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¿Por qué mueren los trabajadores?

Vie, 15/01/1999 - 12:19

Tribunales

 

 

A veces los jueces logran restablecer la verdad y dirimir responsabilidades. Incluso, tratándose de accidentes de trabajo. Los muertos no hablan, pero no siempre se consigue echarles las culpas. Ni atenuar las faltas escudándose en lo gravosas que resultan las medidas de prevención. Un par de sentenecias que resumimos a continuación lo demuestran.

El caso

Mientras estaba efectuando el montaje de la techumbre de una nave industrial, Luis Ángel, un trabajador de la empresa ECP, se precipitó al suelo desde una altura aproximada de nueve metros. Tanto él como el resto de compáñeros llevaban puesto el cinturón de seguridad pero sin sujeción a ningún punto de anclaje por considerar que dificultaba la necesaria movilidad para su trabajo. No había redes de seguridad.

En el momento del accidente los trabajdores estaban girando una placa de 7 x 0'90 metros que había sido elevada hasta el nivel de la techumbre por una grua. La maniobra se realizó de tal forma que Luis Angel se desplazó de espaldas hacia al borde de la cubierta, sin darse cuenta del peligro, hasta que se cayó.

El plan de seguridad de la obra preveía que los trabajos en altura se realizaran utilizando cinturones de seguridad debidamente anclados y redes móviles de protección. Dicho plan no fue entregado a la empresa ECP y el aparejador responsable del seguimiento y control no verificó que era conocido por los contratistas ni comprobó que era observado por los trabajadores.

Fundamentos de la sentencia

Según la sentencia, las dos personas que ostentan poder de dirección y control de la actividad laboral en la empresa ECP 'imprimen unos criterios de seguridad en los trabajadores de la empresa muy alejados de los que se extraen de las normas jurídicas..., ignoran por completo el plan de seguridad y crean con su comportamiento las condiciones causales idoneas para que se materialice el riesgo lógico de precipitación en los trabajos en altura, a pesar del deber específico de evitar tales riesgos que les incumbe'.

Igualmente se afirma que el aparejador no hizo nada para 'verificar que el plan de seguridad es conocido y aplicado y tampoco detecta el hecho notorio en aquella obra, consistente en que los trabajadores de ECP trabajan en altura sin anclar sus cinturones de seguridad a pesar de que llevaban varias semanas desarrollando sus trabajos, es decir, se trataba de un fenómeno patológico visible y fácilmente observable. Con tal comportamiento distante de la diligencia razonablemente exigible a quien ha asumido la función de controlar y seguir la ejecución del plan de seguridad, crea las condiciones causales adecuadas para la materialización de un riesgo previsto en el plan y evitable de haberse exigido su cumplimiento, es decir, le es igualmente imputable el resultado'.

El fallo

Se condena a las tres personas indicadas, los dos dierctivos de ECP y el aparejador, por haber cometido una falta de imprudencia leve a la pena de dos meses de multa y a abonar a Luís Ángel una indemnización de 42.822.064 pesetas.

El caso

Ángel tenía un contrato de seis meses con la empresa NSA como conductor de un camión con el que iba a una explotación minera, cargaba mineral y lo llevaba a una fábrica. El día 24 de septiembre de 1994, mientras estaba cargando su camión con una pala cargadora frontal destinada a tal función, «al hacer la maniobra de retroceso para descargar el cazo de la pala sobre el camión, retrocedió en dirección al hueco de la explotación, cogiendo velocidad, ante lo que los dos compañeros dieron voces de aviso, pero a pesar de que Ángel intentó hacerse con el control de la máquina, se precipitó con ella por el terraplén con resultado de muerte».

La desobediencia del trabajador

El accidente, argumentaron las demandadas, es culpa exclusiva del trabajador que no tenía por qué haber cargado el camión con la pala ya que hay un palista que tiene ese cometido. Es más, la empresa le había prohibido realizar esa labor.

El Juez desestima esta argumentación. La prueba practicada lleva a la conclusión de que el fallecido desarrollaba habitualmente la labor de carga de los camiones mediante el manejo de la pala en la que falleció. Nadie parece conocer el nombre y apellidos del supuesto palista, ni ha sido propuesto como testigo. «En definitiva, no habiéndose acreditado en el juicio que existieran otras personas dedicadas específicamente a la carga del mineral en los camiones mediante el manejo de la correspondiente máquina, debe deducirse que el trabajador fallecido se ocupaba habitualmente de tal tarea».

El exceso de confianza

En línea contraria al argumento anterior, el Ingeniero de Minas que elaboró el informe sobre el accidente alega que éste se debió a un exceso de confianza del trabajador.

Para el Juez, esta conjetura carece de base ya que el accidentado era un trabajador eventual que llevaba escasísimo tiempo en la empresa, no constando su profesionalidad y no habiendo ninguna prueba de tal supuesta experiencia anterior..

El exceso de celo

Se intenta también imputar el accidente al exceso de celo del fallecido, que habría llevado al trabajador a intentar hasta el último momento recuperar el control de la máquina, sin conseguirlo hasta finalmente precipitarse al hueco de la explotación. Su culpa sería, pues, no haber saltado a tiempo de la máquina.

El Juez entiende que esta posibilidad no debe llevar a aminorar la responsabilidad empresarial, pues es causa suficiente y adecuada, además de inicial, del accidente, el haber encomendado al trabajador tareas para las que no estaba capacitado técnicamente y que excedían de sus obligaciones contractuales. Hay que relacionar la imposibilidad de recuperar el control de la máquina con la falta de aptitud reglamentariamente exigida. No debe aceptarse en consecuencia la denominada compensación de culpas con atenuación de la responsabilidad reparadora del daño.

El fallo

Se condena a las demandadas a abonar una indemnización a las familiares del fallecido. Aplicando las reglas previstas para la valoración de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación, la indemnización se debería fijar en 20.900.000 pesetas. Sin embargo dichas reglas están previstas en el marco de una responsabilidad puramente objetiva, es decir sin culpa. «En cambio, en el caso de Autos se está valorando la responsabilidad contractual... habiéndose acreditado un ilícito contractual por parte de la empresa del accidentado... Este plus de ilicitud que concurre en este supuesto determina que se haya de incrementar en alguna medida la cuantía correspondiente a un sistema objetivo puro, llegándose en definitiva a la cifra de 25.000.000 de pesetas».