La paralización de más de 60 parques eólicos, por parte del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, está llevando al sector gallego a una difícil situación al mismo tiempo que pone encima de la mesa el agrio debate sobre una transición energética justa para las personas y los territorios en una región con una elevada densidad de aerogeneradores
Por Carlos Martínez, Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO y y Pablo J. Moros (ISTAS- Fundación 1º de Mayo)
La Comunidad de Galicia es una de las zonas con mayor potencial eólico de la península Ibérica, circunstancia que ha sido aprovechada desde hace décadas para la generación de energía eléctrica a partir de la fuerza del viento, lo que la ha convertido en un territorio pionero en el aprovechamiento de esta fuente de energía renovable. Como consecuencia de ello ha habido una intensa proliferación de parques eólicos por numerosas comarcas gallegas. Al tiempo que los aerogeneradores se desplegaban por el rural galaico, se potenciaba una industria asociada capaz de reunir los diferentes eslabones que componen la cadena de valor de la eólica, desde la planificación hasta la operación y mantenimiento de los aerogeneradores, pasando por el diseño y fabricación de sus componentes; y orientada tanto al mercado interior como al exterior.
El sector de la energía eólica en Galicia proporcionó empleo directo, en 2023, a 3.764 personas y supuso una contribución al PIB regional de 384,2 M€. Se trata del 19,4% de los puestos de trabajo y del 15,7% de la riqueza generada por esta rama de actividad a nivel nacional durante ese año, posicionando a la comunidad gallega como la primera del Estado en cuanto a ocupación laboral, y la segunda respecto al impacto económico sobre su PIB solo superada por la de Castilla y León. Con una potencia instalada de 3.874 MW repartida en 183 parques eólicos que suman 4.000 aerogeneradores, Galicia se situaba, hace dos años, en el cuarto lugar entre las comunidades autónomas con mayor generación eólica disponible, por detrás de Castilla y León, Aragón, y Castilla-la Mancha, presentando el grado de concentración espacial más alto de España: 0,131 MW/km2. De los 1.371 parques eólicos existentes a finales de 2023 en España, el 13,3% se localizaban en la Comunidad de Galicia. La generación eólica en el conjunto del Estado durante ese año fue de 62.594 GWh, lo que permitió cubrir el 25,6% de la demanda nacional de energía eléctrica. 9.092 GWh de esa producción tuvo su origen en los aerogeneradores gallegos.
Estas cifras dan una idea del peso actual del sector eólico gallego en el contexto estatal. La última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que en 2030 España disponga de un parque de generación eólica de 62.054 MW, incluidos 3.000 MW de eólica marina, lo que implica incrementar en un 101% la capacidad de generación actual. En esta línea, la comunidad gallega se plantea alcanzar los 7.700 MW de eólica terrestre, casi multiplicando por dos la potencia ahora instalada, y llegar a los 800 MW de capacidad de eólica marina para finales de la década. Sin embargo, en los últimos años se está registrando una importante ralentización en la instalación de potencia de la energía del viento en Galicia. Así, entre 2020 y 2024 se instalaron 135 MW, cuando solo en 2019 se habían implantado 480 MW. Parece obvio que se trata de un ritmo insuficiente para poder alcanzar las metas de despliegue de este tipo de tecnología renovable marcadas por las Administraciones para el año 2030.
Las empresas del sector y la propia Xunta de Galicia apuntan como principal factor causante del freno a la eólica a la creciente oposición de parte de la ciudadanía gallega, especialmente la de colectivos vinculados a los territorios en los que se prevé implantar los nuevos desarrollos. Esta resistencia ha cristalizado en la interposición de solicitudes de suspensión cautelar de autorizaciones de instalación ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG). Las peticiones se fundamentan en el riesgo de que las obras causen daños irreversibles al entorno natural. Durante 2024 el tribunal gallego emitió 151 autos relativos a solicitudes de suspensión de autorizaciones de 67 parques eólicos, y los jueces admitieron la suspensión cautelar de 62 de ellos.
Al mismo tiempo, el TSXG ha formulado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que establezca si la Xunta de Galicia debía haber hecho pública toda la información de la que disponía sobre los nuevos desarrollos eólicos para que de este modo la ciudadanía hubiese podido emitir alegaciones y formar parte del proceso de toma de decisiones en la aprobación de los proyectos. La preservación del entorno natural y patrimonial se manifestaría así como la principal preocupación de parte de la población que habita en los municipios ya eólicos o en vías de serlo, pero no sería la única. Detrás de ella estaría la inquietud por la pérdida o el desplazamiento de actividades productivas arraigadas en el territorio (agropecuarias) o con potencial para desarrollarse en él (turismo rural), las expropiaciones de terrenos para las instalaciones eólicas, el aumento del despoblamiento, un retorno económico de la generación eólica en forma de tasas, ventas o rentas considerado como insuficiente; y una escasa o nula generación de empleo local.
