Opinión

Se reanudan las comparecencias por el caso que investiga a siete responsables de Metro de Madrid por la presunta comisión de dos homicidios imprudentes debidos a las exposiciones a amianto sufridas por trabajadores del suburbano madrileño. La pandemia de COVID ha aplazado multitud de tareas pendientes en el ámbito de la salud laboral que se deben retomar pues, desgraciadamente, lo que la pandemia no ha podido dejar en suspenso son los efectos que para la salud de las personas trabadoras tienen las malas condiciones laborales.

Cómo cada 8 de marzo las mujeres trabajadoras pasaremos a la acción, nos haremos visibles como colectivo, reivindicaremos, una vez más, la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de nuestra vida laboral y personal, denunciaremos la desigualdad existente, también en términos de salud. En este artículo abordamos la necesidad de una acción sindical en salud laboral con mirada de género.

Este año, la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León ha lanzó una campaña de concienciación para reducir los accidentes de trabajo no traumáticos a través de la adquisición de hábitos saludables en la que transmite mensajes como estos: “Inclínate por una vida saludable y vence a los accidentes de trabajo”, “adopta hábitos saludables: reducirás los accidentes de trabajo y tendrás una mayor calidad de vida personal y laboral. Así gana el trabajador, gana la empresa y ganamos todos” o “la mejor prevención es una vida sana”. Conviene ser realista, no se trata de “vender prevención” con una campaña de marketing, cuanto menos confusa, sino de consolidar una cultura preventiva real con el objetivo de lograr una siniestralidad cero.

En Euskadi, pero probablemente esté pasando también en otros territorios del Estado, estamos observando que ante las demandas de los enfermos del amianto o familiares, la Inspección de Trabajo utiliza habitualmente justificaciones favorables a las empresas. Argumentos como “no se conocían los riesgos de la fibra cancerígena” o “no había legislación preventiva específica” Excusas institucionales y mentiras empresariales muy extendidas que tiene el objetivo de exculpar a los responsables de tanto sufrimiento.

En 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social establece junto con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y con la participación preferente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) una segunda edición de la guía SEGO, donde se actualizan los criterios para el acceso a la prestación por riesgo para el embarazo y se posponen las semanas a partir de las que la trabajadora no puede estar expuesta a los riesgos, principalmente en la exposición a factores ergonómicos.

El verano de 2019 será recordado por cuestiones muy dispares, lentamente atendidas por la inacción generalizada de los poderes públicos, pero en lo laboral, en el País Valenciano, lo recordaremos porque en menos de siete días, en pleno mes de agosto, murieron dos trabajadores en accidentes de trabajo vinculados a las altas temperaturas: El primero en Mutxamiel (Alicante) en una empresas de sector agroalimentario, el segundo en Onda, en una subcontrata de una empresa azulejera.  En el fallecimiento de Mutxamiel, CCOO ha denunciado ante

Este mes de julio, aprovechando que se presentaban las cuentas anuales de una de las mutuas más importantes, en la prensa hemos podido leer titulares como estos: “La recuperación económica esquilma los beneficios de las mutuas de trabajo”. Muchos desaciertos en tan poca frase.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia obliga a Marmolería Artazu Laboral SA al pago de un recargo de prestaciones del 30% debido a la silicosis de uno de sus trabajadores. La silicosis está haciendo estragos entre los trabajadores que manipulan, sin medidas preventivas, compuestos que contienen sílice cristalina.

El empresariado español, aunque seguramente esta característica también la comparten otros empresarios allende de nuestras fronteras, sigue pensando que la mayor parte de las personas que sobreviven con un salario tienden de forma natural a la holgazanería.

La presión coordinada de la CES y sus sindicatos afiliados logró que el pasado 11 de octubre el Consejo de la UE diera luz verde a la clasificación de los humos diesel como cancerígenos  y a la adopción de un valor límite obligatorio.