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JULIÁN PALMERO CADENAS. Secretario de Migración y
Política Social de la Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de
Comisiones Obreras (FECOMA-CCOO).
Contratados en su país. Dados de alta en la seguridad social de Portugal. Sin la
cobertura de las mutuas ya que allí no existen. Con servicios de prevención
ajenos, desconocidos y sin posibilidad de comprobar su legalidad. Viviendo
hacinados en barracones o casetas de obra. Trabajando todo los días de la
semana, 12 horas al día. Permanentemente vigilados por el responsable de la
cuadrilla. Sin derecho a vacaciones ni pagas extras. Sin calendario laboral. Con
salarios de su país de origen. Expuestos a sufrir graves accidentes “in itinere”
cuando, cada tres semanas, viajan para ver a sus familias. Y además, si son
extra- comunitarios, sin permiso de trabajo ni de residencia en España.
No es un relato de la historia del movimiento obrero del siglo XIX. Es la situación que los sindicalistas de FECOMA-CCOO se encuentran en las obras cuando comprueban la presencia de trabajadores trasladados por supuestas empresas transnacionales portuguesas. El número de trabajadores desplazados desde Portugal a España asciende a más de 60.000 personas. De acuerdo con el derecho comunitario, la ley permite que empresas de otros países puedan desplazar trabajadores en el “marco de una prestación de servicios transnacional”, con la condición de que la empresa transnacional comunique a las autoridades del país de destino la relación de trabajadores y les garantice a éstos las mismas condiciones laborales que los trabajadores nacionales. La Ley es taxativa en el cumplimiento de estas obligaciones, pero, a pesar de ello, FECOMACC. OO. ha denunciado por incumplimiento a todas las empresas transnacionales portuguesas visitadas en nuestro país.
Estamos frente a una verdadera situación de prestamismo laboral, es decir, cesión ilegal de mano de obra por parte de traficantes –que no de empresas– que colocan trabajadores en diferentes obras de construcción de España, dejándoles a disposición de la empresa que les ha subcontratado. Los propios inspectores de trabajo se ven impotentes en la práctica para llevar a cabo cualquier actuación en materia de seguridad social y prevención (comprobaciones, actas de liquidación, cobro de cuotas, prevención, etc.) cuando todo ello se debe dirigir a un sistema de otro país.
El problema se vuelve mucho más complicado cuando las supuestas empresas transnacionales portuguesas comienzan a trasladar a España miles de inmigrantes extra-comunitarios (brasileños, angoleños, mozambiqueños y ucranianos) para realizar labores de encofrado o ferralla, muchos de ellos sin permiso de trabajo ni de residencia en España.
Para abordar esta problemática, el pasado 25 de enero se celebró una jornada de trabajo en Lisboa con la participación de los sindicatos, la Inspección de Trabajo de los dos países y las patronales del sector. En dicha reunión se acordaron, entre otras, las siguientes acciones: realización de actuaciones conjuntas entre las Inspecciones de Trabajo de ambos países; inicio de una campaña informativa sobre los requisitos, obligaciones y derechos de las empresas y trabajadores transnacionales; compromiso de que en los informes de las Inspecciones de Trabajo de ambos países sobre accidente de trabajo o enfermedad profesional, se indique si ha habido omisión de medidas de seguridad; remisión por parte de la Inspección de Trabajo de Portugal de la relación de servicios de prevención acreditados en dicho país; realización, con la colaboración de los sindicatos, de una equivalencia de categorías entre los convenios de los dos países con el objetivo de garantizar los salarios y la protección equivalente en materia de seguridad social.
Tan importante como la capacidad para llegar a acuerdos es tener la
disposición para hacerlos cumplir. Por eso, desde la Federación Estatal de
Construcción, Madera y Afines de CC.OO. hemos iniciado una campaña de
información a los trabajadores transnacionales portugueses con un folleto en su
idioma donde les asesoramos sobre sus derechos y nos ponemos a su disposición
para defenderlos ante los abusos que están sufriendo.
pEx
También son portugueses los 91 trabajadores “liberados” el pasado 13 de marzo por la Guardia Civil de Navarra. Llamarles trabajadores es un eufemismo. El mismo delegado del gobierno de Navarra, Vicente Ripa, definió perfectamente la situación en la que eran empleadas estas personas como “una forma de esclavitud en pleno siglo XXI”. Trabajan en la recogida de la alcachofa, la coliflor y el brócoli durante los meses de cosecha en condiciones de auténtica explotación.
El suceso no es un hecho aislado, lo sindicatos lo han detectado en la construcción pero abunda en la agricultura: hay empresas que hacen del tráfico de trabajadores su negocio. Reclutan en Portugal a personas en situación de marginalidad en estaciones o en albergues de caridad y les prometen trabajo en España. Una vez aquí las condiciones laborales y vitales son extremas: un bocadillo, un camastro, jornadas de 14 horas, sin fines de semana y dos euros la hora. El beneficio de los traficantes es la diferencia entre los 6 euros/hora que cobran a los agricultores españoles y los apenas dos euros/hora que reciben los “esclavos” a los que, paradójicamente, un tratado internacional les reconoce la condición de ciudadanos de la Unión Europea.
Ya son muchos los casos y las voces de alarma que indican que este tipo de explotación es una situación más generalizada de lo que sería de esperar. Según fuentes sindicales, pueden ser cerca de 50.000 los portugueses que trabajan en España como temporeros – “al otro lado de la raya” como suele decirse– y vuelven a casa los fines de semana o una vez al mes.
En la misma Ribera navarra, desde marzo de
2005, la Guardia Civil ha realizado hasta ocho actuaciones que responden al
mismo hecho delictivo: una red de patrones sin escrúpulos vende la fuerza
laboral de grupos de personas a las que hace subsistir en condiciones
infrahumanas. En estas 8 operaciones se han llegado a liberar más de 200
temporeros portugueses y a detener a 30 patrones. Lo grave es que algunos de
estos patronos han pasado ya tres veces por el juzgado y siguen en la actividad.
En la última operación del 13 de marzo pasado,la Guardia Civil ha ido más lejos
y ha estirado del hilo hasta llegar a las empresas española que contratan con
los traficantes de personas. Hay seis empresarios imputados y uno detenido pero
sus nombres aún no han salido a la luz pública. La sociedad tiene derecho a
saber quienes son estos honorables ciudadanos.
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| Comentarios introducidos |
| 2 | Berta Chulvi | 26/05/2010 16:08:11 |
| Como coordinadora de redacción de poExperiencia te puedo asegurar que quien firma este artículo está describiendo las situaciones que ha visto con sus propios ojos. Por eso nuestra revista se titula "porExperiencia" porque hablamos de casos que conocemos de primera mano. |
| 1 | maria penin | 26/05/2010 13:20:45 |
| Creo que estas acusaciones son muy gordas para publicarlo sin ninguna prueba. Conozco gente que trabaja en España para empresas españolas y portuguesas y no están en este caso, al contrario disfrutan de un poder adquisitivo muy superior de lo que tendrían en su pais de origen. No se puede meter en el mismo saco a todos, lo que tienen que haber son unos requisitos claros para esta gente. Estes trabajadores hacen estos trabajos por que les compensa, ya que el sueldo medio en su pais de origen es de 400 €, el problema es nuestro al no tener una legislación clara ante este problema. EStas personas tenían que estar reguladas de alguna manera. |
