El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la eólica en Galicia no pone fin automáticamente a la situación de bloqueo judicial de esta tecnología. Y, sobre todo, no supone la aceptación social generalizada tan necesaria como deseable en este tipo de desarrollos
Por Fundación 1 mayo, Secretaría de Salud laboral y Medio Ambiente de CCOO y CCOO Galicia
El 1 de agosto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió su fallo sobre la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) relativa a la correcta trasposición de la directiva comunitaria sobre evaluación de proyectos a la normativa española y autonómica. En el ámbito del sector eólico hubo quien pensó que esa decisión podría poner fin a la situación de bloqueo judicial a la que se encontraban sometidos más de 60 proyectos de parques eólicos en la Comunidad de Galicia.
Recordemos que, en los últimos años, han sido numerosos los proyectos eólicos que, pese a haber recibido la autorización de la Xunta para su puesta en marcha, fueron paralizados de manera cautelar por el TSXG atendiendo a los recursos planteados por diferentes organizaciones ambientalistas. La aceptación de estas impugnaciones por parte del TSXG ha estado basada, fundamentalmente, en la presunta afección irreversible al entorno de estos parques, así como en una posible trasposición inadecuada de la directiva europea de impacto ambiental, concretamente en lo relativo a la posibilidad de abrir un trámite de audiencia para la presentación de alegaciones una vez entregados los informes sectoriales durante el proceso de información pública.
La resolución del TJUE quizá contribuya en el futuro a impulsar la instalación de los cerca de 4.000 MW de potencia eólica que suman los proyectos judicializados al proporcionar seguridad legal a sus promotores, muchos de los cuales continúan, a pesar del dictamen de la UE, atascados en el TSXG. Si finalmente se asume el fallo de Tribunal europeo y se obra en consecuencia, no parece probable que eso sirva para lograr una licencia social generalizada tan necesaria como deseable en este tipo de desarrollos.
Los recursos que han paralizado muchos de los proyectos eólicos han tenido como principal argumento los potenciales daños al entorno que podrían suponer su construcción. Una inquietud que no deja de ser legítima en un territorio con elevados valores naturales pero donde solo el 12% de su superficie cuenta con la protección de la Red Natura , cuando en el conjunto de España esa proporción alcanza el 25%.
Más allá de la necesidad de lograr la más completa protección ambiental posible, existe, por parte de diversos sectores de la sociedad gallega, una demanda de cambio en el actual modelo de generación eólica y renovable que difícilmente puede sustanciarse como una mera alegación durante el proceso de tramitación de un proyecto eólico.
Desde los inicios de su implantación en Galicia, a mediados de la década de los años noventa del siglo pasado, los parques eólicos han ido conviviendo con el entorno rural dónde se ubican. Una convivencia plagada de matices, puesto que ni todos los parques eólicos ni todos los concellos y comarcas son iguales, y cada cual posee sus rasgos propios, lo que ha llevado a un muy diferente grado de aceptación. Durante años, la relación entre promotores, operadores, dueños del terreno y municipios ha estado moviéndose dentro de un marco regulatorio autonómico cambiante, al que los diferentes actores han intentado ir adaptándose. El papel desempeñado por los propietarios de las tierras y por los ayuntamientos en este modelo de desarrollo eólico ha sido básicamente pasivo, actuando como receptores de rentas por arrendamiento o compra, y de retornos económicos a la comunidad vía impuestos municipales y canon eólico autonómico, y en el que, en algunas ocasiones, el único espacio de intervención real al que tenían acceso era la fase de información y alegaciones que forma parte de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
A medida que avanza el cambio climático y con él las medidas de aceleración de la transición energética, como la implantación de más energía eólica, en un territorio como el gallego, con la mayor densidad de energía eólica del país (0,131 MW/km2), cada vez son más las voces desde diferentes sectores de la sociedad gallega que exigen una participación más activa en el modelo de generación y gestión de la energía que modifique sustancialmente el esquema hasta ahora existente. Empieza a vislumbrarse que la aceptación social de los proyectos eólicos va a depender en un futuro próximo, entre otros factores, de la intervención desde fase temprana y con la máxima transparencia, de todos los actores potencialmente afectados, así como de la articulación de mecanismos consensuados de retorno de beneficios a la población de las zonas donde se levanten los nuevos desarrollos. Todo ello posiblemente suponga un profundo cambio de modelo que requerirá de cambios regulatorios, políticos y culturales, que implicarán revisar el esquema de negocio convencional de las compañías dedicadas a la explotación eólica, reformulándolo y adaptándolo a la nueva realidad que demanda una transición energética justa con las personas y los territorios.
Lograr este tipo de cambios, y hacerlo en un corto plazo de tiempo, requiere de un notable esfuerzo de diálogo entre todos los agentes sociales, que deje a un lado visiones simplistas y superficiales, informado, equilibrado, realista y enfocado hacia el bien común.
Alcanzar el máximo consenso en el futuro eólico de Galicia es cada vez más perentorio, pues hay muchas cosas en juego. Están en riesgo el mantenimiento del empleo en el sector y sus posibilidades de crecimiento; la energía eléctrica renovable que precisan la industrias electro-intensivas para su descarbonización facilitando su permanencia dentro de la comunidad gallega, y actuando, ¿por qué no?, como atractivo para nuevas inversiones capaces de crear empleos de calidad; el impulso a la creación de actividad económica ligada a recursos endógeno en los municipios eólicos, y, en definitiva, alcanzar los objetivos de neutralidad climática marcados por la Xunta de Galicia para 2040 y por el Gobierno de España para el año 2050.
La Fundación 1 mayo junto con la Secretaría Confederal de Salud laboral y Medio Ambiente de CCOO y CCOO Galicia ha desarrollado y concluido recientemente el proyecto “Sociedad. Eólica y Trabajo: propuestas para un modelo de desarrollo eólico en Galicia socialmente justo” auspiciado por la European Climate Foundation.
