Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Las cifras de accidentes laborales en España son escalofriantes y la respuesta judicial no es la adecuada

Juan Manuel Oña, Fiscal coordinador de siniestralidad laboral
Sáb, 15/07/2006 - 12:19
JAVIER MORALES
Entrevista

Juan Manuel Oña (Almería, 1944) es el Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral, un puesto de reciente creación impulsado por la Fiscalía General del Estado. A pesar del reto que tiene por delante, se muestra a gusto en su nueva tarea, optimista y con ganas de contribuir a dar la vuelta a un problema que provoca mil trabajadores muertos cada año. Una de las primeras gestos que ha tenido ha sido el de reunirse con los responsables y delegados de prevención de CCOO en la Escuela Sindical Muñiz Zapico. La entrevista transcurre un día después, en su austero despacho del centro de Madrid.

¿Cómo ha ido el encuentro con los responsables de salud laboral de CCOO?
Ha sido una reunión interesante, fructífera, grata. He podido conocer a todos los responsables y me han trasladado brevemente las preocupaciones que tienen. He tomado nota y espero responder a algunas de sus inquietudes, sobre todo, a las más acuciantes. El encuentro ha servido también para explicarles cuál es la función del fiscal de sala, que es, fundamentalmente, la de coordinación. En este primer contacto he tratado de transmitirles que uno de mis retos, entre otros, será intentar que la persecución de los delitos de riesgo permita reducir la incidencia de accidentes y muertes.

Como quien dice, acaba de llegar al despacho. ¿Qué situación se ha encontrado?
Una situación compleja. Tenemos problemas técnicos, como la dispersión de los procedimientos. A diferencia de lo que ocurre con la violencia de género, aquí no existen órganos judiciales para afrontar la siniestralidad desde una óptica más especializada. Todo obliga a una especialización que, hoy por hoy, no existe. El único órgano judicial que puede mostrar una posición uniforme es la red de fiscales de siniestralidad laboral. Otro problema es la tendencia a la privatización de los procedimientos: cuando la víctima o sus familiares son indemnizados, se produce una pérdida de interés para seguir con el procedimiento. Los propios abogados, también los de Comisiones Obreras, piden a veces la suspensión del procedimiento para que su cliente pueda cobrar cuanto antes, es decir, se nos plantea la disyuntiva de encontrar una respuesta penal adecuada frente al derecho de la víctima a cobrar la indemnización. Una solución razonable sería incluir a quienes sufren accidentes laborales en la Ley de Ayuda a las Víctimas, con lo que tendríamos asegurada una indemnización mínima, la que establece el Estado en función del resultado lesivo producido, lo cual permitiría al fiscal disponer de más libertad de actuación de cara al proceso. Es una pretensión de futuro.

Los sindicatos denuncian que una de las principales causas de la siniestralidad laboral es el incumplimiento de las normas por parte de los empresarios. ¿Es eficaz nuestro sistema judicial en la persecución de este incumplimiento?
Las cifras de accidentes laborales en España son escalofriantes y la respuesta judicial no es la adecuada a su dimensión. La respuesta del Ministerio debe incidir en la persecución del delito de riesgo, lo que evitaría la proliferación de resultados lesivos. La actuación del fiscal debe ser intensa, debemos contar con la notitia criminis, que nos viene dado por la Inspección de Trabajo, pero también pedimos la intervención de otros agentes, como los sindicatos. Debemos contar con una policía especializada, rápida y eficaz en este tipo de casos.

Da la sensación de que existe cierta impunidad empresarial. ¿Va a hacer algo el Ministerio Fiscal al respecto?
Pretendemos tratar al delincuente como delincuente. Hay que aplicar con rigor y eficacia el Código Penal y conseguir una actitud enérgica del Ministerio Fiscal en la persecución de este tipo de delitos y que, ante el mismo fenómeno, la respuesta que promueva el fiscal sea la misma, lo que redundará en seguridad jurídica. Este es uno de mis objetivos.

En 2004 se registraron 955 accidentes mortales pero solamente se incoaron por vía penal 143 procedimientos. ¿A qué se debe tanto desfase?
Es un dato que suelo repetir para señalar los fallos del sistema. ¿Qué pasa con las 800 muertes restantes? ¿No se inició procedimiento alguno? ¿No se incoó adecuadamente? ¿O no se reflejó en la estadística? Las tres preguntas suponen fallos del sistema. Una de las pretensiones que tenemos es contar con una buena base de datos que permita disponer de estadísticas fiables. En 2005 se han incoado un tercio más de procedimientos que en 2004, lo que quiere decir que el trabajo de los fiscales de sala está teniendo un reflejo estadístico.

En sus entrevistas, siempre menciona que hay que fomentar la cultura preventiva. ¿Puede la vía penal contribuir a su expansión?
La prevención tiene que ser una prioridad absoluta en toda la actividad productiva y para todos los trabajos. El centro de trabajo no puede ser un lugar donde uno se juega la vida. La cultura de la prevención es un imperativo moral y ético respaldado por la ley. Es labor de todos, de los empresarios, de los medios de comunicación, de la Administración. Los empresarios deben hacer de la prevención un distintivo de calidad y los trabajadores deben tener la información suficiente para ser los primeros agentes de la prevención. Pero, sin duda, el principal responsable de la seguridad laboral es el empresario. El trabajador debe ser protegido incluso de su propia imprudencia, sin que esto suponga que haya que potenciar el trabajador funambulista. Ahí es donde tiene que incidir la formación. Los trabajadores deben formarse, es fundamental. Lo que ocurre es que la formación va en contra de la provisionalidad en el trabajo. Si el trabajador va dando saltos de un trabajo a otro, es difícil que adquiera la cualificación necesaria. Aquí los sindicatos tienen un papel importante. La escasez de formación no puede ser una coartada en ningún caso para justificar la ausencia de medidas preventivas.

¿Es sensible la sociedad a la siniestralidad laboral?
Parece que estamos inmersos en la idea de que la siniestralidad laboral es un peaje que hay que pagar por el progreso, una idea que es inaceptable desde todos los puntos de vista. Debería existir la misma sensibilidad hacia los accidentes laborales que la que hay con los accidentes de tráfico. Con el agravante, además, de que el trabajo no es algo voluntario, sino una necesidad. Todos pasamos gran parte de nuestra vida en el centro de trabajo.