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La desregulación legislativa condena la seguridad y la salud de los trabajadores

Mar, 15/04/2014 - 12:20
PEX
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Cada 28 de abril, CCOO y UGT publican un manifiesto conjunto en el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Este año el manifiesto denuncia cómo la desregulación legislativa compromete la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos denuncian que lo que en un comienzo se presentó como un momento de excepcionalidad pasajera, se ha terminado por desvelar como la imposición de un nuevo paradigma económico, social y laboral, al que la clase trabajadora y la ciudadanía en general deberían resignarse. Las élites mundiales –denuncian los sindicatos– han aprovechado las condiciones creadas por una crisis para privatizar aquellos servicios públicos básicos que garantizaban la protección social y de los derechos laborales y ciudadanos conquistados a lo largo de décadas.

“Esta ofensiva –denuncian CCOO y UGT– no se limita a deteriorar las condiciones de trabajo y a privatizar aquellos servicios públicos rentables. En este preciso momento, la salud laboral se ha convertido en uno de los objetivos que está en el punto de mira de las élites: el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, uno de los objetivos centrales de las políticas sociales europeas, hoy es considerado un obstáculo que hay que superar para aumentar la competitividad de la economía europea. Esta argumentación no solo se sustancia en un descenso de las inversiones en políticas preventivas en las empresas, sino que exige reformas legislativas que rebajen la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores”.

CCOO y UGT denuncian la publicación en octubre de 2013, por parte de la Comisión Europea, del programa REFIT (Adecuación y eficacia de la normativa: Resultados y próximas etapas): “Un documento que en materia de prevención de riesgos ha conllevado, entre otras consecuencias, la decisión de no impulsar nueva legislación en materia de salud laboral en lo que resta de mandato de la Comisión, lo que supone paralizar las dos principales iniciativas legislativas comprometidas en la vigente Estrategia Europea, como son la revisión de la directiva de cancerígenos y la aprobación de la de trastornos musculoesqueléticos, y no trasladar a texto articulado acuerdos sectoriales firmados en el marco del diálogo social europeo”. Además, la Comisión no ha renovado la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, como debiera haber hecho en 2013.

En cuanto a las políticas del Gobierno español, los sindicatos denuncian su último hito desregulador en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo: la presentación del anteproyecto de reforma de Ley de Mutuas en diciembre del pasado año. “La gestión de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes, dando capacidad a la mutua para proponer el alta sin existencia de acto médico y concediendo la consideración de silencio administrativo positivo ante la ausencia de resolución expresa del médico del sistema de salud, es el elemento que demuestra de manera más palpable el carácter economicista de unas políticas fundamentadas que eliminan el derecho al restablecimiento de la salud a cambio de los intereses económicos de las empresas y que se basan en presupuestos falsos, en este caso una supuesta pérdida de competitividad debida a unos elevados niveles de absentismo, que la realidad nos indica que son similares a los de los países de nuestro entorno”.

CCOO y UGT reclaman al Gobierno de España: la retirada de aquellos elementos lesivos para los trabajadores del texto del proyecto de reforma de la Ley de Mutuas, en la línea del dictamen aprobado por el pleno del Consejo Económico y Social; exigen una mejora en la normativa de enfermedades profesionales con el objetivo de reducir su subregistro; demandan la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013- 2020, incluyendo objetivos precisos de reducción de la siniestralidad, afloramiento de enfermedades producidas por el trabajo y de equivalencia de la protección independientemente del tipo de relación laboral, y reclaman el mantenimiento de las inversiones públicas en materia de prevención de riesgos laborales.