Ningún proceso político puede ser considerado ejemplar cuando la violencia lo sacude de forma constante, cobrándose centenares de víctimas, como ocurrió durante la Transición en España cuando se sumaron más de seiscientas víctimas mortales en siete años
Por David Ballester, doctor en Historia Contemporánea (CEDID-UAB)
Es harto conocido que el periodo de la Transición ha sido objeto durante las décadas pasadas de un verdadero proceso de blanqueamiento, con el objetivo de adornar aquellos años con adjetivos como los de “ejemplar” o “modélica”. Esta persistente intención subordina el análisis subyacente de lo acaecido entre 1975 y 1982 al resultado final, es decir, la consecución de un sistema parlamentario. Esta interpretación con voluntad de convertirse en el relato hegemónico ha contado con amplios apoyos mediáticos, políticos e institucionales. Una interpretación de estas características obvia necesariamente aquellos aspectos menos gratificantes, los que pueden poner en cuestión un relato, según nuestro criterio, constantemente edulcorado.
Así, ningún proceso político puede ser considerado ejemplar cuando la violencia lo sacude de forma constante, cobrándose centenares de víctimas. En el caso que nos ocupa, 498 procedentes del terrorismo, especialmente de ETA, que se cobraría dos terceras partes de las víctimas, pero también de otras formaciones, entre las que destacaría las de raíz ultraderechista, que también puede ser calificada como de parapolicial, por la evidente connivencia del aparato del Estado en estos crímenes, que excedieron a las 60 víctimas mortales. De forma paralela también se produjo una violencia institucional, que se cobraría un mínimo de 136 víctimas mortales, todas menos una (atribuible a funcionarios de prisiones) como resultado de excesos policiales. A partir de estas cifras, es obvio que ningún proceso político que sume más de seiscientas víctimas mortales en siete años puede merecer una valoración amable respecto a su contenido.
Centrándonos en el ámbito que nos ocupa en este escrito, podemos convenir que la violencia policial y las mismas estructuras de sus diferentes cuerpos fueron una de las herencias más envenenadas que recibió la naciente democracia de la fenecida dictadura. Para acabar convirtiéndose en uno de los mayores problemas de la democracia, una sombra alargada que se perpetúa en determinados aspectos hasta nuestros días.
Durante la Transición los excesos policiales se cobraron un mínimo de 135 víctimas mortales, que se deben contabilizar al lado de numerosos heridos, contusionados y torturados, como resultado de unas prácticas policiales que se perpetuaban con la misma contundencia que se había ejercido en vida del dictador. Estas víctimas se produjeron bajo tres parámetros. El primero y más numeroso es el que denominamos gatillo fácil, es decir, el uso y abuso de las armas de fuego por parte de agentes policiales, tanto si se encontraban de servicio como francos del mismo. Un total de 93 ciudadanos perdieron la vida por actuaciones de este tipo, que se podían llevar a cabo en el curso de intentos de detención o de identificación, en controles – los denominados entonces “los controles de la muerte” – o como resultado de balas perdidas en el curso de operaciones policiales.
Una cifra muy significativa de esta tipología de víctimas se produjo a manos de policías que no estaban de servicio, en especial en el marco de establecimientos de ocio como bares y discotecas, con preferencias en las madrugadas de los fines de semana y con el exceso de ingesta de alcohol presente en la mayoría de los casos. Dentro de este ámbito hemos establecido tres tipologías para una mejor clarificación de este tipo de excesos. El primero sería el relacionado con el ámbito político, claramente minoritario; el segundo, el relacionado con la delincuencia común, que se llevaba a cabo bajo el axioma de que el “mejor delincuente, es el delincuente muerto”, aunque este no fuera armado ni se enfrentara a los agentes; y, en tercer lugar, el ampliamente mayoritario que adjetivamos como gatillo fácil civil. Es decir, aquel que afecta a aquellos ciudadanos que no tenían ninguna relación con actuaciones de tipo político ni con la delincuencia común, y que perdieron la vida en situaciones, a menudo absurdas, como resultado de la perpetuación en las filas policiales de los mismos hombres que habían servido durante los cuarenta años anteriores, y con ellos, su modus operandi.
El segundo ámbito bajo el que se produjeron víctimas mortales fue en el curso de la represión de manifestaciones, huelgas y cualquier otro tipo de movilización, con un total de 37. En este ámbito la mayor parte de fallecidos se produjeron por un impacto de bala, una munición que, en principio, no debe ser usada en este contexto. En segundo lugar, encontramos aquellos que perdieron la vida por el impacto de material antidisturbios, normalmente balas de caucho y en un caso de un bote lacrimógeno, una munición que en principio debe ser disparada siguiendo unos protocolos con el objetivo de evitar efectos letales. Finalmente, en tercer y último lugar, nos encontramos con cinco ciudadanos que perdieron la vida durante la Transición como resultado de las torturas que les fueron infligidas por agentes policiales.
Centrándonos en el año 1976, en el curso de este año se produjeron 23 víctimas mortales como resultado de excesos policiales: 13 por episodios de gatillo fácil y 10 en el curso de represión de movilizaciones. En el conjunto de la Transición fue el segundo año más violento bajo este parámetro, solo superado por 1977, cuando se produjeron 26 víctimas. En su conjunto adquieren especial relevancia las cinco víctimas mortales como resultado de la represión policial de los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, a los que se deberían sumar los dos fallecidos en las protestas que suscitó esta verdadera masacre, en Tarragona y Basauri (Vizcaya).
Durante el año que nos ocupa, la cartera hoy denominada de Interior, entonces Gobernación, estuvo a manos de Manuel Fraga Iribarne hasta el mes de julio y Rodolfo Martín Villa a partir del día 7 de este último mes. Durante el mandato del primero se produjo una víctima mortal a consecuencia de excesos policiales cada 13 días, y durante el del segundo, cada 17. Por otra parte, es preciso señalar dos características que acompañaron este tipo de actuaciones, que fueron una constante a lo largo del periodo de la Transición. Hacemos referencia tanto la impunidad de la que gozaron, como norma general, los victimarios, especialmente si actuaban estando de servicio, como la falsedad del relato policial oficial en relación con el suceso, cuando se producía una actuación policial que se cobraba la vida de un ciudadano.
Al respecto, podemos convenir que la perpetuación de una policía creada, formada e instruida durante la dictadura, sin mutación significativa alguna, se convirtió en un lastre evidente, ya que con los hombres también se traspasaron sus métodos. Una circunstancia que se vio potenciada por la incapacidad y voluntad política de los diferentes gobiernos por llevar a término las actuaciones quirúrgicas que la situación requería, atenazados por el constante azote del terrorismo, convencidos de que cualquier actuación quirúrgica en los cuerpos policiales podía provocar una respuesta airada de los mismos y dejar inerme al Estado. Así, en unos cuerpos de seguridad ajenos en su inmensa mayoría a una cultura democrática, bajo el mando de responsables y mandos de pasado franquista y presente ultraderechista, cada nuevo atentado, especialmente cuando castigaba a policías y guardias civiles, incrementaba el estado de tensión permanente en el que vivían los agentes, pero también alimentaba el odio y el anhelo de venganza por parte de muchos de estos. De esta forma se entraba en un bucle que generaba respuestas desproporcionadas por parte de agentes, tanto de servicio como francos del mismo, que se acababan traduciendo en la pérdida de vidas de civiles ajenos por completo al terrorismo, en un marco de total impunidad. De este modo, cada nueva víctima de un exceso policial se convertía en un elemento más en el proceso de pérdida de legitimidad por parte de los cuerpos policiales, que, a la vez, era aprovechado especialmente por ETA para justificar sus desmanes. En definitiva, una página oscura de la supuestamente “modélica” Transición, a menudo obviada en el relato del periodo, y, en consecuencia, a reivindicar para que “las otras víctimas” no sigan relegadas en un rincón de la historia sin obtener el reconocimiento que todas ellas merecen.
