A pesar de la alta cobertura de la negociación colectiva, en España se mantiene un elevado índice de desigualdad en el reparto de la renta, entre otras razones, porque la reforma laboral del 2012 vació de contenido la negociación colectiva
Por LAURA VILLADIEGO
“España tiene niveles de desigualdad que no le corresponden según su grado de desarrollo, es decir, que son por así decirlo superiores a la media de los países de nuestro entorno”. Con esta frase, Nacho Álvarez, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, resumen una de las grandes paradojas de España: sus altos niveles de desigualdad a pesar de la amplia cobertura de la negociación colectiva.
Así, los convenios en España cubren a cerca de un 92% de las personas trabajadoras, unos 14 millones de asalariados. Es la tercera tasa de cobertura más alta de Europa, por detrás de Italia y Austria. Y sin embargo, la desigualdad salarial, que mide la diferencia de ingresos del 10% de la población con más ingresos y del 10% de la población con menos ingresos (ratio 90/10), es superior a la media europea. En 2017, según datos de ICF recogidos por la Comisión Europea, en Europa el 90% más rico cobra 5,1 veces más que el 10% más pobre. En el caso de España la diferencia es de 5,3 veces.
Pero la mayor diferencia con Europa se refleja en el índice de Gini, otro de los indicadores para evaluar la desigualdad, en este caso, de rentas. Así España se sitúa en quinto lugar de los índices más altos de Gini, según datos de Eurostat para 2022, sólo por delante de Lituania, Letonia, Italia y Serbia. A mayor índice de Gini, mayor desigualdad.
“Tanto en el índice de Gini como en los ratios de desigualdad salarial solamente nos superan algunos países bálticos y balcánicos, es decir, que España es de los de los países que muestra mayores niveles de desigualdad tanto de renta como como de salarios”, continúa Álvarez. “No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno de hecho bastante estructural que lleva instalado en nuestro país varias décadas”, asegura el académico.
Según Álvarez, esta mayor desigualdad estructural responde a dos razones principales. La primera es que el Estado del Bienestar español tiene una baja capacidad redistributiva. “Nuestro sistema de prestaciones y nuestro sistema tributario son débiles, y además tienen, en particular las prestaciones, tienen un carácter fuertemente contributivo, es decir, que hace falta haber contribuido previamente a la seguridad social en el mercado de trabajo en muchas ocasiones para poder participar de prestaciones posteriores”. Esto limita la capacidad redistributiva del sistema, asegura Álvarez, ya que aquellas personas que no hayan podido contribuir no se beneficiarán de la redistribución.
El segundo factor, y quizá aún más importante, es el funcionamiento del mercado de trabajo, explica Álvarez. Así, España tiene un desempleo estructural comparativamente mayor a otros países europeos, un factor que se une a la precariedad y a la baja intensidad laboral que caracterizan el mercado laboral español. “Estos elementos de nuestro mercado de trabajo inciden junto con la debilidad de nuestro estado del bienestar en que tengamos un nivel de desigualdad que se parece más al de algunos países bálticos o balcánicos, que al de los países centroeuropeos”, explica Álvarez.
Negociación colectiva vacía de contenido en el periodo de austeridad
La negociación colectiva, dice la literatura científica, debería ser una herramienta eficaz para reducir esa desigualdad estructural. Así, el estudio ‘Negociando por la igualdad’ (BFORE en sus siglas en inglés), en el que participa la Fundación 1º de Mayo, concluye que, generalmente, a mayor cobertura de la negociación colectiva existe un menor nivel de desigualdad salarial, una mayor participación de la población trabajadora en la renta y una menor incidencia de salarios bajos.
Sin embargo, en España esa relación no es tan directa porque la negociación colectiva ha sido vaciada de contenido, explica Álvarez. “La elevada cobertura de la negociación colectiva no puede reducir las desigualdades de forma similar a como se hace en otros países porque la reforma laboral del 2012 vació de contenido la negociación colectiva”, explica el economista. “Es decir, se seguía negociando, pero no existía la capacidad de disputar los repartos de productividad en la negociación colectiva. Teníamos una suerte de negociación colectiva con una cobertura formal muy amplia, pero sin embargo vaciada de contenido”, continúa.
Desde la reforma laboral de 2022 se ha empezado a reequilibrar la situación, estableciendo de nuevo “el convenio sectorial como marco prioritario de la negociación colectiva y restableciendo la ultraactividad (prolongación automática del convenio cuando no se ha acordado uno nuevo a fecha de vencimiento) de los convenios”, explica Álvarez. Además, se ha aumentado el salario mínimo un 54% desde 2018 y se ha puesto en marcha una prestación de carácter no contributivo como es el ingreso mínimo vital. “Estos son elementos que están condicionando que hoy tengamos un índice de Gini menor del que teníamos al inicio de la pandemia”, afirma Álvarez.
Para propiciar una distribución de la renta más equilibrada, hay que centrarse en el reparto de esta productividad entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, asegura Álvarez. Para ello, son útiles instrumentos que reequilibren la posición en la negociación colectiva, como el nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales, que ofrece datos trimestrales por sectores a quienes participan en las mesas de negociación, tanto empresarios como trabajadores. “Esto permite seguramente afinar mejor ese vínculo entre la evolución de los salarios y la evolución de la productividad”. También sería necesario establecer un vínculo formal entre la evolución de la productividad y la evolución de los salarios y establecer mecanismos para reducir la brecha de género de forma más eficaz. “Aunque se han producido avances en los últimos dos años, no se ha conseguido todavía corregir las tendencias estructurales de largo recorrido y va a hacer falta ir más allá y generar nuevos instrumentos para que se produzca un mayor equilibrio en la negociación colectiva así como nuevas prestaciones, como por ejemplo en el ámbito de la infancia o en el ámbito de la vivienda, para que nuestro estado de bienestar siga teniendo una mayor capacidad redistributiva”, concluye Álvarez.
