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Opinática legislativa

Jue, 15/04/2004 - 12:19
PERE BOIX

Opinática legislativa

PERE BOIX

Ignoro si la sociología ha elaborado alguna teoría contrastada al respecto pero apostaría a que los países con una mayor incontinencia legistativa son también aquellos en los que menos se aplican las leyes promulgadas.

Es evidente que las leyes son el reflejo de opciones políticas y responden, por tanto, a posiciones ideológicas. Pero la diferencia entre un programa electoral y una norma es que ésta debe convertir los principios filosóficos en algo operativo, aplicable a la realidad y capaz de producir el efecto deseado. Y para ello se requiere algo más que ideas brillantes.

Si lo que se pretende con una ley es generar un determinado proceso de comportamiento social, su formulación debería estar basada en el conocimiento de las claves de dicho proceso y de los factores que lo condicionan. Lo cual nos llevaría a defender la necesidad de contar con datos empíricos, científicos, sobre la realidad social como base para una acción política de ordenación de dicha realidad. Por no hablar de opciones tan racionales como experimentar previamente -mediante pruebas piloto controladas- aquellas normas cuya efectividad resulte difícil de prever. O de la conveniencia de fijar indicadores de resultados con el fin de evaluar, tras un tiempo de aplicación, la necesidad de adaptar o mejorar la norma en cuestión.

Este tipo de lógica, sin embargo, parece completamente alejada de la técnica legislativa dominante en nuestro entorno más inmediato.

Hace siete años se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una ley que tomada en su literalidad hubiera dado pie como mínimo a sancionar al 100% de las empresas al día siguiente de su entrada en vigor dado que no preveía ningún plazo para la adaptación de las mismas a las nuevas obligaciones. Durante la larga negociación de la ley no se barajó ni un sólo informe sobre la realidad de la prevención en las empresas españolas, ni sobre previsiones de plazos o recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, ni mucho menos sobre la experiencia de otros países más avanzados que hubieran podido servir de referentes para articular un proceso de cambio de la dimensión y profundidad del que la ley proponía.

Con los mimbres de esta ley se ha acabado tejiendo un verdadero cesto de los papeles lleno a rebosar de formalismos que tratan de ocultar incumplimientos masivos, incoherencias institucionales y mala praxis profesional. Los datos de siniestralidad han venido evidenciando año tras año con tozudez un fracaso que estaba cantado.

No hay duda que había que cambiar: la Ley de Prevención debía ser reformada. Pero había que cambiar también la forma de actuar. Había que investigar no tanto los malos resultados –por evidentes- sino las causas, saber qué es lo que ha fallado y por qué. Había que averiguar, además, el qué y el cómo del buen hacer preventivo, aprender de las empresas que obtienen buenos resultados para tratar de extender la experiencia a las demás. Había que experimentar propuestas novedosas de gestión preventiva adaptada a las distintas realidades productivas. Y debía haberse hecho sistemáticamente, que es la forma científica de ordenar la producción del conocimiento, movilizando recursos de investigación.

Nada de todo esto se ha llevado a cabo. Se ha optado de nuevo por la intuición, por la opinática, y se ha reformado el texto de una ley sin un triste estudio, ni siquiera del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, que aportara datos empíricos sobre la realidad o que permitiera realizar previsiones de futuro.

Es decir, una vez más se ha optado por lanzarse a la piscina sabiendo que tiene algo de agua pero sin conocer su profundidad. Habrá que volver a confiar en la suerte. Aunque también se puede intentar paliar la mala técnica legislativa con prácticas sociales creativas, que de esto cada vez vamos sabiendo más.

Con todo, sería bueno que para futuras ocasiones esta especie de alegría legislativa dejara paso a una mayor seriedad social. Tal vez tome nota el nuevo gobierno.