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Incentivos como el del bonus no han funcionado entre las pymes

Mar, 15/01/2013 - 12:19
PEX
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José Comino es director de Prevención de SGS Tecnos y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA). Es además una voz experta y representativa de los servicios de prevención ajenos. En esta entrevista plantea que algunas de las acciones del Gobierno que debían animar a las pymes a mejorar la prevención en la empresa no han dado los resultados esperados. Además defiende los intereses del sector que representa.

Desde vuestro punto de vista como servicio de prevención, ¿cómo veis la evolución de la actividad preventiva en estos últimos cuatro años?
Si tomamos como referencia los indicadores de siniestralidad, se ha producido una disminución de la misma, aunque esto puede ser más una tendencia que una realidad. Hay que tener en cuenta también en el entorno actual la disminución de la actividad productiva y especialmente en sectores como el de la construcción e industrial, que son los que, de forma mayoritaria, conforman el grueso de los accidentes de trabajo que se producen en España. Otro aspecto a destacar es la asimetría que se ha producido en cuanto a la implantación de las políticas y normativa de prevención de riesgos laborales entre las grandes empresas y las pymes. Políticas de incentivación como la del bonus/malus, que debía de haber sido un acicate para que las empresas desarrollasen políticas preventivas reales, especialmente en las pymes, que es donde se da un mayor índice de siniestralidad, no se han demostrado eficaces y son complejas tanto de implantar como de medir sus resultados.

¿Cómo está afectando la crisis a la prevención en las empresas?
Lo que está claro es que el entorno actual de crisis para nada ha favorecido que se produzcan cambios de comportamientos y actitudes que permitan la mayor integración de la prevención dentro de la empresa, lo cual es fundamental para la mejora de la eficacia de la actividad preventiva. En la situación actual en la que las empresas tratan de contener al máximo el gasto, la prevención se ve muy afectada y, a pesar de que es un requerimiento legal, las empresas desarrollan solo las actividades que le permitan cumplir con la normativa al menor coste posible.

¿Qué valoración haces de la política del Gobierno en esta materia?
Básicamente la actividad de las Administraciones ha consistido en el desarrollo de políticas de normalización, control y fiscalización. Así, el desarrollo de normas como el Real Decreto 337, la Orden TIN y el Real Decreto 843, lo que han supuesto es un aumento de la normalización, una gran ambigüedad entre las políticas del Estado y las comunidades autónomas y, lo que es más importante, sobre todo han coartado la libertad de organización de las empresas y operadores del sector (servicios de prevención ajenos). Igualmente este desarrollo normativo ha supuesto que estemos ante 17 regulaciones (una por cada comunidad autónoma), que en algunos casos pueden tener criterios diferentes, lo cual está creando una inseguridad jurídica y una gran incertidumbre entre los operadores del sector.

¿Qué retos afronta el sector de los servicios de prevención?
Por una parte, el culminar un proceso de reorganización y concentración muy importante, mediante compras, fusiones o absorciones, todo ello en aras de una mayor eficacia y eficiencia. Y, por otra, podemos decir que los retos del sector son el conseguir un mercado único, libre y de calidad. Un mercado único mediante una unificación real de interpretación de la normativa a nivel de las Administraciones autonómicas y en sintonía con la realidad actual y la normativa europea. Un mercado libre que elimine la distorsión actual del mercado que están ocasionando las sociedades de prevención de las mutuas y el poder competir en igualdad de condiciones a todos los operadores del sector. Y un mercado de calidad que de verdad ayude a conseguir una mejora real de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.