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“Hay que ir más allá de la Inspección de Trabajo: no cumplir las medidas de seguridad es delito”

Sáb, 15/10/2011 - 12:19
BERTA CHULVI
Hay que ir más allá de la Inspección de Trabajo: no cumplir las medidas de seguridad es delito

BERTA CHULVI

“Cuando hay un incumplimiento evidente de las medidas preventivas a que obliga la ley, ya hay delito, aunque aún no haya una víctima directa de esa infracción”, esa es la idea que quiere transmitir Antonio García, responsable de los servicios jurídicos de CCOO de Madrid y autor, junto con Alejandro Domínguez, del estudio “Los delitos contra la salud de los trabajadores”.

Habéis publicado recientemente un amplio estudio que recoge la experiencia de los servicios jurídicos de CCOO en los juzgados de lo penal, ¿de qué estamos hablando?

Estamos hablando de un estudio en el que hemos recogido y sistematizado por temas todo el conjunto de conocimientos generado en CCOO de Madrid en torno a los delitos contra la salud de los trabajadores que han llegado a las salas de lo penal de los tribunales madrileños y en los que se ha personado el sindicato. Hemos obtenido 86 sentencias condenatorias que suman penas de más de 100 años de prisión y hemos acumulado una experiencia que ahora ponemos a disposición de todo el sindicato.

No ha sido fácil llegar con los delitos contra la salud de los trabajadores hasta los juzgados de lo penal...

Efectivamente, no ha sido fácil pero yo creo que la tendencia se ha invertido estos últimos años. No era de recibo que existiendo normas de prevención, procedimientos sancionadores, procedimientos penales y una legislación que considera determinadas conductas como delictivas, pues simplemente no se aplicara. Esto decía muy poco a favor de las personas implicadas en la lucha contra la siniestralidad, me refiero a los organismos y los poderes públicos.

¿Qué ha facilitado ese cambio de tendencia y en qué se manifiesta?

La propia revisión del Código Penal de 1995 marca un punto de partida interesante. A partir de ahí hay aspectos importantes, como la mayor sensibilización de toda la sociedad, incluidos los sindicatos. Hay que recordar que la Confederación de CCOO aprobó en 1998, en comisión ejecutiva, la necesidad de personarse en los procedimientos penales en ejercicio de la acusación popular. Y además se han hecho distintas acciones de formación y sensibilización con jueces y fiscales. Y en numerosas comunidades se han creado fiscalías específicas de siniestralidad laboral. Es decir, que desde distintos ámbitos de la sociedad y del mundo judicial y sindical se ha hecho un esfuerzo para aplicar la ley, que es de lo que se trata.

¿Y se han cumplido esas condenas? ¿Han supuesto la entrada en prisión de los culpables?

Lo que me gustaría destacar en primer lugar es que no es fácil obtener condena. La legislación española establece innumerables posibilidades de recursos y son procedimientos complejos y largos, es lamentable pero pueden abarcar entre tres, cinco y, a veces, hasta ocho años. Y finalmente cuando se llega a los juicios tampoco es fácil obtener una condena. Cuando se consiguen las sentencias condenatorias hay que saber que si las penas son inferiores a dos años, si los condenados no tienen antecedentes penales, el ingreso en prisión se puede suspender perfectamente. Sin embargo, en estos momentos hay dos personas cuya entrada en prisión está suspendida pendiente de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero que sí han sido condenadas a más de dos años de cárcel porque en el accidente habían muerto dos trabajadores. Y hay dos personas más que no han ingresado, una por enfermedad grave y otra por avanzadísima edad.

¿Dos años de cárcel por una negligencia que causa la muerte de un trabajador no es una pena muy suave?

El delito de homicidio por imprudencia grave se castiga con penas de entre uno y cuatro años de prisión y el delito contra los derechos de los trabajadores, del art. 316 del Código Penal, se castiga con penas de entre seis meses y tres años. Y las lesiones pueden alcanzar hasta tres de años de prisión. A ello hay que añadir las penas accesorias, las multas y la responsabilidad civil. Junto a la sanción administrativa y en su caso el recargo de prestaciones, que son compatibles con el castigo penal. No son penas ligeras. El problema está en su aplicación efectiva.

Vosotros insistís en que la prisión no es la única pena importante…

Es lógico que la gente visualice la entrada en prisión de una persona, pero las sentencias tienen otras penas accesorias como la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, que para un arquitecto técnico o administrador de empresa es importante. Ya no es sólo el estigma de una pena de privación de libertad porque, aunque no se ingrese en prisión, hay consecuencias de inhabilitación importantes además de la responsabilidad civil. Además hay que tener en cuenta que aunque el sujeto condenado no entre en prisión esta pena está en suspenso, es decir, que si se produce un nuevo delito, si esa persona vuelve a delinquir o se ve implicado en un proceso penal, esa pena se podría llevar a efecto. Es decir, tendría que cumplir la nueva pena y la anterior. Esto implica que una condena debe suponer la mejora radical de las condiciones de trabajo y el cumplimiento exquisito de la legislación en materia de salud laboral.

Justo antes del verano, CCOO se opuso al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recogía la prohibición de ejercer la acusación popular a sindicatos, partidos políticos y Administraciones, ¿cómo está esta cuestión?

Esa propuesta no creo que vea la luz. En esta legislatura no ha habido tiempo para aprobar dicha ley, y tampoco creo que se apruebe en la siguiente. En ese tema hemos avanzado muchísimo y no creo que sea posible una vuelta atrás. Los jueces empezaron poniéndonos trabas a los sindicatos que queríamos personarnos como acusación popular y hac ían una interpretación más que rigurosa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, eso sí ha cambiado. Es una cuestión pacífica, admitida por todos los tribunales, que la personificación del sindicato es jurídicamente procedente en ejercicio de la acción popular que reconoce, nada más y nada menos, la propia Constitución. Es compartida la idea de que privar a los trabajadores de ese derecho es un ataque inadmisible. Es más, hemos conseguido autos en los que al propio sindicato se le considera perjudicado por este delito y se le permite personarse como acusación particular, es decir, se nos ha considerado entre los ofendidos por el delito. Y es que, cuando se comete un delito contra la integridad física de un trabajador, también se está cometiendo un delito contra los derechos de los t rabajadores, hay un delito contra un bien supraindividual que son los derechos de los trabajadores y, por tanto, parece más que lógico y razonable que aquellas organizaciones como son los sindicatos, cuya misión es tutelar, proteger y defender los derechos de los trabajadores, se consideren parte ofendida por el delito. En fin, que no hay la mínima duda de la legitimidad del sindicato en estos procedimientos.

¿Qué recomendación darías a los delegados y delegadas de prevención de CCOO que reciben esta revista sobre el uso del recurso legal?

Yo les diría que a veces nos conformamos con la denuncia a la Inspección de Trabajo cuando lo que en muchas ocasiones estamos contemplando es la auténtica comisión de un delito. Un delito que además es un delito especial, no necesita que se produzca un resultado lesivo para ser delito, el resultado en sí mismo es la falta de medidas de seguridad. Y si eso lleva aparejada la puesta en peligro de la vida de los trabajadores, eso ya es un delito. Es decir, debemos abandonar la percepción de que no cumplir con las medidas de seguridad es una falta administrativa. No es sólo una falta administrativa, es un delito. Y es un delito que puede provocar un delito mayor, un delito de homicidio. Por lo tanto, no sólo la Inspección de Trabajo es competente para sancionar esta materia, los juzgados de instrucción, las fiscalías, los juzgados de lo penal, etc. Es decir, que hay que ir más allá de la Inspección de Trabajo y poner en evidencia los delitos que están a la vista de todos.