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Batalla sindical por la información

Dom, 15/04/2012 - 12:20
TATIANA SANTOSA
Opinión

Al 40% de los europeos le gustaría estar mejor informado sobre el impacto en su salud de las sustancias químicas a las que está expuesto, según la Comisión Europea. Es evidente que existe un interés público por el acceso a la información sobre sustancias químicas, sobre todo las peligrosas, pero la realidad es que son los sindicatos y las ONG los únicos que están dando esta batalla.

Toda la información sobre sustancias químicas es, de facto, información de carácter ambiental de conformidad con el Convenio de Aarhus, al que está adherido el Estado español a través de la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

De acuerdo con este convenio, los ciudadanos gozan del derecho a un medio ambiente saludable, y del derecho de acceso a la información ambiental, que juega un papel esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad. Sin embargo, la realidad a la que nos enfrentamos como ciudadanos y como trabajadores es bien diferente, y el acceso a la información básica sobre las sustancias a las que estamos expuestos, sus usos, volúmenes de producción y sus efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente, se convierte en una utopía difícil de alcanzar.

Los gobiernos y los organismos competentes europeos y nacionales priorizan los intereses comerciales y económicos frente al interés público de salud y medio ambiente, de manera que información básica indispensable para la protección de nuestra salud y la de generaciones venideras se trata como información confidencial y el ejercicio de transparencia de las autoridades competentes en Europa, y cómo no en nuestro país, deja mucho que desear.

Tanto la Confederación Europea de Sindicatos (CES) como CCOO están trabajando para que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publique toda la información pública relativa a las sustancias registradas, como es el nombre y localización de las empresas registrantes, el tonelaje de producción, los usos de las sustancias o sus propiedades persistentes y bioacumulativas y de disrupción endocrina. Tras la intervención de la Comisión Europea, la Agencia tuvo que reconocer que esta infor-mación debe ser publicada sin demora. Hasta el momento no está disponible.

CCOO ha solicitado a las autoridades españolas información sobre las sustancias registradas en el Estado español. Dicha información ha sido denegada en dos ocasiones tanto por las autoridades competentes españolas como por la Agencia Europea, por lo que CCOO está iniciando los trámites de denuncia por la falta de transparencia de la Administración del Estado.

Con esta denuncia, CCOO espera restablecer y recuperar para la ciudadanía el respeto y cumplimiento del derecho de acceso a la información medioambiental contenido, entre otras, en la Ley 27/2006, que otorga a la ciudadanía un derecho inalienable e indefectible para todos, al constituir “un instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos”. CCOO pretende además que se haga un mejor balance entre el interés público y el privado a la hora de publicar información.

Por su parte, las empresas tampoco están cumpliendo con su obligación de informar a los consumidores sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que sus productos causan y sobre cómo protegerse de estos riesgos. La Organización Europea de Consumidores ha enviado 25 cartas de solicitud de información a cada país europeo. Como resultado ha recibido muy pocas respuestas satisfactorias en varios países europeos, ninguna en España.

CCOO ha analizado los expedientes de registro y las clasificaciones y etiquetado de todas las sustancias en el mercado europeo notificadas por las empresas productoras de químicos y los resultados son decepcionantes; el 85% de los registros son incompletos o erróneos, las sustancias no están correctamente identificadas o clasificadas o falta información básica obligatoria.