeos como Suecia. Esta figura existió en distintos borradores normativos pero finalmente no formó parte del diseño institucional recogido en el texto de la ley. Hoy está clarísimo que es muy necesaria, hay tímidas realidades en España y potentes modelos europeos en los que inspirarse. Sólo es necesaria la voluntad política de defender la salud de la población trabajadora.

Como TUPAs se conoce a los agentes sindicales que actúan en el ámbito territorial o sectorial superando las fronteras de la empresa y permitiendo a los sindicatos llegar a las personas que trabajan en organizaciones donde la representación sindical es inexistente o muy débil. TUPAs es el acrónimo en inglés de “Trade Unions Preventive Agents”. Los TUPAs llevan tiempo implantados en distintos países, actuando de múltiples formas, pero han empezado a tener una nueva vida cuando un proyecto de ámbito europeo les ha puesto nombre: esta vieja reivindicación sindical se muestra capaz de llegar a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables.

En Euskadi, pero probablemente esté pasando también en otros territorios del Estado, estamos observando que ante las demandas de los enfermos del amianto o familiares, la Inspección de Trabajo utiliza habitualmente justificaciones favorables a las empresas. Argumentos como “no se conocían los riesgos de la fibra cancerígena” o “no había legislación preventiva específica” Excusas institucionales y mentiras empresariales muy extendidas que tiene el objetivo de exculpar a los responsables de tanto sufrimiento.

La estatura, el aspecto físico, la complexión o la forma de vestir de una persona nada tiene que ver con el desempeño de su trabajo y cuando se convierte en un condicionante para acceder a un empleo, estamos ante una más que denunciable discriminación corporal. Esta es una forma de discriminación terriblemente injusta y denigrante para la dignidad de las personas trabajadoras que afecta especialmente a las mujeres. Desde CCOO hemos constatado que en determinados sectores, justamente aquellos en los que se da menor presencia sindical y que tienen convenios laborales más débiles, el aspecto físico juega un papel determinante a la hora de seleccionar a una persona para un puesto de trabajo, o a la hora de mantenerlo. Con el fin de hacer una radiografía real de la situación y desarrollar propuestas de intervención sindical, en febrero de 2019 comenzamos a trabajar en un proyecto en colaboración con investigadores de la Universidad de Granada, y en especial con el profesor Jose luís Moreno Pestaña, autor del ensayo “La cara oscura del capital erótico”, para elaborar la primera guía sobre discriminación laboral por el aspecto físico.

En 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social establece junto con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y con la participación preferente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) una segunda edición de la guía SEGO, donde se actualizan los criterios para el acceso a la prestación por riesgo para el embarazo y se posponen las semanas a partir de las que la trabajadora no puede estar expuesta a los riesgos, principalmente en la exposición a factores ergonómicos.

Al Gabinete de Saúde Laboral de CCOO de Galicia llegan, continuamente, casos en los que las condiciones de trabajo ponen en riesgo a la trabajadora embarazada y al feto. Esta situación se produce porque las mutuas retrasan, sistemáticamente, la suspensión del contrato con el único criterio de ahorrar las prestaciones y en contra de lo que aconsejan los Servicios de Prevención y el Sistema de Salud.