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El Gobierno está decidido a erosionar la prevención de riesgos

Mar, 15/10/2013 - 12:19
Pedro J. Linares. Secretario Confederal de Salud Laboral de CCOO
Opinión

El actual Ejecutivo ha emprendido una serie de reformas que debilitan la prevención de riesgos laborales. Bajo las premisas de "reducir cargas administrativas", "racionalizar el sector público" o "favorecer la productividad de las empresas" se oculta el desmontaje de mecanismos legales e institucionales que habían permitido avanzar en el terreno de la prevención. Es una estrategia equivocada, ineficaz e inadmisible.

 

Más de 4 millones de españoles y españolas trabajan en empresas de menos de 25 trabajadores. Salvo aquellos que lo hagan en empresas con más de un centro de trabajo o que desarrollen actividades de especial peligrosidad incluidas en el Anexo I, todos ellos se han visto arrojados fuera de un sistema normalizado de prevención de riesgos laborales con la última modificación "exprés" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que ha introducido el Gobierno. La modificación de esta ley, que en 1995 sentó las bases de la prevención en España, se ha producido mediante la aprobación de un nuevo texto legal el pasado 29 de septiembre: la ley de apoyo a los emprendedores.

Este nueva ley introduce dos cambios importantes. El primero corresponde al artículo 30.5 de la LPRL y faculta al empresario para asumir personalmente la realización de la actividad preventiva en la empresa cuando esta ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando disponga de un único centro de trabajo. Con anterioridad a esta reforma el límite se fijaba en 10 trabajadores. Esta medida solo contribuirá a una disminución de la calidad de la prevención en este tipo de empresas, que ya no tendrán la obligación de recurrir a entidades especializadas o a trabajadores designados para realizar dicha actividad, algo que garantizaba la profesionalidad de los responsables de dichas actuaciones en la organización.

Pero la crítica del sindicato no se limita al contenido de la reforma, sino también al procedimiento empleado para llevarla a cabo. La LPRL contempla entre las funciones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), órgano colegiado de carácter tripartito en el que están representados Administraciones públicas y agentes sociales, las de informar y formular propuestas en relación con cambios de disposiciones de carácter general en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo no ha conocido esta propuesta de reforma con anterioridad a su publicación en el BOE.

Esta falta de consulta a la CNSST y a los agentes allí representados resulta paradójica si tenemos en cuenta que en estos momentos en la propia comisión se está negociando la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2020, documento que deberá fijar las políticas generales de prevención de riesgos laborales en España para dicho periodo.

Además, el Gobierno está reformando el marco normativo que regula la actividad de las mutuas sin el necesario consenso y participación, pese a que existe el compromiso de abordar un proceso de negociación sobre la Ley de Mutuas. La primera de ellas consiste en instar a las mutuas a vender las sociedades de prevención. Sin duda, su salida al mercado de forma simultánea impactará negativamente en su valoración económica. Todo este proceso desembocará en un deterioro de las condiciones de trabajo de sus prevencionistas y, finalmente, afectará a la calidad de la prevención en las empresas.

Hay una segunda decisión que también dañará al sector de la prevención que consiste en obligar a liquidar las corporaciones mutuas. Todos estos movimientos son golpes contra un sector que debe mejorar tanto en términos de calidad como de eficacia económica. Es intolerable que los trabajadores se vean obligados a perder su salud en el trabajo y eso solo se evita apuntalando los actuales sistemas de prevención de riesgos y mejorándolos. Además es un error desde el punto de vista económico. Uno más de los que está cometiendo el Gobierno: la prevención de riesgos, como mecanismo de mejora de las condiciones de trabajo, debería ser considerado una prioridad en el relanzamiento de la economía. Son muchas las investigaciones que han demostrado que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores incrementa su productividad. Y la productividad de la fuerza de trabajo sigue siendo la clave de nuestra economía.