Las organizaciones sindicales piden la aprobación de un Estatuto Básico de la profesión para armonizar las condiciones laborales y mejorar la coordinación entre comunidades autónomas, así como el reconocimiento del riesgo de cáncer en el sector
LAURA VILLADIEGO
Carlos Martín ha tenido uno de los veranos más complicados que recuerda en sus casi dos décadas como bombero forestal. Empezó la temporada estival en Navarra. Durante los peores días de los incendios entre Castilla y León y Extremadura estuvo en cuatro días en Monfragüe (Cáceres), Salamanca y Zamora, y terminó agosto entre Murcia y Alicante. Durante los últimos meses se ha recorrido buena parte de la geografía española luchando contra las llamas que han quemado casi 300.000 hectáreas en España en más de 400 incendios, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Es el peor año desde 1994, cuando ardieron más de 400.000 hectáreas según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Pero las llamas no son la única batalla que libran bomberos forestales como Carlos Martín. La precariedad y la falta de coordinación entre unidades dependientes de diferentes administraciones complican su trabajo. “Tenemos un trabajo difícil, duro, expuesto y que conlleva riesgos y en muchos casos hay maltrato laboral”, se queja Martín. Como bombero de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), una unidad de ámbito estatal perteneciente a la empresa pública Tragsa y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene desde 2019 un contrato fijo todo el año, pero el camino para conseguirlo ha sido largo. “Ha sido una reclamación de siempre. Cuando yo empecé a trabajar [en 2005] estábamos contratados sólo 4 meses al año”, explica Martín, quien es también delegado sindical de CCOO. “Yo he estado casi toda mi vida laboral haciendo una visita a las oficinas de empleo en algún momento del año”, continúa. Fueron las reinvindicaciones, reforzadas desde 2015 con una huelga de bomberos del BRIF, las que les permitieron mejorar no sólo sus contratos, sino también su salario.
Y sin embargo, compañeros y compañeras de otras brigadas no tienen la misma suerte. “Hay muchas particularidades según la comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista de los requisitos físicos, de los requisitos formativos, o de las actividades complementarias que puedan hacer [los bomberos]”, explica Mariano Sanz Lubeiro, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras. Así, según el territorio, los bomberos forestales pueden depender directamente de Administraciones Públicas de empresas privadas, o de empresas públicas o semipúblicas, y en muchos casos se combinan los modelos. “Además, hay algunos que trabajan todo el año, hay otros que trabajan diez meses, y hay otros, como los de Castilla-León, que trabajan cuatro meses”, continúa Sanz Lubeiro.
La solución, asegura Sanz Lubeiro, pasa por profesionalizar el sector, aprobando un Estatuto Básico de Bomberos Forestales de ámbito estatal que “armonice los aspectos estructurales que conforman la figura del profesional bombero y bombera forestal”. “Es una actividad que siempre ha sido necesaria, pero ahora mucho más por las condiciones de la crisis climática a las que nos vamos a enfrentar”, afirma. “Todos queremos un operativo que sea profesional, que tenga unos requisitos de formación, que eso facilite una mayor coordinación, que además tenga la o las posibilidades también de en base a sus circunstancias de trabajo, incluso medir coeficientes reductores”, continúa.
Esta falta de armonización no sólo supone una dificultad a la hora de coordinar diferentes unidades, sino que es un peligro para los propios efectivos. “Ya no es sólo una cuestión de operatividad, repercute en la seguridad”, explica Martín. “Cada comunidad autónoma tiene un sistema de comunicaciones y esos sistemas, al ser tan diferentes, no se pueden integrar cuando se actúa en zonas limítrofes o cuando una comunidad autónoma presta servicio a otra”, asegura. Algo que, con el aumento de los llamados Grandes Incendios Forestales, aquellos que afectan a más de 500 hectáreas, es cada vez más habitual.
Riesgo de cáncer
Durante muchos años, Carlos Martín no se planteó que su trabajo pudiera suponer un peligro de desarrollar cáncer. “Yo pensaba que, al contrario de lo que puede ser que arda un plástico o un combustible fósil, que entendía que tenía sustancias peligrosas, si ardía una leña y yo respiraba ese humo, no tendría mayores efectos”, asegura Martín.
Durante los últimos años, varios estudios han apuntado al mayor riesgo al que se exponen los bomberos, quienes tienen el doble de probabilidad de desarrollar un cáncer testicular que el resto de la población, 1,53 veces más de desarrollar mieloma múltiple y 1,51 de desarrollar linfoma no-Hodgking. Por ello, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC en sus siglas en inglés), adscrito a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acaba de reclasificar la profesión de bombero como cancerígeno conocido para humanos (grupo 1).
“Esto es un hecho que va a tener un impacto importante, porque, aunque la actividad de bombero no va a pasar directamente a estar clasificada como cancerígena en la legislación española o europea, abre la posibillidad de que esto sea así”, explica Óscar Bayona Plaza, técnico de la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. Esto obligaría a que se aplicasen las disposiciones preventivas del Real Decreto 665/1997 de Cancerígenos, algo que ya debería hacerse en el caso de los bomberos forestales, asegura Bayona, ya que “en los humos de incendidos de vegetación hay mezclas complejas y algunos componentes son cancerígenos, como benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) u hollín”.
Sin embargo, tanto Martín como Bayona aseguran que hay mucha reticencia por parte de las empresas a la hora de aprobar protocolos de seguridad. “Normalmente las empresas no quieren aplicarlo y hemos tenido que presentar denuncias”, cuenta Bayona. Así, el Real Decreto incluye medidas como la obligación de descontaminar la ropa de trabajo que haya estado expuesta a agentes cancerígenos y la prohibición de que esta se lleve a casa y a que entre en contacto con la ropa de calle, lo que obliga a tener un sistema de doble taquilla y a dar un tiempo para la higiene personal antes de la salida, asegura el técnico. Algo que incrementa los costes de funcionamiento de las brigadas. “No es sólo el espacio, es también tiempo de trabajo extra que necesitamos para ese protocolo y que nos tienen que pagar”, asegura Martín.
Con el fin de calor, Carlos Martín se teme que sus reivindicaciones queden de nuevo olvidadas hasta el próximo verano. “Hay una desvinculación de la sociedad con el medio rural. Y en una sociedad urbana, cuando algo ya no está en la televisión, el problema se acaba”, asegura. Unos meses que, sin embargo, podrían ser clave para evitar el próximo gran incendio forestal. “Tan importante es la prevención como la extinción. Pero es un problema que afecta sobre todo a un medio que no está en el candelero”, se lamenta Martín.
