Durante el franquismo, en España había organizaciones feministas, aunque se reunían en la clandestinidad, y elaboraron un Manifiesto unitario que pedía la legalización de los anticonceptivos, el divorcio y la igualdad en el empleo, entre otras reivindicaciones.
Por Begoña San José Serrán, sindicalista
El año 1975 fue proclamado como el Año Internacional de la Mujer. Ese año, Naciones Unidas había convocado la I Conferencia Internacional de la Mujer, que se celebró en Ciudad de México en junio, mientras que en octubre se organizó un foro paralelo de organizaciones no gubernamentales.
En España había organizaciones feministas, aunque el franquismo las pasaba también por el filtro de su no-libertad de asociación. Se habían reunido en la clandestinidad y elaborado un Manifiesto unitario que pedía la legalización de los anticonceptivos y el divorcio; la igualdad en el empleo, incluyendo la reglamentación del servicio doméstico; escuelas infantiles, coeducación y otras reivindicaciones, terminando con las de libertad de reunión, asociación, expresión y manifestación.
En CCOO había compañeras con doble militancia y nos informaron del Manifiesto y de la huelga de amas de casa por la subida de precios. Esas compañeras iban a ir a Berlín y convocaron clandestinamente en Madrid, del 5 al 8 de diciembre, las I Jornadas estatales por la Liberación de la Mujer, donde nos reunimos más de 500 mujeres dos semanas después de la muerte de Franco.
La Tasa de Actividad en España en 1975 era del 32,5% en las mujeres y del 87,6% en los hombres. Es decir, éramos 3,6 millones de trabajadoras (un 11% más que tres años antes) junto a 9 millones de trabajadores. Ahora, en 2025, las tasas de actividad son del 71,4% en mujeres y del 79,7% en hombres, y hay 10,1 millones de mujeres con empleo y 11,7 millones de hombres».
Cuando firmé el contrato de trabajo en Osram en 1970, a mi compañera Carmen, por estar casada, le dijeron que se lo tenía que llevar a casa para que lo firmara su marido, como si ella fuera menor de edad. Casarte o tener hijos ya no eran ocasiones tan absolutas de despido como en las tres décadas anteriores, pero sobrevivía esa cultura laboral, incentivada por la dote por matrimonio, que te invitaba a “irte mejor ahora cobrando una mensualidad, porque después te vas a ir sin cobrar nada”. Y la maternidad era difícil de compaginar con el empleo. Al no estar legalizados los anticonceptivos, aunque ya existían, eran un buen negocio para empresas farmacéuticas como Schering, y a duras penas incidían sensiblemente en nuestras vidas y en el descenso de la natalidad. Además, casi no había escuelas infantiles, que entonces llamábamos guarderías.
En 1973, preparando la movilización por el juicio 1001, nos detuvieron a la “provincial del Metal de CCOO”: unos 5 compañeros y dos mujeres, Ascen Martín de Standard de Villaverde y yo. Sin juicio ni pruebas, nos privaron de libertad. Le llamaban “multa gubernativa”. Nos mandaron al Centro de Detención de Mujeres, que estaba en Carabanchel, con una fachada que daba al Centro Psiquiátrico Penitenciario de hombres y la otra a la calle Eugenia de Montijo. Allí estaba la impresionante Pamela O´Malley, de CCOO de la Enseñanza. Estábamos hacinadas unas cincuenta o sesenta presas, la mayoría por la Ley de peligrosidad social, que hacía redadas “para que los padres cristianos pasaran las navidades con sus familias, en vez de con prostitutas”. Solo una estaba por drogas. Compartí celda y charlas con una prostituta de la calle de la Ballesta y una empleada de hogar acusada de robar.
Un año después, en 1974, nos volvieron a detener a la “provincial de CCOO del Metal”, en casa de Ángel Lupión de Pegaso y su compañera Rosa, de Construcciones Aeronáuticas. El interrogatorio fue más suave: el policía me preguntó que si era de las que gritaban en las manifestaciones “social, acuérdate de Portugal”, porque allí tras el 25 de abril se juzgaban responsabilidades de la PIDE (Policía Internacional y de Defensa del Estado de Portugal). Por reincidente, me mandaron dos meses a la cárcel, que se había trasladado a Yeserías, con más espacio y separación de presas políticas, que éramos muchas más que un año antes, como las decenas de presas de la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores) y las del atentado de ETA en la calle del Correo, entre ellas Lidia Falcón y la asturiana Mari Luz, sometida a una incomunicación total, a la que poníamos la mano en la pared translucida cuando íbamos a tirar la basura. Mientras estaba allí me despidieron de Osram “por faltas injustificadas al trabajo”.
Israel y Palestina han jalonado mi vida. La crisis del petróleo de 1973, tras la guerra de Yom Kipur, generó en España esa inflación superior al 15% de 1974 a 1980, contra la que se hacían el boicot de las amas de casa, manifestaciones, huelgas y convenios colectivos. Y el despido del 17% de las trabajadoras.
La muerte de Franco me pilló trabajando en Urruzola, una fábrica de pinturas recién comprada por la multinacional BASF. Ese día fuimos a la salida al Sindicato Vertical, en Gran Vía, a una asamblea de Químicas en los pasillos. Un año después salimos en manifestación desde la fábrica a Legazpi, cuando en enero de 1977 asesinaron a los abogados de Atocha y a Arturo Ruiz. Éramos pocas mujeres y casi todas jóvenes. En mi laboratorio había dos que decían que les partía el alma dejar cada día a su hija o hijo en la guardería. Las escuelas infantiles trabajaron fuerte para ser vistas con buenos ojos.
En ese mismo recorrido por la calle Embajadores, y cerca de la cárcel de Yeserías, veíamos en febrero de 1977, durante más de un mes, a las jovencísimas trabajadoras de Induyco, los talleres de El Corte Inglés en huelga. Veíamos cómo a algunas de las cuatro mil trabajadoras sus padres o la policía las querían meter por la fuerza a trabajar, las esquirolas entraban en autobuses con las cortinas echadas, las sindicalistas estaban por todas partes. María José Gallego lo describe en un libro. Las represalias han durado décadas.
Y fue en el despacho de Atocha donde fui a mi primera reunión feminista, al salir de una reunión del sindicato. Me invitó Dolores Sancho, la viuda de Pedro Patiño, sindicalista de CCOO de la Construcción asesinado por la Guardia Civil en 1971. En CCOO se hablaba algo del tema, pero cuando oí por primera vez la propuesta de crear una Comisión o Secretaría de la Mujer fue en la Asamblea de Barcelona, en julio de 1976, donde lo plantearon Nuria Casals, del Metal de Barcelona, y Mari Carmen Fraile, del Textil de Madrid. Ese mismo año, antes de la legalización, se empezaron a crear en las uniones de Cataluña, País Valencià, Madrid y otras. En 1977 se creó la Secretaría Confederal, donde nos juntamos todas para hacer feminismo y sindicalismo. Y fuimos creciendo, hasta hoy.
Ilustración: ©Amaya Lalanda
