Para el coordinador del Informe PRESME sobre la “Precariedad laboral y la salud mental”, del Ministerio de Trabajo, “la precariedad es un determinante tóxico que genera sufrimiento psíquico y trastornos mentales”
LAURA VILLADIEGO
Para Joan Benach, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y doctor en Salud Pública por The John Hopkins University, la precariedad “es un determinante social tóxico que genera sufrimiento psíquico y trastornos mentales” y cuyas consecuencias pueden igualarse a las del desempleo con cierto nivel de protección social. Esta preocupación se ha plasmado en el Informe PRESME sobre la “Precariedad laboral y la salud mental”, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social le ha encargado coordinar y que presentó hace unas semanas. Con él hablamos sobre la relación entre los problemas de salud mental y la precariedad laboral y sobre las medidas que habría que implementar para prevenir los riesgos asociados a estas condiciones de empleo y trabajo.
P. ¿Qué condiciones de empleo y trabajo se consideran precarias?
R. La precariedad es un fenómeno dinámico y complejo que cabe entender como resultado de las relaciones de poder en el empleo y el trabajo, donde interactúan múltiples factores sociales (económicos, legislativos, políticos, laborales, culturales, etc.). Contrariamente a una visión de la precariedad sólo centrada en el contrato o la inseguridad, la precariedad laboral tiene en realidad un carácter multidimensional, que incluye numerosas condiciones de empleo y trabajo. En la actualidad, creo que el instrumento científico más aceptado para su medición es el cuestionario EPRES que, junto con otras personas, impulsé en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y que ya ha sido aplicado en muchos países. El EPRES incluye seis dimensiones esenciales: la inestabilidad del empleo (tipo y duración del contrato), bajos salarios, escaso poder de negociación (capacidad de negociación de las condiciones de empleo), vulnerabilidad (relaciones sociales de poder en el lugar de trabajo, con situaciones de amenazas, discriminación, etc.), menos derechos laborales (indemnización por despido, compensación por desempleo, vacaciones, etc.) e imposibilidad de ejercer estos derechos.
P. ¿Qué impactos tiene la precariedad laboral sobre la salud mental?
R. La salud mental es un componente central de la salud y el bienestar de las personas que depende de determinantes sociales muy diversos entre los que destaca la precariedad laboral. La precariedad es un determinante tóxico, de manera que el “mal empleo” y el “mal trabajo” penetran en cuerpos y mentes generando sufrimiento psíquico y trastornos mentales muy diversos. La investigación estima que el riesgo de padecer problemas de salud mental es más de dos veces superior entre quienes trabajan en situación de precariedad en comparación con quienes tienen menos precariedad. El Informe PRESME ha valorado el riesgo de sufrir depresión que podemos atribuir a la precariedad; del más de medio millón de casos estimados entre la población activa en el año 2020, se estima que podrían haberse evitado al menos 170.000 casos si la población precarizada hubiera tenido un empleo no precario. Tanto el desempleo como la precariedad laboral son nocivos para la salud. Es bien conocido que estar parado tiene consecuencias sociales y de salud dramáticas, ya que aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente. Pero va mucho más allá, también genera pobreza, desigualdad, desahucios y todo tipo de situaciones que afectan al bienestar y calidad de vida de las personas, como por ejemplo que las mujeres pospongan o eviten tener hijos. El paro también incrementa el riesgo de alimentarse peor, de abusar de drogas, así como de sufrir ansiedad o depresión y un mayor riesgo de suicidio. Aún faltan estudios que permitan conocer de forma integral los impactos del paro y la precariedad en función de los niveles de protección social que existan, pero no olvidemos que las situaciones de precariedad incluyen el encontrarse de forma más o menos intermitente en situación de subempleo o de paro. En definitiva, aunque a menudo se lee o escucha la frase “mejor tener trabajo, sea el que sea, que no tenerlo”, creo que se puede decir que según cual sea el nivel de protección social que tengan las personas desempleadas, tener un empleo precario puede ser igual o incluso peor para la salud mental.
P. En el informe indicáis que una de las características del mercado de trabajo en España es la alta precariedad. ¿Qué ha llevado a esta alta precariedad laboral en el país?
