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Propuesta de un carné por puntos para los empresarios

Sáb, 15/01/2005 - 12:20
GABRIEL MORENO

Propuesta de un carné por puntos para los empresarios

GABRIEL MORENO. Responsable de Salud Laboral de la Federación de Transporte y Comunicación de CC.OO.

La reciente normativa sobre el “carné por puntos” para los conductores parece una buena idea como forma de penalizar los incumplimientos de las normas de tráfico. Esta imaginativa forma de considerar como crédito cancelable la autorización para conducir, nos sugiere la posibilidad de aplicar un sistema parecido para los empresarios incumplidores de la legislación en salud laboral. Al fin y al cabo, en los dos casos lo que se plantean son derechos y obligaciones en torno a la seguridad de las personas.

Tanto en el caso de los conductores como en el de los empresarios, de lo que estamos hablando es de que unas determinadas personas toman decisiones o llevan a cabo comportamientos que, incumpliendo códigos o normas legales establecidos, acaban poniendo en peligro su propia vida o integridad o, lo que aún es más grave, la vida e integridad ajenas.

Partimos del principio que, cuando lo que está en juego son derechos tan básicos como el derecho a la vida o a la salud, hay que extremar las exigencias y perseguir con dureza los comportamientos inapropiados. Cada vez la sociedad tolera menos las conductas imprudentes en materia de tráfico y percibe con creciente alarma los datos de cada lunes sobre los accidentes del fin de semana. Las autoridades extreman las medidas de vigilancia y sancionan con rigor los incumplimientos del código de circulación.

Entonces, ¿por qué no trasladar esos mismos principios y políticas a la realidad laboral, donde conductas negligentes de los empresarios provocan al año miles de muertes, invalideces y otro tipo de daños a la salud de los trabajadores? ¿Qué distingue el comportamiento imprudente o criminal de un conductor que pone en peligro su vida o la de otras personas, del de un empresario que por negligencia, afán de beneficio o simple irresponsabilidad, incumple sistemáticamente las normas de prevención de riesgos laborales poniendo en peligro la vida de sus trabajadores?.

La idea que subyace en el carné por puntos es la de que la sociedad no da derecho de por vida a una persona para que pueda circular conduciendo vehículos de motor, sino que le otorga una licencia condicionada a su buena práctica y que, por tanto, le puede ser retirada en función de cómo desarrolle la actividad de conducción por carretera. Si hace un mal uso de dicha licencia, la sociedad se la quita y le obliga a demostrar que en el futuro la utilizará correctamente.

Es cierto que en el caso de los empresarios no se les exige, antes de montar una empresa, ningún examen ni prueba para que demuestren conocimiento de sus obligaciones. Se les supone sabedores de ellas en todos los órdenes: fiscal, mercantil, medioambiental, laboral y preventivo. Así pues, no seria descabellado que también aquí lo que se otorgue por parte de la administración sea una autorización sujeta a demostrar en la práctica que se conocen y se cumplen las leyes en los aspectos más básicos, es decir, los que afectan a la vida y la salud de las personas.

Se trataría, pues, de conceder a los empresarios un determinado número de puntos que se les irían retirando en función de los incumplimientos graves de la normativa. Los puntos podrían ir recuperándose mediante la realización de cursos y actividades de capacitación y sensibilización adecuadas, es decir demostrando en la práctica que hay voluntad de cambiar la conducta, que ya no se van a volver a repetir los mismos incumplimientos y que se va a conciliar la producción con la prevención. La formación perseguiría una mejor cualificación profesional del empresariado, además de promover una comprensión racional de la relación entre trabajo y salud y cambios actitudinales hacia la integración de la gestión preventiva.

Supongamos que, al igual que en tráfico, los empresarios disponen de 12 “puntos preventivos” iniciales. También aquí se pueden tipificar los incumplimientos con penalizaciones de 2, 3, 4 ó 6 puntos. Por ejemplo, realizar una excavación sin entibar, permitir trabajos en altura sin medidas de protección o utilizar productos cancerígenos igualmente sin protección, 6 puntos. No mantener dispositivos de seguridad en máquinas o de aspiraciones localizadas por manipulación de tóxicos, 4 puntos. No dotar a los trabajadores de equipos de protección individual en situaciones de riesgo evidente por presencia de agentes físicos, químicos o biológicos, 3 puntos. No establecer procedimientos de trabajo seguro para tareas con riesgos de seguridad, 2 puntos.

Si desde múltiples y plurales instancias se pretende impulsar un cambio de modelo productivo para competir en base a la calidad y el valor añadido de los productos, debería entenderse que la calidad sólo es tal si se refiere a todo el proceso y a quienes lo hacen posible, los trabajadores. Igualmente debería quedar claro que no hay calidad total en las empresas que dañan la salud de sus trabajadores y que, por tanto, hay que motivar a los empresarios para que así lo comprendan.

Con reiterada frecuencia se viene proponiendo primar los comportamientos o los resultados preventivos y penalizar a las empresas que no realicen prevención, mediante incentivos o recargos económicos en las cotizaciones sociales, es decir, el famoso bonus-malus. Ideas como la del carné por puntos podría contribuir a generar un amplio debate sobre la responsabilidad social del empresario y a promover cambios sustanciales en su forma de gestionar las empresas. Adecuadamente combinadas con las sanciones económicas y penales podrían ayudar al cumplimiento del anunciado compromiso del Ministro de Trabajo de reducir los accidentes de trabajo en un 40%.

 

Un juez retira el carné de empresario a un constructor

Alguien puede pensar que el artículo que publicamos en esta página sobre el “carné por puntos” aplicado a la salud y seguridad en el trabajo no pasa de ser una ocurrencia mordaz, una “boutade”. Sin embargo, no hay que olvidar que el Código Penal prevé penas de inhabilitación por delitos contra la seguridad de los trabajadores. El equivalente a retirarle el carné a un empresario.

Es más, esta pena acaba de ser impuesta a un constructor por la muerte de un obrero que sufrió un accidente laboral en julio de 2002 al caerse por el hueco de un edificio en construcción. El titular del Juzgado de lo Penal número cuatro de Alicante, José María Merlos, ha inhabilitado durante tres años a un constructor como responsable de un un delito de homicidio por imprudencia debido a que no facilitó cinturones de seguridad a sus trabajadores. Dicha inhabilitación supone en la práctica impedir que el constructor en cuestión siga ejerciendo su actividad empresarial. Además, ha sido condenado a un año de cárcel.

Como viene siendo frecuente, los abogados de la defensa mantuvieron en el juicio que la culpa del accidente en realidad la tuvo el trabajador. El magistrado rechazó su argumento incidiendo en que «sostener la posibilidad de negarse a realizar el trabajo y denunciar la falta de medidas de seguridad es desconocer la realidad de las relaciones laborales, donde con frecuencia el trabajador se ve abocado a aceptar condiciones ilegales para conservar su empleo y no perder sus medios de subsistencia ni su estatus social».

Según recoge el apartado de hechos probados de la sentencia «el obrero no fue provisto de un cinturón de seguridad a pesar de que debía aproximarse al hueco y retirar la valla instalada a su alrededor. Mientras lo hacía, cayó unos cuatro metros. El trabajador murió seis días después como consecuencia de las heridas».