Con respecto a esto último es interesante apuntar los resultados del informe del Banco de España sobre creación de empleo local generado por las renovables. Tras analizar los impactos de las inversiones eólicas y solares sobre el mercado laboral local en 3.900 municipios a lo largo de 13 años, considerando las cifras de empleo de las empresas locales y las de desempleo de los residentes locales, los autores concluyeron que los efectos de las inversiones eólicas son mucho más débiles que los de las inversiones solares, con sólo una reducción muy leve del desempleo durante la fase de mantenimiento y ningún efecto sobre el empleo. Los investigadores que realizaron el estudio señalan que la magnitud relativamente pequeña de los efectos locales, sobre todo en las inversiones eólicas, no significa que las inversiones renovables no creen empleo a mayor escala, siendo plausible que una gran parte de los beneficios en términos de empleo se acumule fuera de los municipios de acogida. Los resultados de este trabajo serían coherentes con el hecho, constatado en otros territorios eólicos, de que los componentes de la cadena de valor de la industria eólica más industrializados, innovadores y de mayor valor añadido, suelen ubicarse en otras áreas distintas a donde suelen levantarse las plantas de generación. En Galicia, en 2020, de los 4.000 aerogeneradores en funcionamiento, 2.700 se emplazaban en municipios de entre 2.000 y 4.000 habitantes.
El escenario gallego para el desarrollo eólico se ha hecho aún más complejo con la aprobación por la Xunta, a finales de 2024, de la Ley 5/2024, de medidas fiscales y administrativas de Galicia, que establece una serie de requisitos para promotores y empresas explotadoras de los parques. La nueva norma modifica la Ley de 2009 que, entre otros aspectos, regulaba el aprovechamiento eólico, establecía el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, y determinaba las características del Plan sectorial eólico de Galicia. Entre las nuevas disposiciones destaca la obligatoriedad de repotenciar los parques eólicos con aerogeneradores de más de 25 años de antigüedad; la exigencia de que los nuevos proyectos vendan como mínimo un 50% de su energía a empresas locales; y la modificación del canon eólico ajustando su base imponible en función de las dimensiones de los futuros aerogeneradores. El sector eólico ha recibido estos nuevos requisitos como una barrera más para su expansión e incluso, para su misma viabilidad, al suponer la necesidad de mayores inversiones y representar una intromisión en el funcionamiento de las empresas y los mercados.
Mientras tanto, los diferentes actores territoriales involucrados en la generación eólica, aguardan con expectación tanto el próximo Plan sectorial eólico de Galicia como la publicación, por parte del MITECO, de las regulaciones y subastas de energía eólica marina que dé continuidad a la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina en el ámbito de la Zona Noratlántica definida por los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. Estas medidas podrían servir para impulsar la industria eólica gallega, pero también contribuir a tensionar un ambiente fuertemente polarizado entre los que contemplan los nuevos desarrollos de eólica terrestre y la novedad de la eólica offshore como oportunidades para la generación de empleo y riqueza, y quienes ven en ellas una amenaza para otras actividades productivas, como el sector pesquero, fundamental en la economía gallega, y para la integridad de la biodiversidad.
Así las cosas, resulta urgente intensificar los esfuerzos para lograr un diálogo sincero y fructífero entre todos los agentes implicados en el desarrollo de la energía eólica en Galicia, elemento clave para su transición energética. Es necesario, y cada vez más perentorio, alcanzar consensos encaminados a que esa transición sea justa, que no hipoteque el futuro del territorio y que, al mismo tiempo, impulse una reindustrialización sostenible, con más y mejores empleos. Como algunos autores apuntan respecto a las perspectivas de la transición ecológica en Galicia, quizá sea el momento de adoptar un nuevo enfoque de gestión basado en los ecosistemas que considere los efectos de las actividades económicas sobre los mismos, reduzca los conflictos entre las diferentes actividades, mejore la eficiencia de los procesos, otorgue mayor peso a la aplicación de criterios de gobernanza más participativos que incluyan la rendición de cuentas , y favorezcan la participación de los agentes locales en la obtención de mayores flujos de renta a nivel local. En definitiva, se trataría de conceder un mayor protagonismo a los agentes sociales en la planificación, la toma de decisiones y los beneficios económicos y sociales. Solo así parece que será factible avanzar en un cambio real del modelo energético capaz de descarbonizar la economía gallega y sustentado sobre sus recursos endógenos renovables.
Este artículo forma parte del proyecto «SET Galicia. Sociedad, Eólica y Trabajo; propuestas para un modelo de desarrollo eólico en Galicia socialmente justo» que está desarrollando la Fundación 1º de Mayo con el apoyo de la European Climate Foundation (ECF)
