El confinamiento supuso hacer frente a nuevas formas de organización del trabajo para las que no todo el mundo estaba preparado
ALFONSO RÍOS. Responsable de salud laboral y medio ambiente de CCOO de Euskadi
La pandemia del COVID-19 generó unas nuevas condiciones de trabajo y unas nuevas amenazas para la salud de la clase trabajadora. Si bien la medida prioritaria a la hora de frenar la expansión de los contagios del virus fue el confinamiento de la población, y asumiendo la pertinencia de esta medida, es necesario recordar que se tuvo que hacer frente a nuevas formas de organización del trabajo para las que no todo el mundo estaba preparado. Esto, junto con la incertidumbre sobre cuál sería el futuro de la empresa y la relación laboral de cada uno, tuvo un impacto significativo en el incremento de los riesgos psicosociales.
El teletrabajo no era algo nuevo, pero la necesidad de restringir los contactos y los desplazamientos de las personas trabajadoras hizo que su práctica se incrementase de manera importante. Las mujeres fueron quienes más experimentaron esta forma de trabajar y eso tuvo relación con un mayor aumento de la exposición a riesgos psicosociales.
En un escenario en el que los centros educativos también estaban cerrados, el cuidado de los hijos e hijas a tiempo completo recayó en mayor medida sobre las mujeres trabajadoras que tenían a la vez que atender además las demandas de ese teletrabajo. La problemática de la doble presencia experimentó una nueva forma de afectar a las mujeres trabajadoras, dándose en el mismo tiempo y espacio y teniendo que atenderse a la vez. La solución aplicada por las mujeres que teletrabajaban durante la pandemia y tuvieron que simultanear ambas facetas fue la prolongación de la jornada laboral, una vez que los hijos e hijas se hubiesen ido a dormir.
Pese a que hay empresas que pretenden presentar el teletrabajo como una medida de conciliación, no es tal cosa, y la razón es que en situación de teletrabajo se está habitualmente en casa, pero se está trabajando. Es una forma de organización del trabajo que ha experimentado una expansión motivada por una situación de confinamiento, pero no una medida de conciliación. Más allá de esto, la prestación de la tarea puede acabar diluyéndose en el tiempo hasta abarcar espacios a lo largo de las veinticuatro horas del día, precisamente por tener que prestar atención a los cuidados en horario laboral. Y en una situación en la que las mujeres asumiesen en mayor medida que los hombres tareas domésticas y relacionadas con los cuidados, como fue el caso de la época del confinamiento, distintas brechas de género asociadas al teletrabajo terminarían replicando las desigualdades y segregaciones propias del mercado de trabajo tradicional.
Hubo quien no pudo proteger su salud mediante el confinamiento, puesto que el sector en el que trabajaba fue decretado servicio esencial a través del Real Decreto-ley 10/2020, prácticamente en el inicio mismo de la situación de pandemia. Para este colectivo, también hubo incremento de los riesgos psicosociales, pero en esta ocasión debido a la percepción de la posibilidad real de sufrir un contagio, la posible gravedad de las consecuencias del mismo y la incertidumbre provocada por el desconocimiento sobre la eficacia de unos equipos de protección que además escaseaban. Y por supuesto, contagios reales, enfermedad y muerte en muchos casos, derivados de la exposición en el puesto de trabajo.
Se nos dijo que el COVID-19 no entendía de clases sociales, pero vaya si entendía, y si no que se lo pregunten a quien tuvo que trabajar de forma presencial, acudiendo además al puesto de trabajo en un transporte público en el que en ocasiones fue muy difícil mantener alguna distancia de seguridad. Sobre todo en unos primeros momentos de pandemia en los que, como ya hemos referido, no se generalizó el uso de la protección individual.
Una pandemia con muchas diferencias
El COVID-19 no sólo entendía de clases sociales, sino que también entendía de diferencias salariales dentro de la propia clase trabajadora. Entre quienes tuvieron que acudir a su puesto de trabajo durante esa primera época de la pandemia hubo diferencias marcadas por el nivel salarial y la necesidad de tener que ir a trabajar, aún con síntomas de la enfermedad, o no verse en la necesidad de tener que acudir al puesto de trabajo. Según un estudio elaborado por ISTAS-F1M y la Universitat Autónoma de Barcelona sobre las condiciones de trabajo durante los primeros meses de pandemia, el porcentaje de las personas que acudieron a su puesto de trabajo con síntomas de COVID-19 es casi el doble entre aquellas trabajadoras y trabajadores a quienes habitualmente su salario no les permite cubrir las necesidades básicas del hogar (el 18,2%), si lo comparamos con aquellas otras trabajadoras y trabajadores cuyo salario les permite cubrir esas necesidades (el 10,5%).
Dentro de los servicios esenciales es necesario hacer una especial mención a los sectores relacionados con los cuidados, en los que hay gran presencia de mujeres trabajadoras y que soportaban ya antes de la pandemia situaciones de precariedad laboral que el COVID-19 no hizo sino agravar. Los sectores relacionados con los cuidados prestan servicios indispensables, lo que tendría que significar un incentivo para que fuesen sectores de titularidad pública. Esto no ocurre puesto que en los últimos años se ha producido un incremento significativo de la iniciativa privada, lo que en muchas ocasiones generaba previamente un escenario de precariedad laboral y deterioro de las condiciones de trabajo.
En el momento en el que se escriben estas líneas el servicio de ayuda a domicilio de Bizkaia está inmerso en un ciclo de huelgas en demanda de mejoras salariales después de ocho años sin convenio colectivo. Durante estos ocho años el incremento de la partida presupuestaria dedicada a este servicio en los ayuntamientos de Bizkaia ha sido de un 23%, no revirtiéndose en los salarios de estas mujeres trabajadoras del sector socio-sanitario sino en los beneficios de las empresas contratadas por los ayuntamientos para gestionar el servicio. También la plantilla de Bizkaibus, transporte colectivo de viajeros por carretera en la provincia de Bizkaia, está en huelga por el mismo motivo.
La plantilla de Osakidetza, el servicio público vasco de salud, está igualmente inmersa en un ciclo de movilizaciones que en esta ocasión más que con cuestiones salariales tiene que ver con la exigencia de mejoras dentro del caos organizativo que impera en el servicio y ante el que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se inhibe de forma escandalosa. Las listas de espera, que afectan ya también de forma muy grave a la atención primaria, el cierre y la restricción de horarios en los PACs (Puntos de Atención Continuada), las esperas interminables en las urgencias hospitalarias, la precarización y la alta interinidad de la plantilla, los recortes presupuestarios continuados en el tiempo, que en 2023 suponen veinte millones de euros menos que en el 2022, o las externalizaciones de servicios, entre otros factores, hacen que en Osakidetza no se pueda dispensar debidamente la atención que precisa la ciudadanía. La consecuencia lógica es el aumento de los seguros privados de salud, recurriendo a ellos ya una de cada tres personas de la provincia de Bizkaia. También las personas trabajadoras de las contratas del servicio de limpieza de la propia Osakidetza han convocado una semana de huelga después de cinco años sin convenio y en defensa de la homologación de sus condiciones de trabajo a las del personal del propio servicio público vasco de salud.
En definitiva, estamos ante ejemplos de cómo nuestras administraciones públicas se han olvidado de las personas que trabajan en esos sectores esenciales durante la pandemia. Estas administraciones públicas adquirieron compromisos con las personas que se jugaron la salud y la vida poniendo el cuerpo en lo que se denominó “la primera línea” en el combate contra el virus, compromisos que ahora han olvidado. En esto han quedado los llamamientos a la ciudadanía a secundar el aplauso en el balcón a las ocho de la tarde.
*Este artículo es un resumen de un trabajo más amplio que lleva por título “Las desigualdades en salud laboral y la influencia del COVID-19 en el incremento de las mismas” y que fue publicado en el número 46 de Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, editada por la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco. Está disponible en este enlace.
