La complejidad de la negociación colectiva en el sector de la dependencia ha llevado a buscar herramientas alternativas de negociación, con una acción sindical ligada también al diálogo social
Por LAURA VILLADIEGO
En 2006, la aprobación de la Ley de Dependencia supuso un paso definitivo en el reconocimiento del derecho de las personas en situación de dependencia a recibir una asistencia especial con el objetivo de promocionar su autonomía personal y asegurar sus cuidados. Para hacer efectivo este derecho, se crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una red asistencial en las que participan las Administraciones Públicas, pero también entidades privadas.
El resultado fue un sistema complejo en el que actores con intereses muy diversos tenían que ponerse de acuerdo. “Es un sector bastante peculiar porque tiene un fraccionamiento de la representación patronal bastante grande”, explica Juan José Montoya, secretario de Acción Sindical de CCOO del Hábitat. Así, en el sistema de dependencia hay cinco patronales (CEAPS, AESTE, ASADE, LARES Y FED), en vez de una o dos como suele ser habitual. El convenio concentra además cuatro sectores – el de residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia – que tienen elementos en común, pero también muchas diferencias.
En este panorama, ha sido complicado conseguir mejoras del convenio colectivo, explica Montoya. “Es muy difícil que alcancen acuerdos entre la propia patronal. Ya no es que se pongan de acuerdo con nosotros (los sindicatos), sino que no se ponen de acuerdo entre ellos”, asegura Montoya.
Esto ha dificultado la mejora de las condiciones laborales de las cerca de 400.000 personas que están incluidas en el convenio colectivo. Pero ante las dificultades para hacer avanzar la negociación colectiva, durante muchos años la estrategia se ha centrado en mejorar los convenios a nivel provincial, donde a menudo había un menor número de actores, explica Montoya.”En el ámbito territorial es más sencillo en tanto en cuanto la negociación se desgrana por subsectores. Por ejemplo, en el sector de la ayuda a domicilio, las que comparecen son una o dos patronales y así es más fácil”, asegura.
Montoya explica que los convenios provinciales permiten además adaptar las condiciones a las realidades de cada uno de los territorios. “Los convenios provinciales mejoran sustancialmente lo establecido en el convenio estatal porque adaptan esa realidad, entre otras cosas, a la propia financiación que, aunque debería ser el 50% entre Estado y comunidades autónomas, históricamente han sido las comunidades autónomas las que más han aportado para todo el sistema de la dependencia”, explica Montoya. “Nuestro objetivo es que el mapa de negociación colectiva sea lo más adecuado a la realidad de cada territorio”, continúa. “No es lo mismo el convenio que tiene alguien en una convenio provincial en Euskadi que un convenio provincial o de territorio en Ceuta. Las condiciones son totalmente diferentes. El nivel de vida es diferente”.
Otras dificultades de la negociación colectiva
La ayuda a domicilio se presta en régimen de licitación pública, en el que la administración pública establece unos criterios generales a los que concurren empresas privadas y entre las que se elige una que realizará el servicio. Se rige además por un principio de subrogación de personal, por el que la empresa que asuma el servicio debe mantener a las mismas personas trabajadoras y respetar sus condiciones laborales.
Ese sistema, que está pensado para dar estabilidad a las trabajadoras, supone un problema a la hora de aprobar mejoras en los convenios colectivos, asegura Montoya. “Las empresas que pueden estar conceptualmente de acuerdo en que el servicio es demasiado barato y que las personas deberían cobrar más, tienen el problema de que, con la ley de desindexación los contratos públicos, se encuentran atados en cuanto a su contraprestación económica. Es decir, que no existe revisión de precio”, explica. Así, si la remuneración se incrementa por la mejora del convenio colectivo, la empresa no podrá transferirlo a los precios y tendrá que asumir ese incremento de costes. “Hay casos en los que las empresas atadas por licitaciones en las que están han tenido que entrar en suspensión de pagos o procedimiento concursal como consecuencia de la imposibilidad de asumir los costes añadidos que se les han generado”, explica.
Una mejora de las condiciones es, sin embargo, urgente, asegura Montoya, porque la falta de personal ya es un problema acuciante en el sector. “Si las condiciones no son buenas la gente prefiere irse a otros sectores donde digamos que el trabajo es menos duro a nivel mental. Yo no hablo solamente de la dureza física, sino que estar con personas que al final están en el ocaso de su vida, con independencia de que estén en mejor o peor situación física, pues no deja de ser un trago que lo tenemos más que constatado, que al final afecta personalmente a las personas trabajadoras”, asegura. “Tenemos que conseguir mejorar las condiciones para atraer gente que venga a prestar servicios aquí”, concluye.
