Hablamos con el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento sobre la relación entre agua y crisis ecosocial y cómo los principales impactos de la emergencia climática tienen su expresión en torno al vector agua
Por Laura Villadiego
El agua es uno de los elementos más vitales en la supervivencia del ser humano. Y, sin embargo, a menudo queda relegada a un segundo plano, como algo que se da por sentado. Es algo que ocurre también cuando se habla de crisis ecosocial, reflexiona el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo. Hablamos con él sobre la importancia de prestarle mayor atención no sólo a la preservación de ecosistemas acuáticos, sino también al derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, reconocido por las Naciones Unidas en 2010.
Pregunta ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la relación entre agua y crisis ecosocial?
Respuesta. Desde el primer informe que presenté en la Asamblea General (como relator), ya dije que afrontamos, a nivel mundial, una crisis que es particularmente paradójica. Es lo que yo llamo la crisis global del agua en el planeta agua. Yo sé que hablar de crisis global del agua no es arriesgado intelectualmente. Sin más hay que recordar que hay más de 2.000 millones de personas sin acceso garantizado a agua potable. Pero cuando digo que esta crisis se da en el planeta agua, estoy lanzando una idea que va en contra de lo que a menudo se plantea de que esta crisis viene de la mano de graves problemas de escasez porque en el mundo el agua dulce es escasa. Y yo no estoy de acuerdo. La inmensa mayoría de esas 2.000 millones de personas no son personas sedientas porque no tengan agua en sus entornos de vida. Son personas severamente empobrecidas que viven junto a ríos o sobre acuíferos contaminados, o sobre ríos o acuíferos cuyas aguas son acaparadas por poderosos actores económicos que ignoran los derechos humanos de esas personas.
Tenemos varios desafíos que afrontar. El primero, hacer las paces con nuestros ríos y los ecosistemas acuáticos. No podremos avanzar en dar agua potable a esos 2.000 millones de personas si no recuperamos la ingeniería natural que componen estos sistemas acuáticos. Claro que podemos hacer todo tipo de tecnologías o traer agua de más lejos o hacer una planta de osmosis inversa al lado de la comunidad, pero son personas y comunidades severamente empobrecidas que no pueden abordar esos costes y esas inversiones.
El segundo desafío es promover una gobernanza democrática del agua, entendiendo el agua como un bien común y no como una mercancía. Es decir, un sentido comunitario del agua como bien común, y de los ecosistemas acuáticos como bienes naturales que deben ser considerados patrimonio común y, por tanto, deben ser administrados desde la lógica del interés general y no desde la lógica de intereses particulares o privados encabezados por la lógica de mercado. Y en esto hay una plena vinculación entre el sentido de conservación del buen estado ecológico y el sentido social de entender el agua como un bien común.
P Cuando hablamos de crisis ecosocial, mayoritariamente se suele plantear este debate en términos energéticos. Y, sin embargo, usted en muchas ocasiones ha hablado de introducir ese ciclo hidrológico dentro de las cuestiones climáticas. ¿Cree que estamos perdiendo de vista la importancia del agua en esta crisis ecosocial?
R. Se coloca en un segundo rango o en tercero rango. Ya se ha llegado a un consenso, que no es poco, de que no solo el cambio climático existe, sino que está originado por los gases de efecto invernadero y muy en particular por la emisión masiva de CO2. Y, por tanto, se genera un consenso fácil en torno a la necesidad de que las políticas y estrategias de mitigación estén presididas por la transición energética. Y ahí se centra la mayor parte de los acuerdos y de los debates, de los calendarios que se hacen, de los esfuerzos, en definitiva. Y eso viene ayudado porque ciertamente hay también poderosos incentivos económicos y financieros para esa transición energética.
Sin embargo, echo a faltar muchas veces que se tome en consideración el hecho evidente de que, si bien la generación del cambio climático está en torno al vector de CO2, los principales impactos sociales del cambio climático y, en particular, sobre la gente en situación de mayor vulnerabilidad, se producen en torno al vector agua, por eventos extremos, tanto de sequía como de inundaciones o elevación del nivel de los mares, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde un enfoque de derechos humanos a la hora de confrontar el cambio climático, mirando a los que están en situación de mayor vulnerabilidad, deberíamos de dar una mayor importancia a las estrategias y políticas de adaptación para minimizar los impactos sobre quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad.
