1976: Una ventana de oportunidad para el cambio político

La muerte de Franco amplió la estructura de oportunidades políticas para la oposición que trató de llevar adelante una hoja de ruta democrática, conocida como el “plebiscito de la calle”

Por José Manuel Rúa Fernández, Universitat de Barcelona

Democracia española. Democracia, sin paliativos ni restricciones; pero española, no copiada, desarrollada por nosotros mismos, a partir de nuestras necesidades, experiencias y modo de ser. Con estas palabras ante las Cortes franquistas, el 28 de enero de 1976, definía Arias Navarro, el último presidente del gobierno franquista y el primer presidente del gobierno de la Monarquía, su propuesta de reforma política. Un modelo que no era otro que continuar con la democracia orgánica del régimen, al entender el Movimiento Nacional como cauce participativo en el proyecto común y como pacto social básico.

A pesar de estas palabras que limitaban cualquier cambio político a una mera reforma interna del régimen, lo cierto es que, con la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, se abría una ventana de oportunidad para el cambio político en España. Dicha oportunidad de cambio no venía de la mano del sucesor de Franco como jefe del Estado, el rey Juan Carlos de Borbón, que al tomar posesión como monarca no solo había jurado los principios fundamentales del Movimiento y había confirmado al propio Arias Navarro como jefe de gobierno, sino que también había dado numerosas muestras de su afán de continuidad política e institucional. Así lo ponen de manifiesto gestos tan elocuentes como su primer mensaje a las fuerzas armadas, como garantes del cumplimiento de nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo, su primera audiencia a la Confederación Nacional de Excombatientes, y el hecho de presidir su primer consejo de ministros vestido de militar. Si en la cabeza del monarca existía una voluntad de cambio (algo de lo cual no pueden ocuparse los historiadores), esta no se manifestó abiertamente hasta junio de 1976.

El “plebiscito de la calle”: movilización obrera y presión democrática en 1976

Lo que sí atañe al trabajo de los historiadores es preguntarse por las razones de esa tardanza en apostar abiertamente por el cambio democrático o, dicho de otra manera, ¿por qué -y en qué contexto- finalmente apostó por un régimen de libertades homologable al resto de países democráticos? La respuesta a esa pregunta va ligada a sus esfuerzos por asegurar la continuidad de la corona, aunque ello implicara sacrificar el resto de instituciones políticas heredadas del franquismo.

Por tanto, la ventana de oportunidad que se abría en 1976, especialmente en la primera mitad del año, consistía en una coyuntura buscada y explotada por las fuerzas de la oposición democrática. Estas interpretaban, acertadamente, que el proceso de acumulación de fuerzas que se había dado desde la década de los años 60 con el nacimiento, extensión y consolidación de las Comisiones Obreras, así como la creación de plataformas políticas unitarias¹ y la extensión de las protestas a ámbitos tan diversos como el estudiantil o el vecinal; debía culminar en una ruptura que impusiera una hoja de ruta democrática. Esta coyuntura es el denominado “plebiscito de la calle” o la “presión desde abajo” para derribar la dictadura, ahora encabezada por el rey Juan Carlos de Borbón². Sin esa convicción, de estar viviendo un punto de inflexión política para el futuro del país, no se entiende la explosión de huelgas ³ de los primeros meses del año. La motivación económica y laboral no había desaparecido, pero ahora estaba más estrechamente ligada que nunca al cambio político en un sentido democrático.

Mientras el franquismo perdía el plebiscito de la calle, con protestas políticas tan masivas como las movilizaciones de huelguistas en Madrid del 14 de enero, las manifestaciones a favor de la amnistía del 1 y el 8 de febrero en Barcelona, o las jornadas de huelga general de Vitoria -donde el 3 de marzo fueron asesinados a tiros por la policía 5 trabajadores que participaban en una asamblea en la Iglesia de San Francisco-, el régimen se debatía entre el inmovilismo del búnker (con personalidades ultras como los falangistas José Antonio Girón de Velasco, José Luis Arrese o Raimundo Fernández Cuesta) y los intentos de una reforma que ampliara la participación política sin conceder libertades plenas. Aquí encontramos las propuestas de Arias Navarro y Manuel Fraga Iribarne⁴, todas en la línea de adaptar la dictadura a los nuevos tiempos, en consonancia con el modelo de una modernidad autoritaria ya apuntada por tecnócratas como Laureano López Rodó ⁵.

De acuerdo con este propósito, el primer gobierno de la monarquía impulsó una ley sobre el derecho de asociación política, aprobada en las Cortes el 14 de junio de 1976. Pero a pesar de que, según la misma, las asociaciones conformarán su actuación a las Leyes Fundamentales del Reino y, en particular, a los principios de respeto a la soberanía, unidad, integridad, independencia y seguridad de la nación, la ley quedó paralizada el mismo mes de junio, al no aprobarse la reforma del Código Penal que suprimía como delito la afiliación a un partido político.

La parálisis del régimen y las huelgas de 1976

La parálisis institucional se convertía, de este modo, en un problema para la supervivencia de un régimen presionado por la oleada de huelgas de la primera mitad de 1976. La explosión de huelgas, más de doce veces superior al número registrado el año anterior, hacía insostenible la mera continuidad del franquismo sin Franco y la de un gobierno incapaz de canalizar las aspiraciones democráticas de una sociedad que estaba viviendo un proceso de movilización in crescendo ⁶. Había que elegir entre intentar salvar al gobierno o a la monarquía. En esa tesitura, el rey Juan Carlos calificó al propio Arias Navarro como un desastre sin paliativos en una entrevista en la revista Newsweek en abril de 1976. La elección estaba hecha.

De acuerdo con este planteamiento, el 2 de junio de 1976 el rey Juan Carlos, en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, se pronunció públicamente, por primera vez, a favor de una democracia que asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados. A partir de aquí, la única alternativa pasaba por sacrificar a Arias Navarro y todo lo que este representaba (forzando su dimisión el 1 de julio de 1976), y encumbrar a un nuevo presidente del gobierno, Adolfo Suárez, el 5 de julio, dispuesto a emprender una reforma en profundidad que significara el desmantelamiento del aparato institucional franquista, pero manejando desde el gobierno los tiempos y la profundidad del cambio político. En palabras del profesor Bernat Muniesa, Suárez, procedente de la Secretaría General del Movimiento y fogueado en las tareas comunicativas como Director General de Radiodifusión y Televisión, se convertiría en nuestro General Della Rovere ⁷.

Este nombramiento cambiaba el tablero político, ya que el gobierno Suárez incorporaría parte de las demandas democráticas de la oposición en su proyecto de Ley para la Reforma Política. Pero dos de los puntos clave del programa de mínimos de la oposición (tal y como recogía la propia Coordinación Democrática), como eran un gobierno provisional de amplio consenso y un proceso constituyente, ni se contemplaban. El proceso de cambio fue pilotado por una parte de la clase política franquista, y el proceso constituyente hubo de esperar a los resultados de las elecciones generales de 1977, que abrieron el camino a la elaboración de una constitución de consenso, sin poner en cuestión la institución monárquica.

El último pulso de la oposición democrática en 1976

El proyecto de ley para la reforma política, tras ser aprobado por el Consejo Nacional del Movimiento, el 16 de octubre, y por las Cortes franquistas el 18 de noviembre, fue sometido a referéndum el 15 de diciembre de 1976. La oposición democrática, con su instrumento de movilización más poderoso, el movimiento obrero, planteó un último pulso en la calle para imponer su propia hoja de ruta democratizadora. Ese era el planteamiento que había detrás de la convocatoria de huelga general por parte de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (integrada por CCOO, UGT y USO) del 12 de noviembre de 1976. La jornada de protesta, aunque se dejó notar en los polígonos y centros industriales, no paralizó el país. Tras esta jornada, y con los resultados del referéndum – un 77,7% de participación y un 97,3% de votos afirmativos – la hoja de ruta del gobierno Suárez quedaba avalada.

La movilización de la calle había imposibilitado la continuidad de la dictadura, pero no tenía fuerza suficiente para imponer una ruptura con los herederos del franquismo; dando lugar a una reforma pactada (pronto empezarían las negociaciones entre el gobierno y la oposición a través de la Comisión de los Nueve, en diciembre de 1976), que incluiría elementos rupturistas como la legalización de los comunistas o la amnistía.

El antifranquismo había sido capaz de ensanchar los límites de la legalidad hasta conseguir la totalidad de los derechos democráticos⁸, dinamitando el proyecto continuista del primer gobierno de la monarquía. Pero sus fuerzas, como demostraría la convocatoria del 12 de noviembre, no eran ilimitadas. Siguiendo la reflexión del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, a las fuerzas democráticas, a partir de la segunda mitad de 1976 les quedaba como objetivo ensanchar la pista que ha situado el gobierno. No hay otra pista, no tenemos fuerza para imponerla⁹. Esa pista aún se ensancharía más con los resultados de las elecciones generales de 1977. Pero esa ya es otra historia.