La digitalización no es un fenómeno natural ni inevitable, sino un proceso de transformación productiva que impacta directamente en nuestra salud. Frente a la vigilancia algorítmica y el tecnoestrés, la acción preventiva proactiva y la negociación colectiva son nuestras mejores herramientas para que la innovación tecnológica no se traduzca en peores condiciones de trabajo y de salud
Por Jesús Cruces Aguilera, técnico de la Fundación 1º de Mayo
La transición digital se nos presenta a menudo como un avance imparable de cambios profundos sobre los que no tenemos capacidad de intervenir. Sin embargo, es necesario remarcar que son personas quienes diseñan, desarrollan, alimentan y sufren los impactos de la tecnología. Bajo el impulso de la digitalización avanzada y la conectividad permanente, se esconde una reconfiguración profunda de las condiciones de trabajo que no siempre favorece a las personas trabajadoras. En el trabajo, la tecnología no es neutra: su implantación suele priorizar la competitividad, desplazando en ocasiones la prevención de riesgos laborales al considerarla un «obstáculo» para el beneficio empresarial. Y que son las empresas las que deciden incorporarla a sus procesos productivos, pudiendo incrementar su productividad, a la vez que ejercer un mayor control sobre la fuerza de trabajo.
Para que esta transición sea realmente justa, es necesario situar la salud en el centro del debate. No basta con adaptar el software; hay que actualizar el marco normativo, reforzar la cultura preventiva y, sobre todo, garantizar la participación activa de los y las representantes de las personas trabajadoras.
En este marco, la Fundación 1º de Mayo ha desarrollado un proyecto centrado en la transición digital, ecológica y demográfica (AI2024-0022) en el marco de las actividades financiadas por la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales. En este proyecto, cuyos resultados pueden ser consultados en la página web de la Fundación 1º de Mayo, se aborda de forma específica el conjunto de transformaciones de la tecnología en el mundo de trabajo y sus implicaciones desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Entre los productos publicados en el proyecto, se incluyen una infografía sobre los retos de la transición digital y un folleto sobre las implicaciones en la seguridad y la salud laboral de la transición digital.
¿Qué supone el uso de tecnología en el trabajo?
La transición digital en los centros de trabajo no consiste simplemente en sustituir el papel por una tablet. En conjunto, representa una reconfiguración integral de los procesos productivos, impulsada por la iniciativa empresarial mediante la integración de datos, conectividad y sistemas automatizados. Si bien es un proceso que viene de lejos, la pandemia de COVID-19 funcionó como un factor de impulso, imponiendo el teletrabajo y la digitalización de servicios, de forma abrupta, muchas veces sin la planificación preventiva necesaria.
A nivel institucional, la transición digital se asienta en diversas políticas públicas e iniciativas. Entre ellas, destacan, por ejemplo, la «Brújula Digital 2030» de la Unión Europea o la «Agenda España Digital 2025», que movilizan miles de millones de euros para dar cobertura a esta transición. En España, la inversión estimada ronda los 26.000 millones de euros, superando la media europea en relación al PIB. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo financiero, se aprecia que, aun siendo líderes en infraestructuras como el 5G o la fibra óptica, seguimos enfrentando retos críticos, como por ejemplo, la formación digital o la adopción de tecnologías avanzadas en las pequeñas y medianas empresas.
Desafíos en el centro de trabajo: brechas, algoritmos y nuevos riesgos
En nuestro día a día, la tecnología está modificando la forma en la que trabajamos, alterando el contenido de nuestro trabajo y de nuestras tareas. Frente al debate de la sustitución del trabajo por máquinas (automatización del empleo), la literatura apunta a que la tecnología está modificando nuestro trabajo, fundamentalmente lo que hacemos (las tareas y contenidos del trabajo) y cómo nos supervisan y controlan nuestro trabajo. En este contexto, es donde aparece uno de los mayores desafíos actuales relacionados con la transición digital: la gestión algorítmica del trabajo.
El uso de sistemas algorítmicos para asignar tareas, medir rendimientos o incluso sancionar está incrementando los niveles de estrés y vigilancia de las personas trabajadoras. En este ámbito, España destaca por alcanzar tasas de gestión algorítmica superiores a la media europea: un 54% de las personas trabajadoras afirma que se monitoriza su tiempo de trabajo. Y esto tiene impacto en los factores de riesgo laboral: la supervisión del algoritmo reduce la autonomía, aumenta la presión y genera una sensación constante de fiscalización que erosiona la salud mental.