Y yo lo que insisto es que esas estrategias y esas medidas de adaptación deben vertebrarse en torno a la transición del agua, a la transición hídrica. Por tanto, necesitamos transición energética para vertebrar las políticas de mitigación; y transición del agua o hídrica para vertebrar las políticas y las estrategias de adaptación.
Con eso no quiero decir que la transición del agua no tenga una repercusión también muy importante en las cuestiones de mitigación. Hay cuestiones muy importantes en donde las políticas de agua pueden contribuir a las políticas de mitigación, pero las principales implicaciones de la gestión del agua están vinculadas, como he dicho, a minimizar los impactos y la vulnerabilidad de las poblaciones de situación de mayor pobreza.
P. El acceso al agua fue reconocido como un derecho humano hace menos de 15 años. Y sin embargo, se mantiene ese enfoque económico en la gestión del agua. ¿Ha supuesto un cambio real ese reconocimiento del agua como un derecho humano?
R. Como todo, desde que se declara formalmente a nivel máximo un derecho humano, porque eso ya pasa a ser una obligación de los estados garantizar el derecho humano a todos a cuantos viven en sus territorios, hasta que se articula, transportando eso a las legislaciones nacionales, lleva tiempo. En Europa, Eslovenia fue el primer país que lo incorpora a la Constitución, Francia y España lo incorporan a la legislación, en América Latina muchos países lo incorporan también a la Constitución. Pasarlo a la Constitución es una formalidad importante, pero hay que transportarlo a la legislación nacional en materia de aguas, y no solo a las legislaciones, sino a las normativas con las que al final se gestiona el día a día. Eso cuesta mucho tiempo y hay sectores interesados en poner todo tipo de palos en la rueda. Con lo cual hay muchas veces que estas cosas se reconocen a alto nivel con mucha solemnidad, pero no se aterrizan en las realidades de la gente y en la realidad legislativa sin normativa. Eso cuesta mucho.
Por tanto, ¿es útil? Claro que es útil, lo que pasa es que es la aplicación es lenta. A nivel europeo hemos hecho una directiva marco, que ya es una ley de obligado cumplimiento en Europa, como es la Directiva Marco de Agua, aprobada en el 2000 y estamos todavía implementándola con muchas dificultades. Y lo mismo pasa con la declaración como derecho humano; cuesta mucho de aplicar. Los avances más efectivos se están dando a nivel local, porque al final las competencias de gestión de agua y saneamiento son municipales en casi todos los países. Entonces, está habiendo países en ciudades, grandes ciudades, en Colombia, ahora en Francia, en España, en donde se fija, por ejemplo, un mínimo vital que es gratuito para quienes no pueden pagar aquellas personas que están en situaciones o riesgo de pobreza, y se establece la prohibición de cortar el agua a una familia en situación de pobreza. Eso se está consiguiendo finalmente a nivel de ciudades, antes que, muchas veces, a nivel de leyes nacionales.
De todas maneras, España, por ejemplo, ha aprovechado la nueva directiva de agua potable, que no reconoce directamente el derecho humano al agua potable, pero en la que los objetivos perfilan un derecho humano al agua potable. Los Estados pueden legislar e integrar un texto más ambicioso que la propia directiva, reconociendo el derecho humano, siempre que eso se justifique, que es para mejor cumplir los objetivos de la directiva. Y como esos objetivos son de derecho humano, España y Francia han dado ese paso. Y España ha reconocido incluso un mínimo vital, que es el que expresa el derecho humano, de 100 litros persona y día. Habrá que dar pasos normativos para que a nadie se le corte, si está en una situación de vulnerabilidad y de pobreza o riesgo de pobreza, se le mantenga como mínimo una provisión de 100 litros por persona y día. Eso está por hacer.
Se van dando pasos a nivel global, se van dando pasos a nivel nacional, se van dando pasos más efectivos a niveles locales y, por tanto, la declaración como tal de Naciones Unidas, claro que sí, fue muy útil y tiene que serlo mucho más.
P. Estaba hablando en concreto del caso en España y aquí una de las controversias que ha surgido con mucha fuerza durante los últimos años es la de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, fundamentalmente en aquellas zonas donde tienen una mayor concentración de ganadería. ¿Si se ha reconocido el derecho al agua como derecho humano, no se debería garantizar que estas aguas no se vean contaminadas?
R. Evidentemente. Yo justamente dirigí al Gobierno español una carta en donde explicaba esto. Explicaba que España, al igual que otros países en donde pensamos que estamos satisfaciendo los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, no está haciendo una gestión de agua con un enfoque de derechos humanos. Y explicaba por qué. Cada vez que permitimos sobreexplotar un acuífero o contaminarlo con nitratos o con pesticidas, siendo que es un acuífero que sirve de base a la provisión de abastecimiento urbano, abastecimiento de agua potable, no se tiene un enfoque de derechos humanos. Y se está haciendo continuamente y cada vez más. De hecho España está siendo multada por trasgredir los máximos de nitratos en aguas. Pero ¿cómo resolvemos el problema? Se está resolviendo a veces con camiones cisterna, haciendo una inversión enorme para traer agua de más lejos; en algún caso incluso se está haciendo osmosis inversa. Y yo digo, ¿y a quién le cargamos el coste ese de traer agua de más lejos o de hacer osmosis inversa? ¿A quien ha producido el impacto? Por negligencia de la administración, cierto también, pero ¿cargamos el coste en base al principio de que quien contamina paga? No. Ahora se lo estamos cargando a los usuarios, se lo cargamos a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas.
Por tanto, yo digo al Gobierno español que aunque al final se acabe trayendo agua potable de otro sitio, ese no es un enfoque de derechos humanos, porque reconocer el agua como un derecho humano y aplicar un enfoque de gestión de aguas como derecho humano es dar prioridad a las fuentes más cercanas y de más calidad para agua potable y no para producción económica de cualquier tipo, ya sean regadíos o actividades económicas legales o ilegales, si son ilegales con mayor razón, pero hay que dar prioridad a esos acuíferos, a esos ríos, a esa provisión de agua potable con las fuentes más cercanas, de más calidad y de más garantía, y por tanto más baratas, para atender la prioridad del derecho humano. Y eso no se está haciendo.
P ¿Cree que la opinión pública tiene un concepto economicista del agua como un recurso que tiene que ser explotado y no como un derecho humano?
R. Depende. Mi informe de este año, que acabo de presentar en Ginebra ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos, es sobre el agua en los usos económicos desde un enfoque de derechos humanos. Y para ello, para caracterizar cómo hacer ese uso del agua en los usos económicos legítimos, he planteado qué consideramos que es el agua. ¿Es una mercancía o es un bien común? Si es un bien común, y yo defiendo que debe ser gestionado como un bien común, entonces el agua debe estar bajo dominio público, como de hecho está, en principio, y los ríos y ecosistemas acuáticos también, pero debe gestionarse también como un bien común, accesible para todos pero no apropiable por nadie. Y por tanto la prioridad, como he dicho, es satisfacer las necesidades de derecho humano.
En segundo nivel, las necesidades que se consideran de interés general de la sociedad. Y solo en tercer lugar, el agua para desarrollo económico legítimo. E incluso, cito siempre de manera a veces un poco provocativa, lo que llamo el agua crimen. El agua en actividades económicas que contaminan tóxicamente, que ponen en peligro la salud de las personas, que ponen en peligro la salud pública y que ponen en peligro la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos de los que todos dependemos. Eso debe ser prohibido y perseguido. Y no vale decir que es que está produciendo economía. Si usted está contaminando con tóxicos, eso es un delito. Otra cosa es que luego lo persigamos o miremos para otro lado. Si estamos sobreexplotando un acuífero, estamos robando el agua que es de todos. Si estamos haciendo un millón de pozos ilegales que hay en España, estamos haciendo un millón de robos diarios de agua que es necesaria con otras prioridades. Y no podemos mirar para otro lado, que es lo que se está haciendo.
Yo desde este informe lo que defiendo claramente es que el agua debe ser gestionada como un bien común y por tanto el Estado debe de garantizar no sólo gestión pública, también transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas porque es un bien común y debe de participar la gente, no sólo el Estado. El Estado debe garantizar una gestión democrática del agua como bien común y hacer eso implica establecer un orden ético de preferencias. Y en ese orden el uso económico tiene un lugar, pero no es la prioridad.
