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La ley de prevención de riesgos laborales en las administraciones públicas

Vie, 15/01/1999 - 12:19
FSAP-CC

Debate

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales significó, entre otras cosas, la corrección de la injusticia histórica que mantenía a los funcionarios al margen de la protección dispensada por la vieja normativa de seguridad e higiene en el trabajo. Tres años después, presentamos algunos materiales sobre el camino recorrido por la LPRL en las Administraciones Públicas.

 

 

Administración General del Estado: Hay acuerdo, falta voluntad

Fruto del deber de adaptar la regulación de los órganos de representación y de los Servicios de Prevención a la realidad de la Administración General del Estado, tras una larga e intricada negociación hemos llegado a un acuerdo para regular estas dos piezas claves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El acuerdo alcanzado explicita que, en cada provincia y por cada Ministerio u Organismo Autónomo, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud o se elegirá un Delegado o Delegada de Prevención. Para saber cuántos Delegados de Prevención hay que elegir, se mantendrá separado el censo de funcionarios y el de laborales aplicándose a cada uno de ellos la escala del art. 35 de la LPRL. Sin embargo, una vez elegidos, todos los Delegados de Prevención formarán parte de un mismo Comité de Seguridad y Salud en representación del conjunto de empleados públicos.

Pueden elegirse como Delegados de Prevención los miembros de los órganos de representación o los Delegados Sindicales. En su ausencia, la designación podrá recaer sobre un trabajador/a que dispondrá del tiempo necesario para el desarrollo de sus funciones.

Con respecto a los Servicios de Prevención se potencia la utilización de los recursos propios existentes en la Administración. Se contempla la posibilidad de constituir un servicio de prevención propio para más de una provincia cuando un departamento u organismo público cuente en su conjunto con más de 500 empleados. También se podrán constituir servicios mancomunados entre aquellos departamentos y organismos que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo edificio o en un área geográfica limitada.

Cada sistema de prevención deberá someterse a control periódico mediante auditorías y, en todo caso, una vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos. Su realización corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como órgano científico técnico de la Administración.

También se crea una Comisión Paritaria de Salud Laboral que entre otras funciones tiene la del seguimiento y control de la aplicación del Acuerdo, así como desarrollar todo tipo de iniciativas que conduzcan a una mejor protección de la salud en el trabajo en el ámbito de la función pública. Sus funciones no han podido ser aún desarrolladas, debido al desinterés que la Administración deja patente impidiendo su constitución.

Pablo Frutos Rodríguez
FSAP-CC.OO.

Administraciones autonómicas: Balance de situación en el País Valenciano

Transcurridos casi tres años desde que entrara en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se puede decir que la Generalitat Valenciana sigue obstaculizando su aplicación y desarrollo en el seno de la propia Administración.

En noviembre del 97, tras veintiún meses de negociaciones entre los sindicatos y la Generalitat, firmamos un acuerdo que desarrollaba los derechos de participación de los trabajadores. El acuerdo era bastante bueno: 15 horas de formación en salud laboral para cada trabajador, más horas para los Delegados de Prevención, Comités de Seguridad y Salud conjuntos entre funcionarios y laborales en ámbitos muy razonables (por área de salud en el sector sanitario, por provincia y nivel educativo en el sector docente, por provincia en la Administración de justicia, etc.). Sin embargo, hasta la fecha su aplicación está siendo muy irregular.

La puesta en marcha de los Comités de Seguridad y Salud se ha demorado por la desidia de la administración y su funcionamiento es muy deficiente. La fecha tope pactada para la constitución de los Servicios de Prevención expiró en vano el pasado mes de mayo y en los actuales Presupuestos Generales no se ha consignado partida alguna para tal fin. El derecho a la formación de los Delegados de Prevención y de los trabajadores no se ha concretado en planes de formación.

A pesar de todo, estamos convencidos de que este año se pondrán en marcha los servicios de prevención y será el momento de abordar la evaluación de los riesgos y los planes de prevención. En cualquier caso lo que resulte habrá sido fruto, en gran medida, de la perseverancia sindical de CCOO.

Arturo León
CCOO-PV