Durante los últimos 25 años del franquismo, Madrid se había convertido en un enclave industrial con un nuevo proletariado que respondió con una oleada de protestas a los topes salariales decretados por el Gobierno en noviembre de 1975
Por Susana Alba, investigadora de la Fundación 1º de Mayo
14 de noviembre de 1975. Franco agoniza y el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón preside una reunión del Consejo de Ministros. En aquel Consejo, entre otras medidas, se aprobó un decreto de topes salariales para la negociación colectiva que en breve habría de reactivarse. Poco después, como es conocido, se dictó el indulto con motivo de su coronación. Una medida que dejó a muchos presos políticos en las cárceles y no le permitió regresar a una parte importante de los exiliados. No fue extraño que en las calles de Barcelona apareciesen carteles en las paredes en los que se jugaba con los términos indulto e insulto.
Mientras tanto, en Madrid, ambas medidas provocarían la mayor movilización obrera desde la guerra. Lógicamente, la propia muerte del dictador amplió la estructura de oportunidades políticas para la acción colectiva. Madrid se había convertido durante el último cuarto de siglo en una ciudad industrial, cuyos recintos fabriles se localizaban en las zonas sur y este de la ciudad, prolongándose a través de las respectivas periferias hasta Getafe y Alcalá de Henares. Este proceso de industrialización había generado un nuevo proletariado muy homogéneo en términos de clase y en gran parte procedente de la inmigración interior. Se trataba, además, de un proletariado cuyas subidas salariales corrían sistemáticamente, año tras año, detrás de una alta inflación. En ese contexto, el Decreto gubernamental de topes salariales maniataba a los trabajadores y trabajadoras frente a la patronal en la renovación de los convenios. No se olvide que el régimen franquista fue fuertemente intervencionista en el ámbito de las relaciones laborales.
Por otra parte, el indulto real representó una decepción grande en un momento en el que la amnistía había arraigado ampliamente en la clase trabajadora como una de sus reivindicaciones principales. Pero como la represión tuvo múltiples formas, debe tenerse en cuenta que, además de los presos y presas, existían miles de personas despedidas de las empresas simplemente por tratar de realizar actividad sindical.
Debe aclararse, por otra parte, que en 1976 la negociación colectiva no tenía nada que ver con lo que actualmente se entiende por tal cosa. En efecto, todavía estaba en pie el sindicato vertical, una estructura del Estado en la que se hallaban obligatoriamente afiliados tanto la patronal como los trabajadores. Era dentro de esta estructura, ajena por completo al movimiento sindical, en la que se negociaban obligatoriamente los convenios colectivos. Ahora bien, el sindicato vertical, más allá de que su control político y su estructura estaban en manos del Gobierno, organizó elecciones en los escalones más bajos de su organigrama. Como se sabe, las Comisiones Obreras aprovecharon estas convocatorias para colocar activistas frente a los candidatos de las empresas y del vertical, al objeto de promover la movilización y organización obrera. Este tipo de elecciones conoció diversas convocatorias a partir de 1953/54.
Así las cosas, las últimas elecciones organizadas por el sindicato vertical tuvieron lugar, precisamente, en el verano de 1975. En los centros de trabajo en los que coincidían, las Comisiones Obreras y la USO formaron las llamadas Candidaturas Unitarias y Democráticas (CUD). El resultado representó una verdadera debacle para el aparato del sindicato franquista. Las CUD obtuvieron mayorías holgadas de enlaces y jurados en las grandes y medianas empresas, así como puestos relevantes en las UTT (Uniones de Trabajadores y Técnicos) en algunas comarcas y ramas provinciales. Esta circunstancia resultó muy importante a la hora de organizar las huelgas así como la participación de las plantillas en la toma de decisiones. Así, las Comisiones impulsaron asambleas de representantes para garantizar los flujos de información de abajo hacia arriba y viceversa. Cuando eso no fue posible, como en el caso de la construcción, fue una Comisión Asesora, alternativa al organismo verticalista la que no sólo organizó las huelgas en el sector, sino también la elaboración de la plataforma reivindicativa del convenio provincial. Las plataformas de convenio y las acciones se decidían en asambleas de fábrica o de representantes en el caso de las asambleas locales (Getafe) o comarcales (Henares). Ya en diciembre de 1975 algunas empresas cerraron y lo mismo sucedió con los propios locales del sindicato vertical, en este caso con el consentimiento del Ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, que se posicionó sistemáticamente con las empresas. Esto hizo que las asambleas se trasladasen a locales parroquiales, plazas de diferentes localidades y descampados. No obstante, lo más destacable fue el papel central de la asamblea, tanto en la elaboración de las plataformas reivindicativas como en las decisiones sobre la convocatoria de las propias huelgas.
