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La asignatura pendiente del marco regulador de las mutuas

Sáb, 15/10/2011 - 12:19
JAIME GONZÁLEZ
La asignatura pendiente del marco regulador de las mutuas

JAIME GONZÁLEZ*

En la evolución de las mutuas ha habido regulación diversa, unilateral de la Administración y sin diálogo y consenso. Ello, sumado a la falta de transparencia de las entidades colaboradoras, da como resultado un marco normativo inseguro que permite abusos de poder frente a los trabajadores y trabajadoras, que deja al arbitrio de las mutuas el ejercicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras cuando pierden su salud.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 recogió una serie de aspectos relacionados con las reservas de las mutuas. A su vez, el Acuerdo Económico y Social mencionaba a las mutuas con la intención de mejorar su administración mediante cambios en sus órganos de gobierno, que siendo como es que las mutuas gestionan recursos provenientes de las cuotas que se detraen del salario de los trabajadores, pasa por integrar a la representación de los trabajadores.

Para integrar los aspectos anteriores se propone modificar el Reglamento de Colaboración de las Mutuas, Real Decreto 1993/1995. El texto ofrecido a informe es prolijo, amplio y tratando de dar satisfacción a las demandas de mayor intervención por parte de la patronal y, como contrapartida, abriendo la participación de la representación de los trabajadores. Difícil consensuar un texto con la premura de tiempo por la proximidad de las elecciones generales.

Para CCOO, pensamos en cuatro aspectos de esta modificación que deberían salir adelante:

a) La codecisión, en el seno de la empresa, para elegir la mutua que debe prestar los servicios. Razonando y motivando las propuestas. Dejando al criterio objetivo motivado de un órgano tripartito, comité mixto, en caso de discrepancia. Formado este comité en igualdad por la Administración, la patronal y la representación sindical.

b) La creación de un órgano técnico de fiscalización en el seno de cada mutua, en el que ostente la titularidad el cuerpo de Intervención de la Seguridad Social. De tal modo que sería una forma de dar transparencia y credibilidad al sistema de colaboración, que cada vez acapara más gestiones de prestaciones públicas.

c) La negociación colectiva efectiva para los empleados en las mutuas, con la limitación de retribuciones de altos cargos y transparencia de todas las percepciones económicas sean en dinero o especie. Todo ello necesario tras el ajuste en 2010, a semejanza del practicado para el sector público.

d) El aseguramiento de la acción social de las mutuas para los damnificados por daños del trabajo con consecuencias graves, ya que se ha desvinculado esta bolsa económica de los resultados de gestión anuales de las mutuas. Lo cual no debe significar que merme; por el contrario, hay que consolidar la percepción como un derecho y que puedan beneficiarse de unas mejoras, no cubiertas por las ordinarias de la prestación por contingencia profesional, el mayor número de personas y con unos presupuestos anuales garantizados.

Es importante que estos cuatro aspectos queden regulados antes del proceso electoral, por si quien viniese tuviese ideas divergentes respecto a la articulación de las mutuas. Respetando el plazo de un año para un documento fruto del diálogo que precise el marco regulador: delimite competencias en la gestión de las prestaciones; se aborde una auditoría del patrimonio histórico; la nueva composición y competencias de los órganos de gobierno de las mutuas y sus entidades mancomunadas; precise los sistemas de “bonus-malus” (incentivador/penalizador); se delimiten las materias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que pueden ejecutar las mutuas y se aseguren los derechos y garantías.

Somos conscientes que en las dos últimas legislaturas se ha avanzado en la constatación de la pertenencia de las mutuas al sector público estatal, línea en la que hay que seguir. Se ha conseguido, también, un importante ahorro al sistema público de Seguridad Social, que ha permitido liberar más recursos para la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

* Jaime González es responsable confederal de coordinación con mutuas de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO.