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Crónica de una muerte anunciada. La Ley de Mutuas

Mié, 15/04/2015 - 12:19
JAIME GONZÁLEZ
Opinión

La novela de García Márquez concatena una serie de hechos que desembocan irremediablemente en una muerte para salvar el honor familiar mancillado. La Ley de Mutuas ha cumplido el dicho de "cambiar todo para conservar la situación prácticamente tal y como estaba". Una ley que no ha sido consensuada con los agentes sociales, y que no se ha construido en un marco de diálogo estructurado, abierto y transparente.

Uno de los cambios más llamativos ha sido el de la denominación como "Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social" y no "Entidades colaboradoras de la Seguridad Social". Se refuerza con este cambio de preposición su carácter autónomo y privativo en la gestión de un derecho colectivo, como es el caso de los derechos a la salud y la protección frente a ciertas contingencias que tienen los trabajadores y las trabajadoras.

Solo en el preámbulo de la ley figura en ocho ocasiones “carácter privado” de las mutuas. No obstante, en el artículo 68.7 queda de manifiesto que las mutuas “forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos públicos que gestionan”. Esta redacción no dota de seguridad jurídica y no elimina las incertidumbres que la ley pretendía subsanar. El híbrido público/privado sigue igual de confuso.

Respecto al patrimonio histórico, se ha dado posibilidad, a través de un subterfugio, para que se siga acumulando patrimonio privativo en base a la gestión de recursos públicos. Este mecanismo se activa a través de la gestión de los bonus a las empresas, reintegrando en el patrimonio privativo parte del porcentaje retornado por las beneficiarias del mismo.

En prevención de riesgos laborales, las mutuas pierden pie o, mejor dicho, se les expulsa del ámbito de la prevención. Con esta ley se impide que las mutuas puedan desarrollar cualquier función de los servicios de prevención, ni participar en el capital social de los mismos. Proponiendo la desinversión en las sociedades de prevención hasta el 31 de marzo de 2015 o la propia liquidación si no se puede enajenar. La ley desliga definitivamente el gasto en prevención de riesgos laborales de los fondos que se destinan precisamente a cubrir los daños que los trabajadores y las trabajadoras sufren por la falta de políticas de prevención en sus empresas. Es tal el caso que el Fondo de Prevención y Rehabilitación que tenían las mutuas para hacer frente, entre otros, a gastos de prevención en riesgos laborales, se pasa a llamar Fondo de Contingencias Profesionales, haciendo hincapié principalmente en el proceso de reinserción al trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, y no en la prevención del riesgo.

Respecto a la gestión de la IT por contingencia común, la Ley 35/2014 fija lo que desarrolla el RD 625/2014. Se permite a las mutuas la actuación en esta materia para aquellas empresas que le han dado competencias, desde el día en el que reciben la notificación de la baja por contingencia común. A partir de ahí pueden citar a reconocimiento médico, juzgar qué causas justifican una inasistencia y la ley les habilita para hacer propuestas de alta motivadas, tanto a la inspección médica de los sistemas públicos de salud como a la del INSS.

Por último, la ley no mejora el proceso de exigencia de responsabilidades, tal y como se demandaba, e introduce un elemento de confusión en los marcos de participación con la introducción en este marco de la representación del colectivo de autónomos, sin determinar ni cómo se legitima esta representatividad en el colectivo ni cómo cambia el marco de participación del resto de colectivos.

Solo, como elemento positivo, cabe resaltar que se mejora la publicidad de las memorias anuales, lo cual permitirá mayor transparencia en su gestión, y la participación en la Comisión de Prestaciones Especiales, que deberá decidir el destino de los fondos generados con la aportación del 10% del resultado económico positivo a programas de acción social (mejoras salariales, adaptación de vivienda…).

¿Hemos perdido otra oportunidad? Sí, una vez más el Gobierno ha sido incapaz de generar el ámbito de participación y consenso que merece uno de los pilares básicos que protegen la salud y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Seguimos con unas entidades anacrónicas, nadando entre la fiscalización pública y la autonomía de la gestión privada, cuyo objetivo consiste únicamente en colaborar en la gestión de prestaciones económicas, y que no tienen ninguna responsabilidad en mejorar las condiciones estructurales que eviten estos daños a la salud de la población trabajadora que quieren compensar económicamente.