Para ver un letrero de Uralita en la fábrica de Alcázar de San Juan hay que dar toda la vuelta al edificio. Sólo se ve desde las vías del tren. Toda una metáfora del esfuerzo que están haciendo estas grandes empresas para ocultar el reguero de enfermos y fallecidos de cáncer de pleura que ha dejado la producción y manipulación de amianto. Desde los años 60 se sabía que el amianto era cancerígeno, sin embargo, nadie informó ni protegió a los trabajadores. El próximo 13 abril el Congreso de los Diputados votará a favor o en contra de la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una vieja reclamación de CCOO que ya solicitó de manera formal a los grupos parlamentarios en 2011. Quienes se sientan en el Congreso tienen una enorme responsabilidad: mirar a las víctimas a los ojos y acoger su sufrimiento o darles la espalda.
Euskadi ha sido uno de los territorios en los que más se ha luchado para visibilizar a las víctimas del amianto. Es una lucha coral en la que CCOO ha jugado un papel importante, su exsecretario de Salud Laboral, Jesús Uzkudun, personifica el esfuerzo de toda una organización que finalmente consigue que la sociedad escuche. Representa también la tenacidad de enfermos y familiares de ASVIAME, una de las primeras asociaciones de víctimas del amianto que se han creado en el Estado Español, que tiene base en Euskadi. Como Uzkudun señala: “Con el amianto existe una responsabilidad de Estado. Se sabía que era cancerígeno y el Estado y las empresas miraron hacia otro lado”.
Ese liderazgo vasco explica que sean los parlamentarios Jon Aiartza (PNV), Eba Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE-EE) quienes volverán a reclamar el próximo 13 de abril, en el Congreso de los Diputados, la creación de un fondo estatal de compensación para víctimas del amianto, una demanda que el Parlamento Vasco ha llevado hasta en tres ocasiones a la cámara baja en los últimos años, sin que hasta el momento haya obtenido un resultado positivo. Cuando no ha sido falta de voluntad política ha sido el adelanto de las elecciones, pero el caso es que el fondo de compensación a las víctimas del amianto sigue sin crearse y el Congreso se enfrenta de nuevo a esta responsabilidad la próxima semana. Lo que hay detrás de esa demanda son personas que han enfermado por manipular amianto o familias que han perdido a sus seres queridos. Al dolor hay que sumar el sentimiento de impotencia frente a la injusticia.
“Las empresas hacen todo lo posible para eludir su responsabilidad y como la enfermedad tarda tantos años en manifestarse muchas veces las firmas responsables han desaparecido o están en quiebra, de ahí la importancia de la creación de ese fondo que actuaría cuando la empresa no existe” lo explica Francisco Javier González, abogado de CCOO en Ciudad Real. El calvario judicial para reclamar los derechos de los trabajadores enfermos y sus familias tiene mil y una veredas: “Con el caso de José Antonio García Quintana, que ya ha fallecido, hemos tenido que ampliar varias veces la demanda, porque Uralita se iba transformando en otras firmas. Ahora hemos tenido que volver a suspender el juicio para ampliar la demanda al administrador concursal, pues la empresa que dio continuidad a Uralita está en concurso de acreedores”. “El calvario judicial – explica González- es tan grande y la desprotección que esos plazos generan es tan importante, que desde CCOO Ciudad Real estamos considerando ir por la vía penal: hay un delito de lesiones y un delito contra el derecho a la salud de los trabajadores. Y ahora, con la reforma del Código Penal, las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal”. Por la vía penal está yendo CCOO-Madrid con el tema del Metro de Madrid. El macro juicio está en marcha y Metro Madrid, como Uralita, sigue martirizando a los enfermos recurriendo los dictámenes del INSS: “la propia empresa, una vez que el INSS ha reconocido la enfermedad, se está atreviendo a reclamar esa contingencia con lo cual esos trabajadores se convierten en víctimas por partida doble y eso sí que nos parece super duro para ellos y para sus familias” explica Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de CCOO-Madrid.
Escuchar la voz de las víctimas
Esos nombres de trabajadores fallecidos por exposición al amianto cuya responsabilidad rehúyen las empresas esconden una amarga historia detrás. Hablamos con Verónica, la hija de José Antonio García Quintana. En el lecho de muerte su padre le encargó que continuara la lucha que él había empezado.
En esta tierra de La Mancha donde Don Quijote luchó contra los molinos de viento, Verónica también está agotada de luchar contra gigantes. Sin embargo, sigue adelante por amor a su padre: “En enero de 2016 mi padre se encuentra mal, parece un resfriado, una gripe, y a los tres días me lo llevo al hospital y en una semana nos dan el diagnóstico. Mi padre tiene un mesotelioma pleural causado por el amianto. Nos dan una esperanza de vida de dos meses y, a falta de una semana para cumplirse esos dos meses, mi padre fallece. Fue un visto y no visto. El dolor de perderlo es inmenso, pero es que además has de estar pensando que mi padre venía a casa con su ropa del trabajo, mi madre lavaba esa ropa, mi hermana y yo abrazábamos a mi padre y teníamos ese contacto con lo que él traía del trabajo, lo que traía a casa, con lo cual te preguntas: ¿mi madre desarrollará la enfermedad? ¿la desarrollaré yo? ¿nos tocará también a nosotras? Y después de toda esta lucha te ves sola, te ves que estás luchando contra gigantes. Y, y no hay nadie que esté ahí para decirte que esto es así, es la verdad y se va a hacer justicia. Han pasado cinco años y a mí mi padre no me lo van a devolver, ni ahora, ni nunca, y tenía sesenta y dos años”.
Cuando José María Martín de Madrid escucha a Verónica se estremece: él era íntimo amigo de su padre. Los dos fueron delegados de CCOO en el Comité de Empresa de Uralita en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). José María recuerda perfectamente la fecha en que ambos entraron en la fábrica en 1976, con muy pocos días de diferencia: “Yo me vine de Madrid porque era la oportunidad de trabajar en mi pueblo. Todos teníamos la sensación de que nos había tocado la lotería por poder trabajar en Uralita. Teníamos 24 años y lo único que queríamos era trabajar. Nunca nos dijeron nada de la peligrosidad del amianto. En los inicios, comíamos el bocadillo encima de los sacos de amianto. Nosotros, los trabajadores fijos y los muchísimos eventuales que pasaban por la fábrica. Uralita amasó una fortuna y nosotros perdimos la salud y algunos la vida”.
“El día que fui a hablar con José Antonio al hospital me dijo: “Nada, que me ha tocado. Él sabía lo que le pasaba porque habíamos estado trabajando desde el sindicato para visibilizar la exposición al amianto y me pidió que luchara por los derechos de su familia”. Chema lleva décadas en la lucha: “El fondo de compensación para las víctimas lo pedíamos ya en 2001 -nos explica mientras nos enseña la documentación de unas jornadas organizadas ese año por CCOO en Madrid- con Ángel Cárcoba, otro de los sindicalistas históricos en la lucha contra el Amianto”. Han pasado 20 años de aquello y estamos igual.
José María tiene muy claro que la prioridad es la vigilancia de la salud de las personas expuestas, después la compensación a las víctimas y en tercer lugar el desamiantado y advierte: “lo que no puede pasar es que esas empresas que han estado poniendo palos en las ruedas a las víctimas no paguen por lo que hicieron y ahora reciban millones para retirar el amianto. Habrá que ver cómo se gestiona eso para que no se enriquezcan los de siempre y se proteja a los trabajadores”.
Carmelo García, también extrabajador de Uralita, ya está enfermo y está luchando por que se le reconozcan sus derechos. Acaba de conseguir el reconocimiento de “enfermedad profesional” pero eso aún no se ha traducido en un incremento de su pensión. “Yo aprobé una oposición para administrativo, pero me mandaron a talleres y allí estuve en contacto con el maldito amianto”. Él, que siempre ha sido deportista se sorprendió mucho cuando empezó a notar problemas respiratorios. Le han diagnosticado placas pleurales por exposición al amianto. De su caso hay algo que clama al cielo. Su diagnóstico no fue temprano, o fue confuso al principio. Su médico de cabecera era también el médico de la fábrica de Uralita. Carmelo está en esta lucha por él, por la justicia, por los compañeros y por su familia: “al principio nuestras mujeres lavaban nuestras ropas es casa”. El fondo de compensación a las víctimas sería la única manera de compensar a esas mujeres y a esos hijos e hijas si, por desgracia, alguna de ellas contrajera la enfermedad.
Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Castilla-La Mancha señala también la importancia de la vigilancia de la salud: “Debería ser una apuesta clara de la administración regional, el desarrollo de una campaña de vigilancia de la salud a trabajadores que han estado expuestos, aunque ahora no lo estén, y también a los familiares, mujeres y descendencia, que estuvieron en contacto con las ropas de trabajo donde portaban las fibras de amianto. La aprobación del Fondo es imprescindible para evitar que las víctimas sean doblemente víctimas, del amianto y del calvario burocrático y judicial que impide que se reconozcan sus derechos. Es de Justicia y el Congreso de los Diputados no puede fallarnos. Sería tremendo que miraran hacia otro lado”.
