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Sáb, 15/04/2017 - 12:19
CCOO
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La UE renueva la autorización del glifosato hasta 2022

La votación favorable al uso de este herbicida, clasificado como probable cancerígeno por la OMS, se celebró el pasado 27 de noviembre y contó con el apoyo de 18 Gobiernos europeos, entre ellos el español, que no tuvieron en cuenta ni los estudios científicos que alertan de su toxicidad, ni la posición del Parlamento Europeo favorable a su prohibición definitiva en un plazo de cinco años, ni la opinión de 1.300.000 ciudadanos de todo el continente expresada en una Iniciativa Ciudadana Europea.

El glifosato es el herbicida más utilizado en España y en el conjunto del planeta y fue clasificado como probable cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) en marzo de 2015, basándose en estudios epidemiológicos realizados en trabajadores agrarios de Estados Unidos, Canadá y Suecia. Tras un tortuoso proceso de reautorización, en el que han sido necesarias ampliaciones del plazo de uso y diversas votaciones, la Comisión Europea ha logrado sacar adelante una reautorización por cinco años, frente a los quince que pretendía en un principio, sin establecer ninguna restricción de uso.

“Han primado más los intereses comerciales de sectores industriales y las amenazas de judicializar el proceso expresadas por grandes lobbys frente a la protección de la salud y el medio ambiente y la aplicación del principio de precaución, el cual forma parte del ordenamiento comunitario”, ha manifestado Mariano Sanz, secretario de Medio Ambiente de CCOO. “Desde CCOO vamos a seguir apoyando las iniciativas encaminadas a la prohibición del glifosato en nuestro país y en Europa, y vamos a seguir dando la batalla para prevenir a trabajadoras y trabajadores frente a la exposición a este agente tóxicos y cancerígeno. Los próximos cinco años tienen que ser los últimos años de uso del glifosato en Europa y CCOO va a trabajar para conseguir este objetivo”, ha añadido Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO.

Alemania, que se había abstenido en la última votación, cambió su voto a un sí, tras recibir garantías de que el herbicida no afecta al bienestar animal. Su voto a favor, junto al de Reino Unido, España y Polonia, entre otros, ha permitido inclinar la balanza y dar luz verde a la renovación del glifosato. La mayoría cualificada requería que el acuerdo fuera aprobado por el 55% de los países —al menos 16— que representasen el 65% de la población de la UE. Además de Francia, otros Estados como Italia, Bélgica y Grecia han votado en contra. Portugal ha sido el único país que se ha abstenido. Bélgica ha deplorado la renovación de la licencia del herbicida y ha anunciado que se pondrá en contacto con otros países que lo han rechazado para buscar alternativas.

El glifosato, 'el empleado con más frecuencia en el mundo y en la UE', según la Comisión Europea (CE), fue clasificado en 2015 como 'cancerígeno probable' por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIRC), dependiente de la OMS. El portavoz de Monsanto, una de las mayores multinacionales que utiliza este herbicida, dijo a Efe que la seguridad de esta sustancia 'ha sido avalada por las autoridades científicas europeas', en referencia a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), quienes han apuntado que el peligro cancerígeno del glifosato era 'improbable'.

CCOO urge la trasposición de la Directiva Euratom para proteger a la población frente al radón

La Confederación Sindical de CCOO, en el marco del procedimiento de consulta pública previa abierto por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha remitido un documento de comentarios respecto del proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes que traspone la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, pese a no conocer el actual texto de proyecto de real decreto y a que el plazo para la trasposición de la directiva finaliza el 6 de febrero de 2018.

Los comentarios sindicales se articulan sobre un buen número de cuestiones: la necesidad de hacer explícita en la trasposición la competencia de la autoridad laboral en las exposiciones ocupacionales y de adaptar el contenido de la trasposición a la legislación de seguridad y salud en el trabajo; la exigencia de informar del proceso de trasposición a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano colegiado asesor de las Administraciones y de participación institucional en materia de prevención de riesgos laborales; que el “Plan de acción para el radón” previsto afecte al conjunto del territorio nacional, independientemente de la existencia de zonas de diferente riesgo de exposición; que se fije para España un nivel de referencia de 200 bequerelios/m3 para las concentraciones de radón en recintos cerrados en lugares de trabajo, frente a los 300 que marca la directiva, en la línea de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los niveles fijados en otros países como Canadá o Irlanda; promover la urgente actualización del Código Técnico de la Edificación para recoger medidas que eviten la acumulación de radón en espacios interiores; garantizar que las trabajadoras embarazadas y lactantes no ocupen puestos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, así como la obligación de instalar sistemas de detección de fuentes radiactivas en empresas de almacenaje y tratamiento de chatarra metálica.

“Las exposiciones al radón deben entrar en las prioridades del sistema de prevención de riesgos laborales español, pero para ello deben incorporarse los contenidos de la directiva a la legislación de nuestro país antes de que finalice el plazo de trasposición el próximo 6 de febrero. Y debería hacerse contando con la opinión de las autoridades laborales y de los agentes sociales, a pesar del escaso margen temporal que resta para cumplir con el plazo establecido por la Unión Europea”, ha afirmado Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO.