No cabe duda que la negociación colectiva es una de las principales herramientas con las que cuenta la clase trabajadora para conseguir un reparto más equitativo de la renta generada
EDITORIAL
Por VICENTE LÓPEZ, director de la Fundación 1º de Mayo
No cabe duda, tal y como resalta la literatura científica, que la negociación colectiva es una de las principales herramientas con las que cuenta la clase trabajadora para conseguir un reparto más equitativo de la renta generada. La otra palanca de la distribución es, sin lugar a dudas, la mayor o menor capacidad redistributiva del Estado, tanto desde la óptica del ingreso como del gasto público.
Si la distribución primaria de la renta (también llamada pre-distribución) es muy desigual, debería amortiguarse, para no incrementar las inequidades, con políticas redistributivas (distribución secundaria de la renta). Es una evidencia, tal y como muestra la caída de la participación de los salarios en la renta nacional, que la capacidad de redistribución de la renta de las políticas de ingreso y gasto público es muy limitada en nuestro país.
En este dossier vamos a fijar la mirada en la distribución primaria, la que marca la génesis de la desigualdad en el reparto de la renta. El estudio ‘Negociando por la igualdad’ (BFORE en sus siglas en inglés), en el que participa la Fundación 1º de Mayo, concluye que, generalmente, a mayor cobertura de la negociación colectiva existe un menor nivel de desigualdad salarial, una mayor participación de la población trabajadora en la renta y una menor incidencia de salarios bajos. La negociación colectiva se convierte así, tal y como hemos comentado, en una de las instituciones más potentes para evitar la inequidad excesiva.
En el Estado español, el índice de cobertura de la negociación colectiva alcanza, según los últimos datos, al 92% de los y las trabajadoras. Es un dato rotundo. Sin embargo, los niveles de desigualdad que muestran algunos indicadores como el índice de Gini o la ratio 90/10 (la relación entre el 10% de las personas con mayores y menores ingresos), siguen situándonos como uno de los países de la Unión Europea con mayor nivel de desigualdad en el reparto del ingreso. Parece pertinente, por lo tanto, intentar explicar por qué nuestro país, a pesar de la alta cobertura de la negociación colectiva, presenta estos elevados niveles de inequidad.
Desde luego, no parece, a tenor de los resultados, que tenga un efecto redistributivo suficiente la estructura de ingresos y gastos públicos. Desde luego reduce los niveles de inequidad, pero no lo suficiente. En este sentido, y aunque no profundicemos en ello en este dossier, es importante remarcar la evolución de las diferentes figuras impositivas que pone en evidencia una pérdida global de equidad tanto en sentido vertical (progresividad), como en sentido horizontal (desfiscalización de ciertas fuentes de renta). Una parte importante del ingreso público viene determinado por impuestos que muestran claros signos de regresividad en términos distributivos (el Impuesto sobre el Valor Añadido, o incluso el Impuesto de Sociedades), impuestos que han perdido progresividad en las últimas décadas, como el caso del Impuestos de la Renta de las Personas Físicas (reducción de tramos y tipos marginales máximos), o el aumento de ciertas figuras societarias o mecanismos fiscales que presentan una notable capacidad de elusión y evasión fiscal.
El resultado es que nuestra economía presenta una contribución fiscal menor a la media de Europa (prácticamente seis puntos de diferencia). Esto obviamente marca también la tendencia y la capacidad de gasto público y, por lo tanto, el desarrollo de aquellas políticas públicas con mayor capacidad redistributiva (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, prestaciones, subsidios,…): aquellas que se dirigen a la población con menores ingresos.
Si las políticas redistributivas son insuficientes, la inequidad existente queda determinada en las dinámicas propias que acontecen en el mercado de trabajo, es decir, en la capacidad de los y las trabajadoras de captar una mayor proporción de renta en los procesos de negociación colectiva. En este sentido, toman importancia aquellos aspectos que determinan el poder de negociación de la clase trabajadora.
Así, los altos niveles de desempleo y precariedad laboral (inseguridad y vulnerabilidad de los y las trabajadoras), y la ya mencionada baja intensidad de las políticas redistributivas, estarían mermando este poder de negociación de la clase trabajadora. No se tiene la misma fuerza de negociación en un mercado de trabajo caracterizado por el pleno empleo y la estabilidad laboral que en aquellos con altas tasas de desempleo y precariedad. No cabe duda, que estas características de los mercados laborales están estrechamente ligadas con el marco normativo que regula las relaciones laborales, pero también, y sobre todo, por la propia estructura productiva y las estrategias empresariales dominantes. En nuestro país, grosso modo, la estructura productiva viene marcada por la atomización empresarial, el bajo gastos en I+D+i o la baja capitalización del puesto de trabajo; y por estrategias empresariales defensivas que atienden a los bajos costes laborales como factor de competitividad. Estos factores serían los que, en último extremo, están determinando la tendencia negativa que presenta la remuneración de las personas trabajadoras en la renta nacional. Es una evidencia aritmética: los salarios reales (en media) aumentan muy por debajo de la productividad aparente del trabajo.
Esto no significa que todos los trabajadores y trabajadoras presenten dinámicas salariales inferiores a la productividad. Las dinámicas productivas y laborales conllevan también una redistribución intraclase social entre aquellos colectivos que, por el tipo y dinámica de la empresa y actividad en la que se ubican o por las cualificaciones requeridas para el puesto de trabajo, presentan un mayor poder de negociación que otros grupos sociales más precarizados.
La negociación colectiva en nuestro país se ha visto reforzada por la última reforma laboral (2021), a lo que debemos unir algunas regulaciones importantes en sectores emergentes con altos niveles de precariedad (la conocida como la Ley Rider) o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional. Desde luego son elementos importantes para aumentar el poder de negociación de la clase trabajadora. Sin embargo, como veremos en este dossier, la dinámica de los procesos de negociación colectiva, no solo vienen determinados por el marco normativo existente, sino que también, y de forma muy importante, por otros factores como puede ser la complejidad de la representación de las patronales que conlleva una amplia dispersión en la negociación colectiva, o la capacidad de movilización de los y las trabajadoras.
Este dossier tiene el objetivo de mostrarnos no solo los factores que explican las inequidades, como se podrá ver en el artículo que recoge la entrevista con el profesor Ignacio Álvarez, sino las dinámicas de negociación colectiva que se producen en algunos sectores con altos niveles de precariedad laboral, en los que las condiciones de trabajo son realmente penosas, como la ayuda a domicilio o las residencias. También se analizarán las dinámicas en Europa en una conversación con Maarten Keune, profesor de Seguridad Social y Relaciones Laborales de la Universidad de Amsterdam.
