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Ladrillazo, precariedad y muerte en el trabajo

Mié, 15/10/2003 - 12:19
MANUEL GARÍ

Constructores y políticos. 
Mentiras, muertes y euros entre los ladrillos

MANUEL GARÍ
Septiembre: dos accidentes en seis días en la población alicantina de La Vila Joiosa. Los dos en la misma obra, el complejo hotelero Atrium Beach. Tres trabajadores muertos y dos heridos graves. Culmina así dramáticamente un verano que ha conocido una virulenta epidemia de corrupción, clientelismo, paralegalidad y “especulación concertada” entre el capital privado y los poderes públicos: Marbella, Madrid, Romero de Tejada, Aguirre, Tamayo, Gil. Un escenario digno de las aventuras del detective Carvalho de Vázquez Montalbán. Personajes y discursos similares a los del universo retratado por Berlanga en “La escopeta nacional”. Qué gran comedia si no llevara detrás muertes y sufrimiento.

 

Lo primero que se evidencia tras el doble accidente de La Vila Joiosa tiene que ver con algo reiteradamente denunciado por FECOMA, la Federación de Construcción de CC.OO., y por el conjunto del sindicato, esto es, que los accidentes vienen de la mano de la precariedad. La empresa que actúa como promotora del complejo, Luna S.A., no ha asumido sus responsabilidades en la coordinación de la prevención de riesgos del conjunto de las subcontratas. La Inspección de Trabajo no dispone de los recursos suficientes para ejercer su fiscalización. La autoridad laboral competente no exige en la práctica el cumplimiento estricto de la normativa de prevención. Finalmente, los empresarios acaban culpabilizando a las víctimas o a terceras empresas.

Pero esto no es todo. Una vez más se abre la sospecha sobre inquietantes y no siempre visibles connivencias entre el mundo de los negocios inmobiliarios y el de la política, especialmente en el campo de la administración urbanística. En La Vila Joiosa hemos visto una promotora cuyas actividades fundamentales no eran de tipo productivo -éstas ya las realizaban las subcontratas- sino que se ocupaba básicamente de asegurar sus relaciones con los poderes locales y autonómicos. Relaciones que han permitido a Francisco García, administrador único de Hotel Luna y de Atrium Beach, realizar alegaciones a documentos que todavía no han salido del Ayuntamiento o desmentir al alcalde del PP José Miguel Llorca cuando afirmó que iba a paralizar las obras. El mencionado administrador ha hecho oídos sordos a los seis requerimientos municipales de paralización de la ampliación a 21 plantas de una obra inicialmente aprobada para 10 alturas. Bien es verdad que la autoridad municipal, que en otras ocasiones no dudó en operar “manu benemerita”, en este caso parecía interesada sobre todo en guardar las apariencias. Las últimas noticias hablan de una reforma del planeamiento urbano a iniciativa del alcalde para legalizar a posteriori los incumplimientos legales y las barbaridades urbanísticas.

Algo huele a podrido en el Reino de España –aún más en el País Valenciano, como decía un importante fiscal- y el hedor proviene de la actividad conjunta de especuladores inmobiliarios, rentistas, constructoras y también de los denominados “políticos de los negocios” que viven no para la política sino de la política (otra figura bien conocida en el País Valenciano). Todos ellos conforman una nueva “economía criminal” de corruptores y corruptos que navegan ambiguamente entre el mercado y el Estado sin respetar las leyes ni de uno ni de otro, procuradores de fáciles y rápidas fortunas basadas en la información privilegiada y no en el “buen hacer empresarial”.

La retroalimentación entre el mundo inmobiliario y el de la administración urbanística encuentra sus raíces en la dependencia financiera de las haciendas locales respecto al suelo para la construcción. Tiene que ver también con la carestía de las campañas electorales donde algunos partidos –particularmente de derechas- se financian con donaciones invisibles. La cristalización de una capa de políticos profesionales sin control de la sociedad, algunos de los cuales ven en la política una vía de enriquecimiento personal, abona definitivamente el terreno para este “ladrillazo” que ha florecido en todo su corrupto esplendor en el verano de 2003. Sólo que además ha vuelto a dejar un rastro de muerte en el trabajo.