Dossier: Riesgos laborales globalizados
RAFAEL GADEA
Especialista y docente en Políticas de Cooperación para el Desarrollo, el profesor Carlos Gómez Gil ha dedicado buena parte de su atención en los últimos años a la población extranjera, en particular a la menos afortunada en esa movilidad creciente del mercado global. Coordina el Seminario Permanente y el Observatorio de la Inmigración en la Universidad de Alicante y dirige, además, la Fundación Alicante Acoge. Desde el conocimiento del investigador, Carlos Gómez ve la siniestralidad laboral en la población inmigrante como un gigantesco drama.
¿Qué se sabe sobre las condiciones de trabajo y salud de la población inmigrante?
La condición laboral de los inmigrantes es un componente fundamental para entender y actuar sobre las políticas migratorias. Cada vez sabemos más sobre estas condiciones gracias al empeño de los sindicatos, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Son muchos los espacios esenciales del trabajo de estas personas, de sus relaciones laborales y ocupacionales, así como de su alojamiento, que inciden de forma directa en las pésimas condiciones de trabajo y salud que muchos de ellos mantienen. Desde esta perspectiva, existen una serie de factores específicos que proyectan una situación altamente preocupante, a las que se añaden problemas y discriminaciones acentuados incluso por la naturaleza de su nacionalidad y origen. Si la siniestralidad laboral es una auténtica preocupación social en nuestro país, en el caso de la población inmigrante se plantea como un gigantesco drama, y los casos que salen a la luz no pueden ser más dramáticos.
¿Qué le llevó a investigar sobre la siniestralidad laboral de los inmigrantes?
Esta preocupación apareció al tratar de analizar y estudiar detenidamente la situación sociolaboral de la población inmigrante, especialmente en el ámbito de mi trabajo y de mis investigaciones, que es la Comunidad Valenciana. Desde distintos ángulos afloraban las pésimas condiciones de trabajo de muchos inmigrantes, así como las situaciones de accidentalidad, más o menos encubiertas, que venían soportando. Al profundizar más en ello, vimos cómo la propia condición de sin papeles y su ocupación en la economía sumergida, invisibilizaban estas situaciones aun a pesar de acarrear graves lesiones, enfermedades o incluso muertes. Nos dimos cuenta de que hay una accidentalidad laboral multicausal, que se está cebando sobre la población inmigrante, pero que aparece infrarrepresentada, o simplemente no figura, en las estadísticas e informes oficiales.
¿En qué medida la siniestralidad entre la población inmigrante es opaca a la luz estadística?
Esta es una cuestión relevante que demuestra hasta qué punto actuamos con cinismo en esta materia. Para muchos, estos inmigrantes no tienen papeles y por tanto son no ciudadanos, razón por la cual no se les incluye en las estadísticas y a veces ni siquiera se les presta atención médica cuando se lesionan. Y hablamos incluso de fiscalías, de departamentos autonómicos de empleo, de organismos con competencias en la materia pero que trabajan de espaldas a esta realidad. También hay que tener en cuenta que muchos empresarios ocultan deliberadamente estos accidentes para no tener problemas con la inspección de trabajo, y que incluso se han dado situaciones en que los propios compañeros del accidentado han tratado de ocultar la vinculación laboral de éste cuando han acudido los servicios médicos o el juez de guardia.
¿Tiene estimaciones sobre la magnitud del subregistro?
El tema es de tal gravedad que cuando se puede acceder a datos, su contundencia sorprende. Así, al hilo de un gran estudio que realicé sobre la situación sociolaboral de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana, analicé de forma exhaustiva y minuciosa todos los accidentes laborales mortales que tuvieron lugar en el año 2002 en la provincia de Alicante. Según los datos oficiales, del total de los 27 trabajadores fallecidos, solo 3 eran inmigrantes. Sin embargo, demostramos que a esos 3 inmigrantes había que añadir otros 10 más, que eran inmigrantes sin papeles y que no estaban registrados en las estadísticas oficiales, lo que elevaba la cifra total de fallecidos a 37, de los cuales un 35% eran inmigrantes. Muchos inmigrantes están acudiendo a médicos privados, o ingresan en urgencias en horarios nocturnos, sin declarar que sus lesiones proceden de accidentes laborales para eludir inspecciones y denuncias. En España pueden fallecer al año en torno a un centenar de inmigrantes sin papeles, por motivos laborales, sin que aparezcan registrados en las estadísticas oficiales.
¿En qué medida mejoran las condiciones de trabajo de los inmigrantes y los índices de siniestralidad cuando se convierten en trabajadores legales?
De forma determinante. Para empezar, pasan a tener derechos y deberes legalmente reconocidos y pueden acceder a una cobertura médica que estando de forma irregular les resulta muy difícil. Pero en este sentido queda mucho por hacer. Creo que los sindicatos tienen que conocer y actuar de forma más determinante. También hay que denunciar a aquellos que, amparándose en una caridad mal entendida, están suministrando mano de obra precaria a muchos sinvergüenzas. Hace poco, en Alicante, un conocido empresario agrícola famoso por sus declaraciones públicas contra los inmigrantes, se dirigió a una ONG solicitando que le proporcionaran inmigrantes sin papeles para trabajar en sus campos. Llegó a decir que las autoridades le habían asegurado que harían la vista gorda. Estas situaciones hay que denunciarlas y saber que en modo alguno se pueden justificar.
¿Qué tiene de insólito y de reiterativo el caso del obrero colombiano muerto en Granada el día 17 de febrero en accidente de trabajo?
El caso es tan espectacular como frecuente. Hablamos de un obrero sin papeles
que muere en el tajo, con una carencia absoluta de medidas de seguridad, y que
cuando acude el juez de guardia los empresarios sin escrúpulos llegan a decir
que el inmigrante pasaba por allí y que estaba pidiendo trabajo subido en una
planta del edificio en obras, vestido con su mono y manchado por el trabajo,
llegando incluso a extorsionar a sus familiares para que no dijeran nada. Me
gustaría pensar que los tribunales actuarán contra estos desalmados como se
merecen, pero la realidad es que suelen estar en libertad con alguna leve
sanción al poco tiempo, y volverán a producirse hechos similares. Este caso lo
conocemos detalladamente gracias a los medios de comunicación, pero ¿qué ocurre
cuándo no hay periodistas?.
