Las intervenciones militares de EE.UU. e Israel responden a una lógica estructural de control de recursos y hegemonía global, con profundas consecuencias económicas y sociales para el mundo
Por Vicente López, director-gerente de la Fundación 1º de Mayo
El ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel corrobora un continuum en la política exterior estadounidense (e israelí) de transgresión de la legalidad internacional vigente y, con ello, de debilitamiento de las organizaciones e instituciones internacionales de carácter multilateral. Los objetivos, aunque la puesta en escena sea más brutal y menos impostada que en otras ocasiones, como la que presenciamos hace poco en Venezuela, siguen siendo principalmente los mismos para los EEUU: el control directo o indirecto de los recursos productivos básicos, en especial, de las energías fósiles. Pero no podemos olvidar tampoco cómo afecta el “estado de shock” que genera cualquier conflicto bélico en la conformación de las políticas socioeconómicas.
Es una obviedad que, tras las actuaciones militares de las últimas décadas en Libia, Irak, Siria, Venezuela, Gaza… o Irán, hay intereses económicos. No son actuaciones, como se suele justificar políticamente por aquellos grupos que respaldan estas intervenciones, que defiendan o mejoren a nivel global la democracia y libertad. Estamos ante escenarios donde se utiliza la fuerza bruta, descarnada, para mantener, en último extremo y a medio y largo plazo, el buen estado de salud de la tasa de ganancia, especialmente representada por los beneficios de las empresas transnacionales occidentales. No es algo nuevo. Diferentes autores han (d)enunciado a lo largo de la historia esta peligrosa conexión entre capitalismo, imperialismo y guerra. Naturalmente, estos intereses también son defendidos por otros gobiernos y otras empresas transnacionales, distintos al estadounidense, siempre bajo la amenaza de que, si no están del lado “correcto”, pueden quedarse fuera del reparto del botín.
Hay pocas dudas al respecto de que la política exterior de los EEUU tiene como objetivo básico el aislamiento y declive de aquellas economías que considera competidoras a escala planetaria, principalmente, China. Así lo atestiguan la guerra en Ucrania, el genocidio de Gaza, el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, el bloqueo económico en Cuba o la guerra en Irán, con el asesinato del ayatolá Jameneí. Su idea elemental es la dominación explícita o implícita de los respectivos gobiernos (y territorios) para así salvaguardar sus intereses “estratégicos” (y de sus aliados serviles): desde el petróleo, a las tierras raras, pasando por los recursos hídricos, o la captación y gestión de datos. En este último aspecto, cabe visibilizar el control estratégico de la tecnología digital y, en especial, de la inteligencia artificial, que se perfila como un mecanismo no solo de captación de rentas o de explotación laboral, sino también de control ideológico y militar.
El nuevo orden internacional: la guerra por los recursos y el beneficio económico
La dinámica económica en una economía de mercado, desde una visión que transciende la visión individualista, positivista, antiigualitaria y antiecológica de la ortodoxia de la síntesis neoclásica, necesita para su funcionamiento de la provisión continuada de materias primas (materia y energía) para su producción y reproducción en el tiempo y, por supuesto, de la provisión de mano de obra. Pero, para que estos suministros sean funcionales al capitalismo, al “libre mercado”, son necesarios, desde la perspectiva neoliberal, ciertos mecanismos normativos que impidan la extensión de aquellas legislaciones nacionales o regionales protectoras de los derechos básicos de la población trabajadora o aquellas que limiten la actividad en función de necesidades ecológicas. Es decir, la perspectiva neoliberal requiere atacar, también militarmente a todo aquello que ponga en duda “las fuerzas del mercado”, como eslabón prioritario que dinamiza el proceso de acumulación y concentración del capital. De ahí, por ejemplo, la ofensiva de la derecha más o menos extrema contra el movimiento sindical, las políticas públicas igualitarias o las actuaciones tendentes a la reducción de emisionesde gases de efecto invernadero. La forma de gobierno que debería acometer estas regulaciones que impidan el buen funcionamiento del mercado puede ser o no democrática. De hecho, a lo largo de la historia para “salvar nuestra civilización”, eufemismo de capitalismo, se ha recurrido de forma reiterada a diferentes formas de autoritarismo. La intervención militar en Irán también debe leerse desde esta perspectiva.
Por otro lado, como también es evidente, estas actuaciones de control geopolítico no son neutrales en términos distributivos: tienen un impacto inmediato en las economías de los diferentes Estados-nación, en sus presupuestos y en su dinámica productiva, laboral y económica.
Así, en primer lugar, presiona al alza el gasto en armamento (se pone de moda la máxima “Si vis pacem, para bellum”), detrayendo fondos de otras necesidades más urgentes y esenciales para la población como pueden ser la mejora de los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, dependencia…), o aquellas tendentes a enfrentarse al mayor reto al que se enfrenta la humanidad: el desastre ecológico. Ni que decir tiene que tanto la transición energética (hacia energías renovables) como las políticas de adaptación al cambio climático son esenciales no solo para mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos o evitar daños catastróficos a la población, sino también, y dependiendo del mayor o menor desarrollo del gasto social, para aumentar los niveles de equidad. Las olas de calor o los diferentes fenómenos meteorológicos adversos afectan más a los más pobres que a los ricos. El anuncio de la administración Trump de la retirada de EEUU en más de 60 organizaciones internacionales, entre ellas, aquellas que tienen un perfil de lucha contra el cambio climático, iría en esta línea de priorización del beneficio económico frente a la sociedad.