R. La precarización laboral es el fruto de décadas de proliferación e intensificación de las políticas neoliberales en el contexto de crisis global y sistémica, junto a la expansión de nuevas formas de gestión y organización del empleo y el trabajo que generan precariedad laboral. En España destacan la aplicación de múltiples reformas laborales regresivas, la especialización productiva, la organización conservadora de las empresas y de las relaciones laborales y el debilitamiento sindical. Además, también juega un papel importante la aplicación de políticas públicas inadecuadas e insuficientes, la existencia de instituciones familiares que reproducen desigualdades de género y la implementación de políticas migratorias injustas. La configuración de todos estos elementos ha generado durante décadas un mercado laboral con un alto desempleo, una elevada precariedad laboral, muchos trabajadores en situación de pobreza y fuertes desigualdades laborales determinadas por la clase social, el género, la edad, el estatus migratorio y el nivel de discapacidad, entre otros factores. En este contexto, las empresas tienden a generar y organizar los empleos según sus necesidades e intereses y mejorar su rentabilidad haciendo frente a tres conflictos inherentes a la relación laboral: reducir costes laborales, controlar y vigilar la fuerza de trabajo e incrementar la flexibilidad para aumentar la productividad y sus ganancias en un entorno cambiante. Estas transformaciones han propiciado la erosión de los estándares de condiciones de trabajo, el incumplimiento de normas laborales, la elusión de responsabilidades empresariales y, con ello, la generación de formas de empleo precarizadas y el empobrecimiento de grandes capas de la población trabajadora. Todos estos factores inciden en las desigualdades laborales e intensifican y multiplican los riesgos psicosociales que afectan a la salud mental de las personas trabajadoras.
P. ¿Cómo ha afectado la implantación de las nuevas tecnologías a la precariedad?
R. En las últimas décadas, junto a notables cambios económicos, laborales y de consumo (fragmentación de empresas y trabajo, digitalización, fragmentación y transformación de la clase obrera), han aparecido numerosas innovaciones mediante las tecnologías de información y comunicación, la robotización, la inteligencia artificial, los algoritmos y las plataformas digitales. La economía de las plataformas digitales ilustra la preocupante realidad que acabamos de plantear. Son trabajadores y trabajadoras sometidos a salarios exiguos, una disciplina y control constantes, la imprevisibilidad de tareas y la exigencia de estar siempre disponibles. El trabajador se ve sometido y obligado a internalizar una disciplina asfixiante que esclaviza, discrimina y aliena, y en la que aparecen niveles elevados de estrés, depresión, trastornos del sueño, ansiedad y mala conciliación de la vida laboral y familiar.
P. Las direcciones de las empresas, ¿qué medidas tendrían que implementar?
R. En el informe destacamos que un tema clave en las empresas es la profundización de la democracia en su vertiente económica, la participación de las personas trabajadoras en forma de acciones o beneficios empresariales, la cogestión o la codecisión, la codeterminación, poniendo en práctica instrumentos de participación relativos a la democracia social, la democracia de empresa, la economía social o las empresas cooperativas, entre otras posibles iniciativas. El limitado poder de trabajadoras y trabajadores reduce las posibilidades reales de negociación más allá del salario y la jornada. Eso quiere decir que hay que debatir y poner en práctica políticas tan importantes como el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la implementación de una renta básica universal o garantizada y la gestión del tiempo de trabajo. En relación con este último tema, la cuestión clave es si las trabajadoras y trabajadores deben adecuarse a las necesidades horarias del puesto de trabajo o el puesto de trabajo ajustarse a las necesidades de las personas. En este sentido, la reducción de la jornada laboral puede tener ventajas tan notables como aumentar el tiempo libre, mejorar el medio ambiente, reducir el estrés y mejorar el sueño y la salud, reducir el desempleo, compatibilizar los horarios escolares, el estudio y la participación social, extender la solidaridad, mejorar el cuidado de las personas y desprecarizar el trabajo. Sin embargo, su implementación no debe ser en menoscabo de los salarios y las condiciones de trabajo.
P. Y en ese terreno, ¿cuáles son los retos principales que deben afrontar los sindicatos?
R. Me parece que las organizaciones sindicales deben afrontar con urgencia retos cruciales. Destacaré algunos de los que me parecen más relevantes. Primero, establecer más y mejores vínculos con trabajadoras y trabajadores precarizados (eso debe incluir el trabajo mercantil de autónomos e informales y el trabajo no mercantil, doméstico y comunitario). Un claro ejemplo de ello es la precarización laboral, con una elevada inseguridad y subordinación (disciplina y vigilancia), de los trabajos que tienen lugar en las plataformas digitales. Segundo, avanzar en la transformación de una sociedad que tiene que aprender a “vivir bien con menos”, lo cual significa un radical cambio del mundo laboral, realizando trabajos no precarios, pero que sean social y ecológicamente necesarios. Eso debe incluir fomentar el trabajo de cuidados, mantener o regenerar el medio natural, producir alimentos sin destruir suelos y envenenar aguas, y eliminar lo antes posible todos aquellos que sean ecológicamente perniciosos. Tercero, algo difícil pero fundamental en el proceso de desprecarizar el trabajo es lograr tener más poder para conseguir tener un mayor control de las decisiones empresariales y democratizar el trabajo y con ello ayudar a “democratizar la democracia”. Y, en cuarto lugar, realizar más y mejores alianzas estratégicas con el mundo científico y académico en lo que a veces se denomina “activismo cognitivo”, es decir, aunar la experiencia de trabajadores y trabajadoras y sus representantes sindicales con el conocimiento científico.
P. ¿Cuáles son las principales medidas que las políticas públicas tendrían que incluir para minimizar la precariedad laboral y reducir así los problemas de salud mental derivados del trabajo?
R. Para lograr un mundo más justo, democrático y saludable, eliminar la precariedad laboral y mejorar la salud mental constituyen dos retos fundamentales. Para desprecarizar el trabajo se necesitan muchas medidas. En el Informe PRESME ofrecemos una extensa lista de conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia que creemos que contribuyen a los actuales debates sociales y que merecen abrir otros. Proponemos tres recomendaciones generales. De forma muy breve, en primer lugar, desarrollar una regulación de las relaciones laborales con un nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI que promueva trabajos dignos y justos en un sistema productivo más democrático y realmente sostenible en el marco de un decrecimiento material que debe ser justo. Esto significa desprecarizar las condiciones de trabajo, reforzar los derechos colectivos de trabajadores y trabajadoras y fomentar una mayor participación democrática en el desarrollo económico y la vida laboral. Segundo, ampliar la protección del desempleo y las prestaciones sociales, así como reforzar la atención sociosanitaria pública, integral y de calidad que incluya la sanidad pública, la salud colectiva y los cuidados. Además, es necesario debatir e implementar políticas como la gestión del tiempo y el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la renta básica universal o garantizada y la democracia económica en las empresas. Todo ello acompañado de una reorientación radical del mercado de trabajo hacia trabajos que sean socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles. Y tercero, reconocer que la precariedad laboral y la salud mental son cuestiones fundamentales donde hay que invertir los recursos y los medios necesarios para su análisis y evaluación. Eso quiere decir desarrollar sistemas de vigilancia integrales y de calidad que permitan realizar un seguimiento sistemático de la magnitud, la evolución, la desigualdad y los efectos sobre la salud mental y el bienestar de la población, así como evaluar la efectividad y la equidad de las políticas y las intervenciones implementadas. En definitiva, emplear los recursos necesarios para la adecuada monitorización de un determinante social de la salud como es la precariedad laboral.
El trabajo precario preocupa y ocupa a las instituciones europeas, por José Antonio Moreno Díaz, consejero en el Comité Económico y Social Europeo (CESE) por CCOO
En 2017, el Parlamento Europeo dictó una resolución sobre trabajo precario, cuyo contenido recoge y amplia, en el área de la salud laboral, el reciente dictamen del Comité Económico y Social Europeo, elaborado a petición de la presidencia española del Consejo de la UE.
El dictamen reconoce la precariedad laboral como determinante social de la salud mental, tal y como ha fijado la Organización Mundial de la Salud (OMS), e identifica a las personas trabajadoras en puestos de ejecución, a mujeres, jóvenes y personas inmigradas, como las que sufren esta precariedad con mayor frecuencia. El dictamen reconoce además que la evidencia científica sobre la que se basa la relación entre precariedad laboral y salud mental es sólida. Esta precariedad incluiría, según el dictamen, las formas de empleo que no cumplen las normas y leyes nacionales, internacionales y de la Unión Europea o que no ofrecen recursos suficientes para una vida digna o una protección social adecuada.
Además, insta a que las empresas e instituciones evalúen los riesgos psicosociales del trabajo y a que establezcan mecanismos para prevenirlos en origen cambiando las condiciones laborales precarizadoras.
Propone, por otra parte, que se pongan en marcha varias acciones desde las instituciones europeas y nacionales, como el desarrollo de una directiva europea específica sobre riesgos psicosociales – que ha sido promovida por la Conferencia Europea de Sindicatos y apoyada por el Parlamento Europeo -, o el diseño de una política industrial europea y nacional con el objetivo de crear empleos de calidad con condiciones de trabajo decentes y saludables.
Así mismo, urge garantizar la aplicación de aquella legislación europea y nacional que establece la exigencia de unas prácticas empresariales de gestión laboral que lleven a unas condiciones de empleo y trabajo de calidad, saludables y que permitan llevar una vida digna; a dotar de recursos suficientes a la autoridad pública competente para supervisarlo; a aplicar sanciones económicas adecuadas en caso de incumplimiento de dichas leyes; y a prohibir a empresas y organizaciones, que no den garantías de cumplimiento de dicha normativa, presentarse a licitaciones y ayudas públicas.
El dictamen ha sido elaborado por José Antonio Moreno Díaz, consejero en el Comité Económico y Social Europeo (CESE) por CCOO y relator del mismo, que ha contado con el asesoramiento de Clara Llorens Serrano y Sergio Salas Nicás, de la Fundación 1º de Mayo.