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La administración Bush desmantela la salud y seguridad

Vie, 15/10/2004 - 12:19

La administración Bush desmantela la salud y seguridad

Un grupo de exfuncionarios norteamericanos, encabezados por Carol Brower que fue directora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), han acusado a la administración Bush de lanzar un ataque en profundidad y sin precedentes contra las políticas federales de protección medioambiental y de seguridad en el trabajo que se han venido aplicando con anterioridad.

La denuncia se realizó en el curso de una reunión celebrada en mayo de este mismo año en Washington DC donde se presentó un informe titulado “La administración Bush y el desmante- lamiento de las garantías sociales”. Dicho informe ha sido elaborado por por el Centro para el Progreso Americano (CAP) y OMB Watch, una organización sin ánimo de lucro cuyos fines son promover la transparencia gubernamental, la responsabilidad y la participación ciudadana. El documento de 145 páginas describe los mecanismos mediante los que los intereses de las grandes corporaciones empresariales se imponen en detrimento de las garantías sociales, aprovechando la debilidad legislativa y la falta de medios de la inspección y manipulando la información científica.

“La Administración ha sido invadida por antiguos miembros de grupos de presión (ex-lobbyists) que son los que elaboran las nuevas normas para beneficiar los intereses de sus antiguos patronos” afirma Jonh Podesta, presidente del CAP, una entidad que se define como institución no partidista para la investigación y la educación en pro de una América fuerte, justa y libre que asegure la igualdad de oportunidades.

Por su parte, el director ejecutivo de OMB Watch, Gary Bass, explicó los cinco puntos básicos del informe acusando a la Administración Bush de:

  • Ser la responsable del retroceso en las políticas de protección ambiental y de seguridad en el trabajo

  • No haber promulgado ninguna nueva ley en estos ámbitos

  • Permitir la distorsión de la investigación científica por factores políticos e ideológicos

  • Ser poco exigente frente a los incumplimientos de las leyes federales

  • Socavar la responsabilidad gubernamental debilitando el derecho de la ciudadanía a conocer las actuaciones institucionales

Carol Browner, ex-directora de la EPA, insistió en este último punto y calificó la negativa del derecho público a la información como 'lo peor de estos últimos tres años y medio'.

Un panel de antiguos funcionarios de la EPA, de la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA), de la administración para la Salud y Seguridad en la Minería y del Servicio Nacional de Parques explicaron con detalle como, según su propia experiencia, desde las instancias políticas se está anulando la capacidad del gobierno federal para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y del público en general frente a los intereses corporativos de las empresas.

Peter Infante, ex director de la oficina de normalización en salud y seguridad de la OSHA, declaró que la mayoría de los empleados cualificados de la Agencia para elaborar normas han abandonado su trabajo y no han sido reemplazados mientras que los pocos que han quedado han sido reasignados a otros puestos, con lo que actualmente la OSHA carece de capacidad para elaborar reglamentaciones aun cuando quisiera hacerlo. 'No están interesados en proteger la salud de los trabajadores, sólo protegen a la industria, por eso yo me he marchado' dijo Infante quien abandonó la OSHA en 2002.

Un periodista preguntó si se podrían evitar las tensiones entre los cargos políticos y los funcionarios federales y en qué se diferencia la actual administración de los anteriores gobiernos republicanos, igualmente pro-empresariales, de Ronald Reagan y de George Bush padre. 'Al menos se podía discutir' respondió Infante 'ahora ya lo tienen todo decidido'.

Es una información firmada por James L. Nash (http://occupationalhazards.com).