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No resignarse a la desobediencia empresarial

Mié, 15/07/1998 - 12:19

Dossier: A vueltas con la ley

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Es tan conocido como denunciado el hecho de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se está incumpliendo de forma generalizada porque los sujetos responsabilizados de su aplicación, los empresarios, no la cumplen. A dos años y medio de su publicación, hablar de tamaño incumplimiento es algo muy serio, porque esto provoca que sigan muriendo 4 trabajadores cada día laboral y otros muchos sufriendo daños a su salud. Se trata de una verdadera 'desobediencia civil' del empresariado que dice mucho del talante de los empresarios y de su desprecio por la vida y la salud de sus asalariados.

Pero no vale con lamentarse. Si nos quedáramos ahí nuestra denuncia sería estéril. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Y para ello cabe hacerse la pregunta de si a estas alturas la Ley sigue siendo un instrumento válido. A nuestro juicio no sólo merece la pena seguir insistiendo en el camino de su aplicación, pues lograrlo evitaría muchos de los riesgos laborales, sino que abandonar esa insistencia y resignarnos a unas relaciones laborales instaladas en su incumplimiento sería una victoria del empresariado más retrógrado y un desastre para la sociedad y para los trabajadores. Entonces, ¿en qué momento estamos respecto de la Ley? ¿Es pensable que en el próximo periodo podamos contemplar avances en su aplicación? La respuesta a esta pregunta es sí, pero depende. ¿De qué? En parte de lo que hagamos nosotros mismos, en parte de lo que hagan los demás. El único problema en el incumplimiento de la Ley no ha sido la irresponsabilidad y la falta de voluntad empresarial, con ser éste el más determinante. También hay otros aspectos complementarios que no han sido implementados adecuadamente. Uno de ellos ha sido los Servicios de Prevención que todavía no están plenamente desarrollados, en una primera fase porque las Mutuas rechazaron tomar la iniciativa a la que estaban llamadas, en una segunda porque no están funcionando como debieran los mecanismos de acreditación. Otro de los instrumentos que no está funcionando son los mecanismos de vigilancia y control de la aplicación de la Ley que dependen de los Gobiernos y administraciones públicas, especialmente autonómicas, que tienen las competencias de trabajo transferidas. Pero esta transferencia no ha ido acompañada de una asunción real por parte de los gobiernos autónomos de sus responsabilidades en la materia. Esta deficiencia es especialmente grave si consideramos que incluso los mecanismos habituales de vigilancia y control serían insuficientes dado el panorama de 'desobediencia civil' de la patronal respecto a la Ley.

Para resolver esta dinámica perversa, cuyas víctimas son los trabajadores, se hacía imperativo poner en marcha un conjunto de medidas prácticas con un alcance suficiente. Medidas que debían actuar en primer lugar sobre aquellos daños a la salud más visibles y que más están sacudiendo la conciencia de la sociedad: los accidentes laborales que siguen creciendo año tras año, en cantidad y en gravedad. Ese era el sentido de la propuesta que el propio Congreso de Diputados aprobó por unanimidad en febrero de este año. El mismo objetivo tenía el 'Plan de choque' frente a la siniestralidad laboral presentado unitariamente por UGT y CC.OO. y respaldado con las movilizaciones del 22 de octubre y del 28 de abril en las que miles de sindicalistas y los trabajadores madrileños de la construcción fueron a la movilización.

La iniciativa ha dado sus frutos: tanto la propuesta del Congreso de los Diputados como el 'Plan de choque' sindical han sido atendidos. En estos días la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo está elaborando un 'Plan de actuación' que, incorporando las propuestas anteriores, añade otras más, con el objetivo de cambiar el rumbo de la situación actual, lograr el pleno cumplimiento de la Ley y reducir los accidentes de trabajo.

Las medidas del Plan van desde las dirigidas a fomentar la cultura preventiva y la formación en la materia, a las referidas a dar más amplitud y rigor a la vigilancia e inspección de las empresas y a sancionar con firmeza los incumplimientos.

Si dicho Plan se quedara en las actas de la Comisión Nacional de nada serviría. Para que sea efectivo es necesario hacerlo realidad, sobre todo allí donde debe ponerse en marcha: comunidad autónoma a comunidad autónoma.

Para quienes, a pesar de las dificultades, no nos desanimamos en el objetivo de hacer cumplir la Ley, la efectiva traslación de este Plan a la realidad es ahora el objetivo prioritario.

Joaquín Nieto Sainz

Secretario Confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO.