A escala global, la intervención en Venezuela es un clavo más en el ataúd del derecho internacional, y la reafirmación de un mundo sin reglas, sometido a la descarnada lógica del poder
Por José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid
En 2025, en solo un año de mandato, la administración Trump ya ha dejado un sombrío legado de destrucción de las instituciones, las normas y los mecanismos de cooperación internacional en materia de paz y seguridad colectiva, del comercio o el desarrollo global, o en cuanto a las normas humanitarias y de derechos humanos. Eran, sin duda, instituciones y normas débiles, asimétricas e insuficientes, y esas eran las críticas, justificadas, con las que las fuerzas progresistas cuestionaban la globalización o el denominado orden liberal internacional. Pero en apenas un año buena parte de ese entramado ha sido demolido, y, a cambio, emerge un mundo sin reglas, más deshumanizado, transaccional e impredecible, con una política internacional dominada por apuestas geopolíticas que, con gran coste, tratan de reordenar cadenas productivas, control de tecnologías, acceso a recursos y territorios, y también cuestionan alianzas establecidas, como ilustra el radical giro de Trump en favor de Rusia en la guerra de Ucrania y su desdén por la Alianza Atlántica y la seguridad europea.
Esa dinámica ha continuado en 2026, que, con la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela del 3 de enero, se anuncia como otro “año Trump” de reordenamiento geopolítico y destrucción del orden internacional. La operación militar para capturar al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, representa una flagrante violación del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. En particular, de la obligación de resolver las disputas por medios pacíficos y la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. La justificación legal aportada en algún momento por Washington –que no viola esos preceptos por tratarse de la detención de una persona reclamada por delitos de narcotráfico y tráfico de armas por un tribunal estadounidense– tiene un precedente histórico en la invasión de Panamá de 1989, que se presentó como operación policial para detener al General Noriega, y ya fue rechazada en ese momento en el seno de esa organización.
Pero Washington tampoco parece haber dedicado mucho esfuerzo en este caso a desplegar argumentos jurídicos. Pudo existir un “efecto sorpresa” en la operación militar que capturó a Maduro y a su esposa, pero la intervención militar estadounidense en Venezuela era esperada, y es parte de una estrategia política anunciada ya antes del inicio de este segundo mandato de Trump. Se anunció en el “Proyecto 2025”, de Fundación Heritage, documento que hizo las veces de programa electoral de la coalición MAGA (Make America Great Again); se reafirmó en las primeras apariciones públicas del secretario de Estado, Marco Rubio, al iniciarse la nueva presidencia de Trump; y se reafirmó en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 2025, aparecida pocas semanas antes del ataque a Venezuela. Estados Unidos quiere reafirmar su primacía en el Hemisferio Occidental, término que Washington utiliza para referirse a las Américas y a su relación con América Latina; y, con ello, contener a China en la pugna por recursos, minerales e infraestructuras críticas, y por los flujos de comercio e inversión. También quiere acabar con “regímenes hostiles” (Cuba, Nicaragua y Venezuela), y, sobre todo, hacer frente a las cuestiones que, en clave de política interna, fueron los vectores en el triunfo electoral de Trump: el rechazo a la inmigración y a las drogas ilegales, en particular al fentanilo.
Hay, sin duda, una estrategia y un plan, pero es también el resultado de un delicado equilibrio entre distintas visiones geopolíticas en el movimiento MAGA: quienes, en nombre de las prioridades domésticas –drogas e inmigración– rechazan que Estados Unidos se involucre en guerras en el exterior, empezando por Ucrania; quienes consideran que se debe priorizar la contención de China, en clave económica; y quienes buscan reafirmar la primacía de Estados Unidos, en particular en el Hemisferio Occidental, con una visión más ideologizada. Marco Rubio, en particular, se encontraría en este último grupo.
Todos esos elementos pueden observarse en la forma en la que se ha desarrollado la intervención en Venezuela y la narrativa con la que se ha justificado. En su comparecencia ante los medios tras el ataque, Trump y Rubio justificaron la acción con el argumento de las drogas y la inmigración, en clave de política interna. No se utilizó apenas el término “democracia” y sí, y muchas veces, “estabilidad” y “petróleo”, para vincularlo también a los intereses nacionales y a la política America First. Por otro lado, Estados Unidos ha optado por una estrategia performativa y de presión militar y política, incluyendo los ataques a supuestas “narcolanchas” y el ataque en Caracas, muy medida: más que una invasión o un derrocamiento del régimen por vía armada –en realidad, Estados Unidos nunca lo contempló, y el movimiento MAGA no quiere nuevas guerras en el exterior– se ha optado por una operación militar limitada –no por ello menos ilegal– y, sobre todo, por un entendimiento con el chavismo, por el que éste podría mantenerse en el poder e incluso protagonizar una transición que permitiera un salida a sus integrantes, y, a cambio, Estados Unidos podría hacerse con Maduro –y tener, con ello, un relato y una demostración pública de victoria– y acceso preferencial al petróleo venezolano.
Según distintas informaciones, ese arreglo se fue fraguando a través de reuniones secretas en Qatar protagonizadas por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, al menos desde octubre de 2025. Dejando al margen especulaciones sobre la facilidad con la que se produjo el ataque, ese entendimiento pudo intuirse en las primeras horas de esa jornada, con el anuncio por parte de Estados Unidos de que no habría, de momento, nuevos ataques y un régimen que seguía al mando y llamaba más a la calma que a la movilización y la resistencia. Entendimiento que confirmó el propio Trump ese mismo día, cuando se refirió en términos favorables a la colaboración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a otros dirigentes del chavismo –al tiempo que les advertía de los riesgos de no acatar su voluntad– y dejaba fuera de juego a María Corina Machado, a quien desautorizó brutalmente afirmando que no gozaba de la confianza y el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Sendos comunicados de ese mismo día por parte de Machado y del presidente electo, Edmundo González, en los que se mostraban dispuestos a tomar el poder, eran en realidad una palmaria manifestación de impotencia ante ese nuevo arreglo de poder. Por parte del chavismo, las denuncias del ataque y la exigencia de que se liberase al presidente del país dieron paso, en pocas horas, al reconocimiento de Delcy Rodríguez como nueva presidenta provisional.
Esa alianza entre la administración Trump y la cúpula chavista es, sin duda, asimétrica, inherentemente inestable y puede no ser duradera, pero su lógica es evidente: Estados Unidos – que no quiere asumir el coste y los riesgos de derrocar al régimen, que teniendo una amplia base social, cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas y de un aparato represivo y de seguridad muy articulado – ha preferido asociarse con él como garante de esa estabilidad a la que aspira, y de unos acuerdos petroleros que, frente a las sanciones, el chavismo buscaba hace ya tiempo. Y si la oposición dirigida por María Corina Machado podía ofrecer esto último, no cuenta con ninguno de los recursos de poder de los que sí dispone el régimen. Es más, la visión extremista y radicalizada del cambio democrático de María Corina Machado –que la administración Trump, de manera más amable, calificó como “demasiado rígida”–, anunciando la persecución y cárcel para toda aquella persona que tuviera relación con el chavismo, no auguraba otra cosa que inestabilidad e incluso el riesgo de un enfrentamiento armado interno.
Que Estados Unidos pretenda gobernar Venezuela de manera indirecta a través del chavismo, abre un escenario de incertidumbre y riesgos: Venezuela es ahora un país más intervenido, pero no necesariamente más democrático –Trump ya ha anunciado expresamente que no habrá nuevas elecciones en el plazo establecido en la legislación venezolana–, y tampoco es un lugar en el que se den las respuestas necesarias a las aspiraciones de bienestar, justicia y libertad de la sociedad venezolana –en particular, la más pobre y golpeada por una larga y profunda crisis económica y social– ni de la diáspora, que enfrenta en muchos lugares condiciones muy precarias.
Estados Unidos tendrá que negociar en dos frentes, con el régimen y con la oposición, y si ello abre oportunidades para una transición basada en el reconocimiento del adversario, el acuerdo y la reconciliación, y la aceptación de las reglas democráticas, también plantea riesgos de fractura en el seno tanto del chavismo como de la oposición, de enfrentamiento y violencia política, y de salidas autoritarias, esta vez hacia la derecha. La clave sigue siendo el control de las Fuerzas Armadas y del aparato de seguridad a cargo, respectivamente, de Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Sin ellos, no hay estabilidad y control de los militares y las bases chavistas. Estados Unidos ha asumido que tiene que tratar con los Rodríguez (Delcy y Jorge) por su mayor flexibilidad negociadora y su capacidad para controlar ese aparato. La cuestión en el futuro inmediato es qué acuerdo se va a negociar con Padrino y Diosdado, y sus respectivos círculos. Será una negociación en la que se combinará la amenaza del palo (terminar ante un tribunal estadounidense) y la zanahoria (su inmunidad y salida en condiciones aceptables). Y ahí Estados Unidos tendrá que presionar también a María Corina Machado y quienes la respaldan. En ese proceso, otras fuerzas y líderes democráticos en la oposición que han tenido una relación más dialogante con el chavismo pueden jugar un papel más relevante.
Finalmente, no se pueden obviar las consecuencias geopolíticas, regionales y globales, de la intervención estadounidense. El control del petróleo venezolano es, como se ha indicado, una de las motivaciones explícitas de la intervención estadounidense. En su comparecencia ante los medios, Trump se refirió a la necesidad de que el petróleo venezolano –parte del cual se exportaba a China, y que también era vital para sostener la frágil economía de Cuba– fluya “de la manera en la que debe fluir”. Sin petróleo venezolano, el régimen actual cubano se extingue. Y no hay alternativas: México, que en otras etapas apoyó a Cuba, no tiene margen de maniobra dada su compleja y difícil relación bilateral con Estados Unidos. Y más allá, Rusia no sostendrá a Cuba en virtud de un acuerdo implícito: Cuba, parte del Hemisferio Occidental, quedaría en manos de Estados Unidos, y, a cambio, Estados Unidos apoyaría, como ya está haciendo, una “pax trumpiana” que en esencia no es sino la “pax russica” para Ucrania, por la que esta se vería obligada a ceder parte de su territorio y quedar en la órbita de Moscú.
A escala global, la intervención en Venezuela es un clavo más en el ataúd del derecho internacional, y la reafirmación de un mundo sin reglas, sometido a la descarnada lógica del poder. Un mundo organizado, de forma cada vez más pronunciada, en torno a unas “áreas de influencia” que remiten, más que a la Guerra Fría, al orden imperialista del siglo XIX, momento en que Estados Unidos estableció el falaz relato de la doctrina Monroe, y su posterior “Corolario Roosevelt”, por el que Estados Unidos se abogaba el derecho a intervenir en el Hemisferio Occidental en función de sus propios intereses, lo que dejó un largo y dolorosos legado de intervenciones, golpes de Estado, dictaduras y expolio económico en las relaciones interamericanas hasta fecha reciente. No es casual que, en su comparecencia para dar cuenta del ataque a Venezuela, Trump la definiera como una “operación militar extraordinaria”, que inmediatamente remite a la “operación militar especial” con la que Vladimir Putin y la Federación Rusa denominan al intento de toma del poder y “cambio de régimen” en Kiev que, una vez fracasado, derivaría en la invasión y guerra de Ucrania, también en clave imperialista, hoy enquistada y sin solución a la vista. Reafirmar el control de Estados Unidos sobre América Latina es, de hecho, uno de los más claros objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. Y no lo es menos retirarse de Europa, y promover ahí gobiernos “ultras” de la misma familia ideológica antiglobalista, ultranacionalista y “neopatriota” que integran tanto Trump como Putin.
