La presencia de miles de kilómetros de tuberías de fibrocemento en el ciclo integral del agua en el Estado español exige protocolos rigurosos, mapeo exhaustivo y una vigilancia de la salud avanzada para proteger a las plantillas frente a un riesgo invisible pero letal
Por Olga López Maeztu, Técnica del Área de Condiciones de Trabajo y Salud de la Fundación 1º de Mayo.
El amianto no es un riesgo histórico relegado al pasado industrial de España; por el contrario, sigue siendo una realidad cotidiana y peligrosa en el sector de captación, depuración y distribución de agua. Bajo el suelo de nuestras ciudades y pueblos, miles de kilómetros de tuberías de fibrocemento mantienen viva una amenaza invisible para las personas que trabajan asegurando un servicio tan esencial como el suministro de agua potable. A pesar de su prohibición total en España en el año 2002, se estima que una parte muy significativa de la red nacional todavía está compuesta por este material.
Es fundamental realizar una aclaración inicial para evitar alarmas sociales innecesarias: la presencia de amianto en las redes de transporte no supone un riesgo para el consumo de agua por parte de la población. La evidencia científica y técnica coincide en que el peligro para la salud radica exclusivamente en la inhalación de las fibras microscópicas que se desprenden durante la manipulación mecánica del material. Por tanto, el riesgo es estrictamente laboral, afectando de manera directa a las plantillas encargadas del mantenimiento, la reparación de averías urgentes y la sustitución de tramos degradados en el ciclo integral del agua (CNAE 3600).
Este artículo analiza los resultados del proyecto “La presencia de amianto en el sector de la captación, depuración y distribución del agua” (AS2024-0030), financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, aportando una visión de cómo la teoría preventiva choca a menudo con la realidad de la zanja.
El «día a día» en la zanja: cuando la teoría se convierte en polvo
La percepción del riesgo entre los trabajadores del sector está directamente ligada a la frecuencia del contacto. La investigación cualitativa, basada en entrevistas a informantes clave con décadas de experiencia en el sector, revela que el amianto aparece con frecuencia en las intervenciones diarias. Cualquier avería fortuita en una red antigua se convierte automáticamente en una potencial fuente de exposición si no se activan los protocolos adecuados.
El peligro se dispara debido a la obsolescencia de las infraestructuras. Muchas de estas conducciones han alcanzado o superado el fin de su vida útil, lo que vuelve al fibrocemento extremadamente frágil y quebradizo. En el momento en que una tubería se rompe, el material puede pasar de ser «no friable» (donde las fibras están fuertemente unidas al cemento) a liberar fibras con facilidad debido a su degradación.
Durante las reparaciones de urgencia, el factor tiempo juega en contra de la seguridad. Bajo la presión de restablecer el suministro lo antes posible para no dejar a la población sin servicio, se detectan carencias críticas en los protocolos preventivos. Los testimonios recogidos apuntan a situaciones donde, por falta de medios o excesiva premura, todavía se utilizan métodos de corte inadecuados y sin la debida protección. El uso de herramientas de alta velocidad en seco —como las máquinas de discos— es el mayor enemigo del operario: estas herramientas fragmentan el material de forma violenta y liberan nubes de fibras invisibles al ojo humano, pero capaces de alojarse de forma permanente en los pulmones.
Además, existe una brecha de seguridad territorial y empresarial preocupante. Mientras que en las grandes capitales y en las empresas gestoras de mayor tamaño se han profesionalizado los protocolos y el registro en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), en los municipios pequeños o en las cadenas de subcontratación la precariedad es mayor. Operarios veteranos denuncian que en entornos rurales o en pequeñas concesiones todavía se interviene «como se hacía antiguamente», sin aspiración, sin humectación previa y, a menudo, sin los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios ni cabinas de descontaminación. El derecho a la salud no puede depender del código postal ni de la titularidad del gestor del agua.
Una amenaza silenciosa: la «bomba de relojería» de la latencia
El amianto es un enemigo traicionero que no avisa. Fibras microscópicas que quedan suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas sin causar irritación, olor o sabor. Sin embargo, una vez que estas fibras penetran en el organismo, el daño es irreversible.
