Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Malas prácticas en la vigilancia de la salud:perseguidas por la Inspección y castigadas por los tribunales

Mar, 15/07/2014 - 12:19
Malas prácticas en la vigilancia de la salud,perseguidas por la Inspección y castigadas por los tribunales

CARMEN MANCHEÑO*
Muchas veces nos encontramos que se desvirtúa y se deja sin contenido preventivo las actuaciones de vigilancia de la salud, pero en este caso se fue más lejos: la vigilancia de la salud es pervertida y se convierte en un instrumento que no solo no hace prevención, sino que agrava enfermedades. Gracias a un intenso trabajo sindical, la Inspección de Trabajo se dio cuenta y los tribunales han multado al servicio de prevención protagonista de esta mala práctica.

Hay que partir de que la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras es una actividad preventiva que sirve para proteger la salud de estos, evitar las patolo gías derivadas del trabajo a través de la identificación de fallos en la prevención, diagnosticar precozmente las alteraciones de la salud derivadas del trabajo y promover la salud de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, hay casos que no solo no persiguen estos objetivos, sino que los obvian o simplemente buscan otros.

Ese es el caso de J.R., soldador que trabajaba en la empresa Estampaciones Ajalvir, S.L. desde 1998 y que en 2001 empieza a presentar neumonías de repetición y en 2002 es diagnosticado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid de “fiebre por humo de metales” producida por la inhalación tóxica de metales, que posteriormente cursa con una neumonitis. Con ese diagnóstico, y con unos informes muy claros del neumólogo del Servicio Público de Salud respecto a las limitaciones relativas a su puesto de trabajo, el trabajador es cambiado de puesto de trabajo, lo que le permitió evitar el contacto con el humo de metales. Desde 2004, el trabajador es reconocido por el servicio de prevención FREMAP, que en cada informe a partir de esa fecha hace constar que el trabajador es apto con limitaciones debido a dicha patología.

Sin embargo, en 2009, coincidiendo con un cambio de propiedad de la empresa, el mismo servicio de prevención emite, sin ningún argumento médico que lo justifique, una valoración de apto sin ningún tipo de limitación. Hay que tener en cuenta que en 2007 le diagnostican, además, una hiperreactividad bronquial derivada de su neumonitis y que cualquier exposición a humos de soldadura –por pequeña que sea– produce un empeoramiento importante de la enfermedad. En marzo de 2010, y apoyándose en ese informe de vigilancia de la salud, la empresa obliga al trabajador a volver a su puesto de trabajo de soldador montador y en apenas unos meses su salud empeora, viéndose obligado a coger la baja en julio de ese año. Estando de baja, FREMAP vuelve a reconocer que J.R. no debe soldar y debe estar alejado de los humos de metales. El informe del Hospital Ramón y Cajal de diciembre de 2010 subraya que el trabajador no puede estar en contacto con humos de metales por una hipersensibilidad broncopulmonar que ha sido desarrollada, precisamente, en su puesto de trabajo. Es en este momento cuando desde la mutua se inicia el estudio de la enfermedad profesional, es decir, se han necesitado 8 años de enfermedad y que el trabajador empeorase de forma considerable para que se iniciase el procedimiento de declaración de la enfermedad profesional. Como la empresa no está dispuesta a cambiar al trabajador de puesto de trabajo y manifiesta por escrito dicha imposibilidad, la mutua de accidentes de trabajo FREMAP realiza en diciembre de 2010 una propuesta de invalidez y el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce la incapacidad permanente para su profesión habitual.

La arbitrariedad de esta situación es investigada por la Inspección de Trabajo, a instancias de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid, que concluye que la doctora que cambió el diagnóstico del trabajador era conocedora, o debía serlo, del historial clínico del paciente y que también era conocedora de su oficio porque en la vigilancia médica se le aplicaba el protocolo de soldador. La doctora no solo ignoró la patología broncopulmonar, sino también las pérdidas auditivas que registraba el trabajador y que sí constaban en los informes emitidos por el mismo servicio de prevención entre 2005 y 2007. Entre esas fechas el trabajador padecía “hipoacusia extraconversacional monolateral izquierda” y como por arte de magia a partir de 2010 los niveles auditivos se califican como normales. La Inspección recalca lo sorprendente de este diagnóstico médico, cuando toda la evidencia científica apunta que las lesiones auditivas son irreversibles y la hipoacusia es progresiva.

La Inspección de Trabajo también señala en su informe que es un hecho médicamente conocido que en el caso de las alergias e hipersensibilidades, y concretamente en el caso de fiebres por humos de metales, al evitar la exposición al agente causante, el trabajador mejora notablemente, pero que si se reincorpora al puesto de trabajo habitual, en contacto con los agentes químicos causantes, inmediatamente se repite el proceso, por eso resulta inverosímil un argumento como el del servicio de prevención que alega que “no tiene que haber una evolución natural o esperable”. “Lo esperable –argumenta la Inspección– es que si a una persona alérgica o hipersensible se la vuelve a poner en contacto con el agente causante sin ningún tipo de limitación o medida preventiva, esta volverá a recaer en la misma enfermedad”.

El trabajador, acompañado por el sindicato, demandó a la empresa y al servicio de prevención ante la administración de justicia que ha condenado a la empresa y ha impuesto una multa al servicio de prevención, afirmando que la sociedad de prevención demandada y en el marco de las función de control médico de los trabajadores sobre su aptitud para el desarrollo de sus funciones ha tenido influencia en el desarrollo y desencadenante final de la incapacidad permanente del trabajador.

El juzgado de lo social de Madrid ha condenado a la empresa a abonar al trabajador la cantidad de 81.776,4 euros en concepto de daños y perjuicios a su salud y ha condenado al servicio de prevención FREMAP y a la compañía aseguradora MAPFRE a abonar al trabajador la cantidad de 4.891 euros en concepto de indemnización por los días en los que estuvo de baja por entender que es corresponsable con la empresa de esa situación.

Esta sentencia ha dejado claro que, como consecuencia de la actuación del servicio de prevención, el trabajador no solo no fue protegido, sino que fue directamente agredido. La mala praxis del servicio de prevención fue el trampolín para que la empresa lo trasladase a su antiguo puesto de trabajo y que, por tanto, volviese a estar expuesto a humos de soldadura, situación que finalmente concluyó con una enfermedad pulmonar que no solo incapacita al trabajador para su profesión habitual, sino que también le genera muchas dificultades y restricciones para su vida familiar y de ocio.

¿Qué hay detrás de este tipo de actuaciones? ¿Solo mala praxis médica o hay algo más? Casualmente, el cambio de criterio en la vigilancia de la salud se produjo en el momento en el que la empresa cambió de titular. En este caso cabría preguntarse por la ética de los profesionales y por la profesionalidad de los servicios de prevención. El papel de la Inspección de Trabajo ha sido clave en la defensa del derecho a la salud de los trabajadores y en la sentencia condenatoria queda muy claro que existió responsabilidad por parte del servicio de prevención. Ahora se está estudiando desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid la posibilidad de interponer nuevas demandas que incluso la propia sentencia deja entrever. Se trata de un aviso a navegantes que deben tomar muy en cuenta los profesionales de los servicios de prevención: con la salud de los trabajadores no se juega.

*Carmen Mancheño es médico del trabajo y técnica de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid.