El calentamiento global ya está teniendo efectos sociales desiguales. Sin políticas de adaptación eficaces, aumentarán la vulnerabilidad, la inseguridad y la pobreza relativa de la clase trabajadora
Por Antonio Ferrer Márquez. Coordinador del Área de medio ambiente y movilidad sostenible de la Fundación 1º de Mayo
Vicente López Martínez. Director-Gerente de la Fundación 1º de Mayo
A pesar de las advertencias científicas, las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando, consolidando una anomalía térmica superior a los 1,5 °C respecto a los valores preindustriales y confirmando que nos encontramos en un proceso de cambio climático irreversible. Este escenario agrava los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales, y la falta de políticas de adaptación adecuadas —en ocasiones frenadas por el negacionismo o el retardismo climático— profundiza la vulnerabilidad y la desigualdad social. En consecuencia, la lucha contra la desigualdad requiere priorizar estrategias que minimicen el impacto socioeconómico en la clase trabajadora y en los países más pobres, combinando la mitigación de emisiones con una adaptación social efectiva.
Durante décadas, la comunidad científica ha venido alertando repetidamente de la necesidad de reducir drásticamente los gases de efecto invernadero (GEI), en un intento por desacelerar el calentamiento global. A pesar de tener los conocimientos y los instrumentos necesarios, se ha avanzado muy poco en la solución del problema. Como dato, las emisiones globales de combustibles fósiles han aumentado un 1,1% en 2025, alejando todavía más aquel objetivo de 1,5°C para el año 2050. Este límite de seguridad propuesto por la ciencia para evitar los peores impactos del cambio climático ya se habría superado: según datos del servicio de observación terrestre de la Unión Europea Copernicus, 2024 fue el primer año natural completo en registrar una temperatura media superior a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, alcanzando una anomalía estimada de 1,55 °C. Por lo tanto, todo indica que ya hemos agotado el margen temporal para un cambio de tendencia que nos sitúe dentro de unos valores gobernables, si bien se siguen manteniendo los mismos objetivos: debemos reducir las emisiones (mitigar) para que este aumento de GEI y temperatura media no continúe (no sea más inviable la vida) y, sobre todo, adaptarnos socialmente (y culturalmente) a este nuevo escenario de mayores temperaturas y cambio en los patrones climáticos a los que hemos estado acostumbrados a lo largo del Holoceno.
Conviene recordar que el impacto de estos cambios no será homogéneo, ni en términos territoriales, ni productivos y, por lo tanto, ni en términos económicos, sociales y laborales. Dada la creciente desigualdad en la distribución de recursos económicos, serán las personas más vulnerables las que sufrirán las peores consecuencias, tanto en países ricos como pobres. No hay duda de que, ante este escenario distópico, serán las personas con mayores recursos económicos-y poder político-, en el país que sea, las que verán menos alteradas sus condiciones de vida, aumentando, con ello, la inseguridad y la pobreza relativa de la clase trabajadora. Dicho de otra forma, el proceso de adaptación en el que estamos inmersos acrecentará la incertidumbre en la población con menores recursos. Ni que decir tiene que esta mayor incertidumbre está detrás, entre otras, de la génesis de posiciones políticas autoritarias.
El agravamiento del cambio climático traerá un aumento de los fenómenos extremos y con ello mayores desastres naturales: lluvias intensas e inundaciones, grandes episodios de calor que incrementarán el riesgo de incendios o episodios de frío y nevadas en lugares poco habituales. A nivel del planeta, el año 2025 fue el tercero más cálido desde que hay registros. Los últimos 11 años han sido los 11 más cálidos y las temperaturas globales de los últimos tres años (2023-2025) superaron, como ya hemos señalado, en promedio los 1,5°C respecto a las del nivel preindustrial (1850-1900). No solo eso, en el año 2025 se alcanzó el récord de incendios forestales en España, con cerca de 400.000 hectáreas calcinadas y unas emisiones de CO2 asociadas equivalentes a las emisiones anuales de más de 4 millones de vehículos, 5 veces más que las emitidas por la aviación nacional o el doble que las de la industria del refino. A todo ello podríamos añadir otros datos alarmantes, entre otros, la pérdida de biodiversidad, el empobrecimiento de los suelos fértiles o el deterioro de los recursos hídricos. No olvidemos que la intensidad de los incendios y la pérdida de masa forestal realimentan estos procesos. En concreto, en el caso del cambio climático, aparecen 27 procesos de retroalimentación física y biológica que dinamizarían más si cabe la emisión de GEI y que no se encuentran del todo integrados en los modelos de predicción.
Los fenómenos climáticos adversos que se han dado en España en estos últimos años – olas de calor, DANAs, sucesión de borrascas – ponen en evidencia la falta de políticas adaptativas a este nuevo escenario y, sobre todo, cómo estos tienen unas consecuencias distributivas que agravan los niveles de desigualdad social. Esta falta de respuesta sociopolítica está aderezada, además, por un irresponsable negacionismo climático en algunas instancias gubernamentales. Este negacionismo o retardismo climático paraliza las políticas adaptativas y, con ello, agrava las consecuencias humanitarias de estos eventos meteorológicos extremos. El ejemplo de la DANA en el País Valencià en 2024 es un ejemplo claro.
Debemos tener en cuenta que la Península Ibérica se encuentra dentro de la zona cero del cambio climático y se verá afectada por la mayoría de los fenómenos adversos asociados a este cambio climático: déficit hídrico estructural, incendios forestales, reducción de la capacidad productiva agraria, transmisión de enfermedades, impactos en la salud, afección a las infraestructuras, pérdida de biodiversidad, etc.
Quedémonos, por lo tanto, con este mensaje: estamos ya, se quiera o no se quiera, inmersos en un proceso de cambio climático irreversible que conlleva, entre otros, fenómenos meteorológicos adversos que afectarán de forma diferencial a distintos territorios y sectores productivos, y con ello a los y las trabajadoras. Sin una política de mitigación a largo plazo (para evitar el agravamiento del problema) y, a corto y medio plazo, de adaptación eficaz, aumentarán la vulnerabilidad, la inseguridad y, por lo tanto, la pobreza relativa de la mayor parte de la clase trabajadora y, sin lugar a dudas, de los países más pobres. La lucha contra las desigualdades sociales pasa ineludiblemente por la priorización de estas políticas adaptativas que minimicen el impacto socioeconómico del cambio climático y, para evitar mayores males, por aquellas que minimicen a largo plazo la emisión de gases de efecto invernadero.