Vinculados al uso de la tecnología y conectividad permanente, la literatura también incluye otros riesgos laborales que deben integrarse en la acción preventiva. Así, destacan por ejemplo, riesgos psicosociales, como el tecnoestrés, la fatiga digital y la hiperconectividad; riesgos ergonómicos, derivados de los puestos de trabajo (como en el teletrabajo o la interacción con robótica); y riesgos derivados de la vigilancia y el uso de datos, vinculados a la amenaza real a la privacidad y el uso disciplinario de la información. En conjunto, la tecnología tiene un impacto en todas las áreas de la salud y seguridad laboral de las personas trabajadoras.
El marco normativo como escudo: de la Ley Rider a los derechos digitales
En la actualidad, existen herramientas normativas que -desde diversos ámbitos- pueden ser utilizadas para abordar las implicaciones de la transición digital en el trabajo, y de forma específica en el ámbito de la prevención laboral. Así, como premisa central, debemos partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), que sigue plenamente vigente y obliga a las empresas a evaluar y prevenir todos los riesgos, incluidos los derivados de la inteligencia artificial, la robótica o el teletrabajo.
A este marco se suman herramientas pioneras en España como la ‘Carta de Derechos Digitales‘, que trata de aglutinar todos los derechos digitales regulados en España, o la ‘Ley Rider’, que permitió la laboralización de las personas trabajadoras en plataformas. A ello, se añade la legislación vigente aplicable, entre la que destaca la Ley de Protección de Datos. En el ámbito comunitario, destaca el ‘Reglamento Europeo de IA’, un marco legal que clasifica los sistemas según su nivel de riesgo y establece obligaciones diferenciadas, llegando a prohibir aquellos que vulneran los derechos fundamentales.
Finalmente, como herramienta de intervención en los centros de trabajo es necesario remarcar el papel de la negociación colectiva. Siguiendo la estela del Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización y el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), es necesario garantizar una transición tecnológica centrada en las personas, que asegure la supervisión humana de la IA y el respeto a la dignidad y desconexión del trabajador. Esto significa que no basta con implementar tecnología, sino que es necesario gobernarla colectivamente, basándose en el acuerdo entre las partes. Además, es vital que la evaluación de riesgos laborales se sitúe como eje vertebrador de la implantación digital, para proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras.
Hacia una gestión preventiva del futuro: anticipación, evaluación y regulación
Las implicaciones de la transición digital en la salud de las personas trabajadoras exigen que sea necesario superar la gestión preventiva reactiva (actuar cuando el daño ya se ha producido) y pasar a una prevención anticipada del cambio. Esto significa identificar los riesgos antes de que la tecnología se consolide y transforme los puestos de trabajo e impacte en la salud.
En este sentido, toda gestión preventiva debería considerar los siguientes elementos: un diagnóstico dinámico y una evaluación de riesgos laborales, sustentados siempre en la participación activa de la representación legal de las personas trabajadoras y las mismas personas trabajadoras. Para que eso funcione, es indispensable igualmente garantizar la transparencia e información sobre la implantación y uso de la tecnología en los centros de trabajo, asegurando, por ejemplo, que el tratamiento de datos tenga un fin exclusivamente preventivo y no disciplinario. Además, se debe contar con una dotación suficiente de recursos que hagan posible la gestión preventiva en los centros de trabajo. Además, entre estos elementos la supervisión humana debe ser un principio fundamental, que garantice que ninguna decisión automatizada prevalezca sobre la salud o el empleo de las personas. Y en última instancia, para que la transición digital sea justa y sostenible, es necesario que se respeten los límites energéticos y materiales del planeta, asegurando que el desarrollo tecnológico sea compatible con un futuro habitable para todas las personas.
La implantación de tecnología en el trabajo es un campo en disputa. Si dejamos que las empresas implanten la tecnología de forma unilateral, se profundizará hacia un escenario de mayor control y precariedad laboral. Si, por el contrario, se ejerce capacidad de intervención sobre su implantación y efectos, se podrá situar a las personas y la salud laboral en el centro de la transición digital.
