El jueves 24 de septiembre se reanudan, en Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, las comparecencias por el caso en el que se investiga a siete responsables de Metro de Madrid por la presunta comisión de dos homicidios imprudentes debidos a las exposiciones al amianto sufridas por trabajadores del suburbano madrileño. El juicio vio interrumpido su desarrollo por el parón judicial producto de la crisis del coronavirus.
Desde el pasado mes de marzo, la pandemia de COVID-19 se ha convertido en la principal amenaza para la población mundial y para la española en particular. Sus efectos impactan en todos los órdenes de la sociedad y condicionan de manera implacable las agendas sanitarias, económicas, políticas o judiciales. En el ámbito de la salud laboral, que recordemos que es una de las dimensiones que componen la salud pública, se ha convertido durante estos meses en la cuestión que en la práctica ha monopolizado los esfuerzos de administraciones y agentes sociales. Y ha obligado a aparcar, esperemos que temporalmente, el desarrollo de materias de seguridad y salud en el trabajo que se antojaban claves en el inicio de la legislatura.
Sin embargo, lo que desgraciadamente la pandemia no ha podido dejar en suspenso son los efectos que para la salud de las personas trabadoras tienen las malas condiciones laborales. En el caso del amianto, se han seguido diagnosticando casos de enfermedad y cáncer causados por exposiciones sufridas hace décadas, se ha añadido la preocupación por las consecuencias que un contagio de COVID-19 podría tener para enfermos respiratorios crónicos como son las víctimas del amianto y ha continuado el macabro goteo de fallecimientos. También se han hecho públicas en las últimas semanas sentencias que finalmente reconocen el origen laboral de tumores producto de la exposición al amianto, tras someter a las personas afectadas y a sus familias a un largo e injusto periplo administrativo y judicial. Y se han localizado nuevas ubicaciones del amianto y colectivos de trabajadores expuestos al cancerígeno, como los túneles viales de la ciudad de Madrid.
Ha llegado el momento para que el actual Gobierno de España afronte de una manera decida la epidemia de amianto que también afronta nuestro país. Es hora para que las Cortes españolas se fijen como objetivo el desarrollo de una legislación que aborde todas implicaciones que se derivan de la presencia de este cancerígeno en nuestras vidas, desde las laborales a las medioambientales, pasando por las sanitarias o las urbanísticas, entre otras.
Pero hay dos elementos que a juicio de CCOO revisten una especial urgencia y que deben abordarse en los próximos meses. El primero de ellos es la tramitación en el Congreso de los Diputados de la iniciativa del Parlamento Vasco de una Ley para el establecimiento de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Esta iniciativa ya fue tramitada hace dos legislaturas, existiendo un consenso muy avanzado entre grupos parlamentarios, sindicatos y asociaciones de víctimas en torno a un posible texto legal, que si no vio la luz de forma definitiva fue por la finalización abrupta de la legislatura. El fondo de compensación evitaría a las personas afectadas y a sus familias el vía crucis de reclamaciones, juicios, sentencias y recursos a los que se ven sometidos para ver reconocidos sus derechos. Es una deuda contraída por la sociedad española con estas personas y que se debe saldar a la mayor brevedad.
Y la otra urgencia ineludible es la aprobación y desarrollo de un plan nacional de desamiantado que permita retirar y gestionar con seguridad los millones de toneladas de materiales que contienen amianto todavía presente, hoy en día, en edificios, instalaciones e infraestructuras de todo el país. Se requiere el establecimiento de estrategias que posibiliten su localización, pero también de financiación pública para afrontar las tareas controladas de desamiantado, con la aplicación de las medidas de prevención necesarias. Y para ello se puede aprovechar la llegada de los fondos de reconstrucción europea aprobados en el Consejo Europeo del pasado mes de julio. Desde CCOO queremos proponer al conjunto de la sociedad un acuerdo para impulsar proyectos a cargo de dichos fondos que aúnen la retirada del amianto, con la promoción de la eficiencia energética en edificios y viviendas y la instalación de energías renovables en los mismos. Unir la apuesta por la salud pública, con la mejora medioambiental y de la independencia energética del país, a la par que se estimula el empleo, es una oportunidad para el país que se debería concretar en el último trimestre del año. Es un tren que no podemos perder.
Pedro J. Linares Rodríguez es Secretario de Salud Laboral de CCOO