En segundo lugar, estas tensiones geopolíticas también conllevan efectos distributivos en el corto y medio plazo, que serán más o menos intensos en función de la capacidad de respuesta y poder de negociación de los agentes sociales y económicos implicados. En este sentido, cabe resaltar, tal y como estamos viendo, el más que probable aumento en el nivel de precios: los de la energía (sobre todo de las energías fósiles), los que se deriven de la mayor tensión en las cadenas de suministro y, sobre todo, aquellos que son consecuencia directa del poder de mercado de algunas empresas (como ocurre en el sector energético o de la distribución). La mayor inflación, como ya hemos padecido recientemente, detraerá capacidad de compra a las rentas salariales, especialmente a las rentas más bajas. La cesta de la compra, que no es homogénea por clase social, se verá más encarecida en aquellos consumos que pesan más en las rentas de la clase trabajadora: energía, alimentación, transporte… Pero, incluso para las clases medias y altas, esta situación, como estamos viendo, tensionará los mercados financieros y con ello las expectativas de riqueza relativa (efecto renta por la pérdida de valor de las acciones en bolsa, por ejemplo). Ambos elementos, junto con la incertidumbre que genera una situación como ésta, conllevan una retracción de la demanda efectiva y, con ello, un debilitamiento de las dinámicas de generación de empleo. Otro elemento que, como sabemos, tiene un fuerte impacto distributivo: el previsible aumento de los niveles de desempleo o, en el mejor de los casos, el menor aumento de los niveles de empleo.
Esta menor demanda efectiva se verá también afectada por la actuación de los distintos Bancos Centrales, y por supuesto el Banco Central Europeo, cuya máxima no es el bienestar social, ni el pleno empleo, sino simplemente el control de precios. Es muy probable que, ante las “tensiones inflacionistas”, aumenten, más pronto que tarde (dependiendo de la evolución en los próximos meses), los tipos de interés (el Euribor, de hecho, ya está creciendo) asegurando así los derechos de los acreedores (bancos) frente a los de los deudores (por ejemplo, las personas que tienen una hipoteca). Pero, como es bien sabido, desde una perspectiva heterodoxa de la economía, este endurecimiento de la política monetaria tiene un objetivo intermedio: la contracción del consumo y de la inversión, para así minar, a través de un deterioro en la dinámica del mercado de trabajo, la capacidad de negociación de los y las trabajadoras. Se genera así, con más inflación y más desempleo, el entorno propicio para un resurgimiento de las “políticas austericidas”, que fortalezcan en última instancia la posición negociadora de los y las empresarias frente a los y las trabajadoras, y con ello, el aumento de la tasa de explotación laboral. Este es, grosso modo, la tendencia que podría consolidarse en el marco europeo – donde, recordemos, prevalecen las posiciones más conservadoras – en los próximos meses si se mantiene el apoyo a las políticas filo-fascistas de la administración Trump y, no lo olvidemos, del resto de gobiernos serviles.
Naturalmente, cualquier gobierno de tendencia progresista debería, en primer lugar, negar la mayor: la utilización de la fuerza bruta, siempre alejada de esa, siempre imperfecta, legalidad internacional que se fue gestando tras la II Guerra Mundial; y, en segundo lugar, poner en marcha, o al menos prepararse, para un amplio acervo de políticas socioeconómicas redistributivas y contracíclicas, tendentes a mantener niveles de vida dignos entre la población más vulnerable. Cuando la oposición de la derecha más o menos extrema en el Estado español, liderada por Santiago Abascal y seguida a pie juntillas por Alberto Núñez Feijóo, abraza sumisamente esta belicosidad y autoritarismo antidemocrático del mandatario estadounidense o israelí, o cuando señala que las políticas públicas que está preparando el gobierno progresista son una “cortina de humo”, no solo lo hace por esa muestra de seguidismo ideológico patético (y antipatriótica), sino porque es consciente de que, en un mundo con más desempleo, más desigualdad, más pobreza, más inseguridad e incertidumbre se acrecientan las posibilidades de que la población acceda acríticamente, como un mal menor, a unas condiciones de trabajo y de vida más penosas, asumiendo una menor capacidad de compra de sus salarios, viendo aumentado el precio de sus hipotecas o viendo deteriorados los servicios públicos básicos o sus pensiones en términos reales (su salario indirecto y diferido). Un escenario que, por otra parte, es inmejorable para consolidar las perspectivas codiciosas del capital, de esa minoría social que atesora la mayor parte de la renta y de la riqueza. Esa oligarquía planetaria actúa con el despliegue comunicativo y armamentístico que sea necesario, para hacer frente a cualquier atisbo de emersión de políticas que busquen la consolidación de derechos y la mejora de las prácticas democráticas, una distribución más igualitaria de la renta generada o mayor intensidad en las intervenciones públicas en materia de sostenibilidad.
