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La política de la Unión Europea: ¿freno o impulso a la salud laboral?

Sáb, 15/01/2011 - 12:20
LAURENT VOGEL

La política de la Unión Europea: ¿freno o impulso a la salud laboral?

LAURENT VOGEL*

Los primeros resultados de la V Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo publicados en noviembre pasado muestran que hay que abandonar aquellas visiones optimistas que apuntan que las condiciones laborales mejoran de forma automática como consecuencia de los cambios tecnológicos y la progresión de la riqueza de nuestras sociedades. Las tendencias más preocupantes están ligadas a la intensificación del trabajo, el incremento del trabajo precario y el mantenimiento de fuertes diferencias entre hombres y mujeres tanto en el trabajo remunerado como en el trabajo doméstico.

Según los datos de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo habría, en la Unión Europea, alrededor de 160.000 fallecimientos anuales ligados a condiciones de trabajo que podrían ser evitados. De ellos, cerca de un 5% serían accidentes de trabajo. Es decir, que la mortalidad en el trabajo está ligada, sobre todo, a enfermedades con un largo periodo de latencia. Para observarlas hay que sobrepasar los límites de la empresa: la mayor parte de los problemas no adquiere visibilidad hasta que la carrera profesional de la persona trabajadora ha finalizado.

Desde hace unos años, los problemas ligados a la organización del trabajo tienden a aumentar la visibilidad de los factores psicosociales. Se trata de un tema importante porque contribuyen a una mortalidad cardiovascular mayor entre los sectores laborales menos privilegiados y están ligados a numerosos problemas de salud mental. Sin embargo, no podemos perder de vista los riesgos considerados más tradicionales. En particular, las exposiciones a sustancias químicas peligrosas continúan matando masivamente. Bastan unos pocos datos.

Dos millones de nuevos casos de cáncer se producen en la Unión Europea cada año. Un millón de muertes anuales estaría ligado al cáncer. Un 8% de los cánceres aparece vinculado a factores profesionales, una estimación sin duda baja, que no tiene suficientemente en cuenta las condiciones laborales de las mujeres. Además, una desigualdad social enorme, tanto en las exposiciones como en las prácticas de prevención, provoca que las categorías sociales menos favorecidas sean víctimas de las exposiciones más importantes y las condiciones preventivas menos favorables.

Las políticas de la Unión Europea

Durante un largo período de tiempo, las políticas de la Unión Europea en materia de salud laboral han sido un factor positivo que ha impulsado debates nacionales y reformas legislativas. Podemos afirmar que la política europea ha acelerado las políticas nacionales en materia de salud laboral a lo largo de los años 90.

Hoy, sin embargo, no está claro si la Unión Europea continúa jugando ese papel positivo en materia de salud y seguridad en el trabajo. La estrategia comunitaria para el periodo 2007- 2012 está escrita en una jerga que trata de nadar entre dos aguas. Se centra sobre “la productividad y la calidad del trabajo” y estas son dos nociones ambiguas y peligrosas. La productividad no es necesariamente sinónimo de buenas condiciones de trabajo. La “calidad del trabajo” puede tener significados muy contradictorios. Se puede referir a la calidad de las condiciones de trabajo, a la calidad del producto final del trabajo o a la calidad de los beneficios de los accionistas. Se afirman distintos intereses sin que se aclare cuál es la prioridad. Europa ha definido un objetivo cuantitativo de reducción de un 25% los accidentes de trabajo. Estos últimos no representan más que el 5% de los fallecimientos. Este objetivo puede parecer concreto, pero no lo es si no se establecen objetivos por sectores. Un descenso global de los accidentes puede reflejar, simplemente, una reestructuración de la economía e importantes pérdidas de empleos en sectores con elevada tasa de accidentes.