El factor más crítico es su largo periodo de latencia: enfermedades como la asbestosis, el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe o el mesotelioma maligno pueden tardar entre 20 y 40 años en manifestarse. Esta característica puede generar una falsa sensación de seguridad tanto en las empresas como en las plantillas, al no percibirse bajas laborales inmediatas vinculadas a esta causa. Representantes sindicales de empresas históricas del sector señalan con amargura la existencia de listados internos de compañeros fallecidos tras su jubilación cuyas patologías respiratorias nunca fueron reconocidas oficialmente como enfermedades profesionales derivadas de su trabajo en las redes de agua.
Ante este escenario, la investigación subraya una demanda técnica y sindical fundamental: la insuficiencia de los controles médicos estándar. La radiografía de tórax convencional, prueba habitual en la mayoría de los reconocimientos médicos, es a menudo incapaz de detectar de forma precoz las placas pleurales o las lesiones incipientes. Por ello, se reclama la aplicación generalizada de protocolos de vigilancia avanzada que incluyan el TAC (Tomografía Axial Computarizada) de alta resolución para las personas expuestas, siguiendo el modelo ya implantado en algunas grandes empresas.
La responsabilidad preventiva no termina cuando el trabajador se quita el mono o cuando se jubila. Dado el tiempo de latencia, es vital que quienes hayan estado expuestos mantengan controles médicos de por vida. El acceso al PIVISTEA (Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto) es un derecho irrenunciable que debe garantizarse a través del registro riguroso de los trabajadores en las empresas. Figurar en estos registros y seguir sometiéndose a revisiones médicas periódicas es la única garantía para que, décadas después, el sistema público de salud pueda detectar cualquier anomalía y facilitar el reconocimiento legal de la enfermedad profesional, evitando que las familias tengan que enfrentarse a una agotadora carrera de obstáculos judiciales.
El escudo de la prevención: mapeo, formación y acción sindical
Para que la prevención sea efectiva en el sector del agua, es imperativo que las redes estén correctamente mapeadas. No se puede dejar a la intuición de un operario el descubrir si una tubería contiene amianto justo en el momento en que empieza a picar el suelo. Las administraciones locales y las empresas deben digitalizar sus inventarios de infraestructuras utilizando sistemas de información geográfica (GIS) que deben estar a disposición de las personas responsables de las intervenciones. Saber con antelación que se va a intervenir en una zona con presencia de fibrocemento permite activar preventivamente los Planes de Trabajo aprobados por la autoridad laboral, preparar las cabinas de descontaminación y dotar al equipo de los EPI específicos y de los materiales de trabajo adecuados.
En este contexto, la formación técnica es la última línea de defensa. No nos referimos a charlas informativas superficiales, sino a una capacitación profunda de al menos 20 horas, con las actualizaciones periódicas que sean necesarias, para dotar a las plantillas de los conocimientos necesarios para reconocer los distintos tipos de materiales y, sobre todo, para saber cómo actuar con seguridad. Esta formación debe empoderar al trabajador para ejercer el derecho de resistencia: la capacidad legítima de negarse a intervenir en una tubería si no se garantizan medidas como el corte en húmedo, el uso de aspiradores con filtros HEPA o la disponibilidad de ropa desechable y cabinas de descontaminación que impidan que las fibras lleguen al domicilio particular del trabajador.
La acción sindical debe mirar también hacia el futuro a través de la negociación colectiva y la presión política. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados ya obliga a los ayuntamientos españoles a censar y planificar la retirada del amianto. En el sector del agua, el objetivo estratégico debe ser el «Amianto Cero». No es suficiente con parchear averías; es necesario exigir planes plurianuales de sustitución de redes para que el riesgo no sea una herencia letal para las próximas generaciones de trabajadores.
Hacia el «Amianto Cero» con memoria y seguridad
El reto del desamiantado en las redes de agua en España es una tarea de envergadura nacional que requiere una inversión coordinada y una voluntad política inquebrantable. El fin de la exposición laboral a este agente cancerígeno debe ser un objetivo prioritario para todas las administraciones. Mientras se alcanza ese horizonte, la vigilancia de la salud post-ocupacional, la formación rigurosa y el mapeo detallado de nuestras infraestructuras son las únicas barreras reales que protegen la vida de quienes aseguran nuestro suministro diario.
El amianto sigue bajo nuestros pies, pero la solución está en la organización colectiva, el conocimiento técnico y la exigencia estricta del cumplimiento de la ley. La salud de los trabajadores del agua no puede ser, bajo ningún concepto, el precio oculto por el mantenimiento de nuestras ciudades.