Las reivindicaciones de las huelgas de 1976: salarios, amnistía y libertad sindical
Por lo que concierne a las reivindicaciones, todas las tablas incluían aumentos de salarios por encima del llamado coste de la vida, lo que significaba romper los topes marcados en el Decreto gubernamental; readmisión de los despedidos y libertad de los detenidos habidos a lo largo de los meses de diciembre y enero; sindicato obrero, frente al aparato franquista que representaba el vertical; amnistía. Estas reivindicaciones indican una gran politización, especialmente si tenemos en cuenta la petición de sindicato obrero y amnistía.
Por otra parte, en ningún momento se produjo una convocatoria formal de huelga general en la capital y su entorno industrial, a pesar de registrarse una situación en enero de huelga generalizada. De facto, el cálculo de 335.000 huelguistas efectuado por la prensa de entonces significa que una mayoría matemática de la fuerza de trabajo madrileña hizo huelga. Frente a la convocatoria de huelga general, se siguió la táctica teorizada y ensayada por las Comisiones Obreras de la mancha de aceite. Dicho de otro modo, en lugar de convocar la huelga a una fecha fija, ésta se iba extendiendo a partir de las empresas en que existían condiciones para ello, al modo en que se extiende una mancha de aceite.
La cuestión fue que, ya en diciembre, se registraron paros parciales y jornadas de huelga en diferentes sectores como la construcción, la banca o el taxi. También en Getafe se produjeron paros en las grandes empresas del metal, como CASA, John Deere, Kelvinator, Intelsa, etcétera. Muchas de ellas establecerían el lockout; es decir, cerrarían sus puertas por decisión patronal. En Getafe tuvo mucha importancia la ocupación de la vía pública a través de diversas manifestaciones a las que, además de los trabajadores, se sumaban las Asociaciones de Amas de Casa o los estudiantes de secundaria. La fuerza pública acosó estas manifestaciones con cargas sistemáticas. Por otra parte, la huelga se extendió además a los polígonos industriales de Leganés y Fuenlabrada, localidades próximas a Getafe, aunque con un crecimiento urbano e industrial más reciente. En la capital, la Standard, una empresa del sector del metal que fabricaba estaciones de telefonía, también inició paros parciales en diciembre en sus dos factorías de Ramírez de Prados y Villaverde. Entre ambas sumaban más de 12.000 trabajadores y trabajadoras. La empresa también hizo lockout. En suma, durante el último mes de 1975, el número de huelguistas se situó en torno a los 150.000 en Madrid y su periferia industrial.
Tras el paréntesis navideño, las huelgas y las manifestaciones en la calle se reanudaron. Del 6 al 9 de enero pararon los 4.000 trabajadores y trabajadoras del Metro. El Gobierno militarizó el servicio. En la Telefónica, los paros se extendieron desde el 12 hasta el día 16 en las oficinas, almacenes e instalaciones. La construcción volvió a la huelga desde el día 12 hasta el 18. En Getafe los paros comenzaron al día siguiente de Año Nuevo y una semana después todas las fábricas estaban cerradas. Ese mismo día en la plaza del Ayuntamiento se concentran 18.000 personas y se producirán detenciones de diversos representantes obreros y de entidades ciudadanas.
En enero, además de la comarca nucleada en torno a Getafe, en el sur, las huelgas se extendieron al Corredor del Henares (Torrejón, San Fernando y Alcalá). Se registraron asambleas masivas y cargas policiales. En la capital las dos fortalezas obreras del metal, Standard y la automovilística Chrysler, con una plantilla de 13.000 personas, entraron en conflicto, produciéndose despidos. También fueron a la huelga en el enero madrileño de 1976 la banca, los seguros y las artes gráficas, además del servicio de Correos que, como el Metro, resultó militarizado.
Como hemos indicado, todas estas huelgas tuvieron un carácter laboral, pero al mismo tiempo estuvieron fuertemente politizadas. No sólo porque se reclamó el reingreso de las personas despedidas y la libertad de los detenidos en las mismas, sino porque la exigencia de la amnistía y de la libertad sindical se generalizó en las plataformas de empresas y sectores.
Como es conocido, el caso de Madrid no fue único. Se situaba dentro de una oleada de huelgas, sin precedentes por su extensión y politización desde la guerra, que constituyeron el núcleo de las protestas populares que frustraron la continuidad del Gobierno de Arias Navarro y con ello, el continuismo franquista.