Si se cierran las minas y aumenta el número de empleos en el sector servicios, se producirá una baja mecánica de los accidentes de trabajo sin que ello signifique que han mejorado los sistemas de prevención. Además, la Comisión Europea no define claramente sus propias tareas y responsabilidades en la estrategia. Ella tiende a pedir un esfuerzo a los demás (mutuas, sindicatos, patronales, gobiernos nacionales).

Las organizaciones sindicales critican la falta de conexión entre la estrategia comunitaria de salud laboral y el desarrollo del reglamento REACH. Este reglamento, el más innovador en la legislación comunitaria respecto a las sustancias químicas, tiene un enorme potencial pero también tiene lagunas y trampas. Si no se refuerza de manera significativa la prevención en los lugares de trabajo, REACH no producirá sinergias positivas en materia de salud y seguridad.

La representación de los trabajadores, la Inspección de Trabajo y los servicios de prevención son los pilares de todo el sistema de prevención. Sobre estos tres elementos estructurales, la estrategia comunitaria no dice prácticamente nada. La Comisión presidida por M. Barroso tiende a considerarlos como un simple coste para las empresas que se plantea reducir. Esta situación es todavía más preocupante en una Europa ampliada a 27 países en la que las distancias entre las situaciones extremas se han agigantado. Estas distancias causan desigualdades sociales y de salud considerables. A nivel comunitario, la ampliación ha servido a los intereses de una alianza entre los sectores políticamente más liberales y las nuevas clases dirigentes de los países del Este, para quienes las malas condiciones laborales siguen siendo una ventaja en términos de competencia. A partir de este momento, la idea de una armonización de las condiciones de trabajo –elemento central de una política comunitaria– simplemente desaparece.

A dos años de la finalización de la estrategia 2007-2012, no hay ninguna propuesta de revisión de la directiva sobre agentes cancerígenos. Dicha directiva en su versión actual es muy insuficiente y no da resultados significativos. Esta directiva debería incluir de manera explícita un mayor número de sustancias cancerígenas. Deberían incluirse también las sustancias tóxicas para la reproducción con el objetivo de su sustitución, más allá de recurrir, como se hace en la actualidad, a políticas paliativas como separar preventivamente a las trabajadoras embarazadas.

Otro elemento significativo que muestra la presión ejercida en Europa por la industria es la cuestión del formaldehído. Ha sido suficiente que la industria subiera el tono de sus manifestaciones para que la Comisión Europea, de forma “prudente”, retirara la sustancia de la lista de valores límite que son, por otro lado, puramente indicativos. Lo cierto es que varios millones de trabajadores están expuestos en Europa a este agente cancerígeno particularmente preocupante.

En lo que se refiere a los problemas músculo-esqueléticos, aún esperamos, después de 10 años, que la Comisión Europea presente una propuesta de directiva. El freno lo pone la patronal que no quiere aceptar intervenciones preventivas que afecten a la organización del trabajo. Respecto al tiempo de trabajo, la Comisión anuncia que desea revisar la directiva existente a la baja y se anuncia una reducción de los mecanismos preventivos inicialmente previstos.

Tras la presidencia de M. Barroso en 2005, la Comisión Europea ha puesto en cuestión la misma idea de la armonización de las condiciones de trabajo. Se considera que una reducción de los niveles de prevención y que un aumento de la flexibilidad y del trabajo precario pueden ser factores de competitividad. Las exigencias legislativas en salud y seguridad laboral son vistas como cargas administrativas que habrá que reducir. Desde hace un año, la Comisión Europea viene utilizando la crisis como pretexto para proponer una reducción de las obligaciones de las empresas tanto hacia su personal como hacia la sociedad. El nuevo lema es “mejor reglamentación”. En realidad, lo que significa es menos reglas públicas, menos inspección y control. Si esta va a ser la tónica, habrá que plantear la pregunta: ¿Puede convertirse la política comunitaria en un freno a las políticas nacionales más avanzadas en materia de salud y seguridad en el trabajo?

* Laurent Vogel es director del Departamento de Salud y Seguridad del Instituto Sindical Europeo (ETUI).