La acción sindical para promover la movilidad sostenible al trabajo y descarbonizar el transporte

Cambiar el modelo hegemónico de movilidad al trabajo es uno de los principales retos para descarbonizar el transporte, sector que genera en España una tercera parte del total de emisiones de gases de efecto invernadero.
Cambiar el modelo hegemónico de movilidad al trabajo es clave para descarbonizar el transporte./ Tania Castro

Por Albert Vilallonga, técnico del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de la Fundación 1º de Mayo

Cambiar el modelo hegemónico de movilidad al trabajo es uno de los principales retos para descarbonizar el transporte, sector que genera en España una tercera parte del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Erigiéndose como el principal sector emisor que provoca el Cambio climático. Con un papel protagonista del transporte por carretera con un 90% de las emisiones del sector y dentro de este el 63% proveniente de los turismos.

Así pues, como el primer modo de movilidad para desplazarse al trabajo son justamente los turismos, la abrumadora mayoría de combustión, a diferencia de lo que pasa con otros motivos de movilidad donde su presencia es menor (estudios, compras, visitas médicas, ocio…), si a esto le sumamos que es el primer motivo para movernos, si queremos reducir las emisiones para hacer frente al cambio climático estamos obligados a intervenir en estos desplazamientos para reducir la dependencia de estos vehículos.

Asimismo, el uso masivo del coche provoca otra serie de impactos que afectan a las personas trabajadoras, pero también a la ciudadanía en general y, sin duda, perjudican la competitividad del tejido productivo y repercuten negativamente en las políticas públicas. Los impactos en forma de externalidades que debemos afrontar cambiando el modelo predominante de movilidad al trabajo son la contaminación atmosférica y el ruido ambiental que daña la salud de las personas; la elevada tasa de accidentalidad que conlleva que los accidentes in itinere de tráfico se hayan convertido en una de las principales causas de accidentes laborales; la exclusión social, reduciendo las opciones de empleabilidad a quienes no tienen acceso al coche; la creciente congestión del tráfico que hace aumentar el tiempo dedicado a los desplazamientos en detrimento de la conciliación de la vida laboral y personal y el incremento de los costes directos por el uso y tenencia del automóvil mermando el salario.

En este contexto el proyecto de Ley de Movilidad, en trámite de aprobación, es una oportunidad para modificar el modelo de movilidad predominante. La propia Ley prevé como instrumento básico para avanzar en este cometido elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo en los centros de trabajo de empresas e instituciones públicas y en los grandes centros de trabajo (polígonos industriales, parques empresariales, centros comerciales, aeropuertos, puertos…). Asimismo, la Ley manifiesta que los planes a los centros de trabajo serán objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras.

Por esto lo oportuno que desde la Fundación 1 de mayo hayamos realizado un proyecto con la vocación de fortalecer la negociación colectiva proporcionando herramientas para avanzar en este cometido. Desde la premisa que debemos incorporar en la acción sindical el derecho a la movilidad sostenible al trabajo, saludable, segura, equitativa y económica.

De entrada, ahondamos en la metodología para la elaboración de los planes de movilidad sostenibles al trabajo. Explicando las diferentes fases de que se componen partiendo de la diagnosis, donde se analizan los hábitos y necesidades de movilidad de las personas trabajadoras y, asimismo, si la oferta de servicios e infraestructuras existente se corresponde con estas necesidades detectadas para poder desplazarse de manera sostenible. Para ello, la encuesta a la personas trabajadoras es esencial para detectar los posibles desajustes entre sus demandas y las opciones para acceder a sus centros de trabajo, para finalmente concluir con propuestas de actuaciones para fomentar la movilidad sostenible y, finalmente, establecer una serie de indicadores para evaluar el grado de consecución de las propuestas del plan y los resultados obtenidos, principalmente para ver si ha disminuido el uso del vehículo privado de combustión y en contrapartida ha crecido el uso de los modos sostenibles que es el objetivo a alcanzar.

Como afirmamos para lograr este objetivo es imprescindible la participación sindical y es en esta tesitura que se deben establecer o integrar en espacios ya presentes de negociación, entre la dirección de la empresa o institución pública y la representación sindical, la movilidad sostenible con la función de impulsar el plan, participar en su elaboración, en su implantación y en la evaluación de los resultados.

Para ilustrarlo explicamos experiencias reales en las que prevalece la acción sindical para impulsar la movilidad sostenible al trabajo. Actuaciones de intervención sindical que han tenido un recorrido desigual y han alcanzado con más o menos intensidad el objetivo de fomentar la movilidad sostenible al trabajo. Actuaciones que en general no han estado exentas de obstáculos que ha habido que sortear, pero que, mediante la constancia y la tenacidad, en algunos casos de años, han llegado en general a buen fin. Eso no quita que haya que continuar trabajando para progresar aún más y consolidar los avances obtenidos.

Se trata de experiencias que pueden servir de ejemplo para replicarlas a doquier para impulsar la transformación del modelo de movilidad al trabajo y por supuesto nos reafirman en nuestra creencia de que además de necesario el cambio es posible y sabemos cómo hacerlo.

Igualmente, hacemos referencia a varios instrumentos para el fomento de la movilidad sostenible al trabajo empezando por la legislación autonómica en la que se contempla la elaboración de planes de movilidad sostenibles al trabajo. También se ha querido poner en valor los acuerdos bipartitos entre la patronal y los sindicatos e, igualmente, los pactos de concertación en el marco del diálogo social entre las Administraciones públicas, los empresarios y los sindicatos. De igual modo, se presentan algunos instrumentos de soporte y asesoramiento, así como de financiación y fiscalidad favorables a la movilidad sostenible. Se trata en general de iniciativas públicas que por su relevancia se deberían hacer extensivas a todo el territorio estatal.

En definitiva, volviendo al principio la aprobación de la ley, aun con sus carencias, puede significar un paso adelante que debemos aprovechar para dar un mayor impulso a la movilidad sostenible al trabajo. Y, en su aplicación el sindicato puede tener un papel fundamental, tal como contempla la normativa y nosotros sostenemos en este proyecto.

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