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“Asistimos a una forma de violencia organizacional que hace recaer sobre el trabajador toda la responsabilidad de la falta de productividad de la empresa”

Dom, 15/04/2012 - 12:20
BERTA CHULVI
Entrevista

Los efectos de la crisis económica son de tal envergadura que parece difícil hablar de nada más, al menos al inicio. ¿Cómo se ven los efectos de la crisis desde la salud laboral? Lo primero es plantear que la crisis está teniendo un gran impacto en la salud pública en general. Ya hay organizaciones de médicos y expertos en salud pública que están detectando un incremento en el consumo de psicofármacos y en visitas por problemas mentales. Es decir, ya hay un daño en términos de salud y muy probablemente veremos a medio plazo cómo disminuye la esperanza de vida. Desde la investigación en salud laboral sabemos que el desempleo produce un deterioro de la salud tanto entre quienes lo padecen directamente como entre quienes permanecen en su puesto de trabajo. Si esto lo asocias al problema que se está generando con los recortes presupuestarios que reducen la cobertura social y sanitaria, lo que sucede es que se amplía enormemente la brecha de las desigualdades en nuestro país y la exclusión de algunos colectivos. Es dramático que una de cada cuatro personas que quiere trabajar no pueda hacerlo y eso genera un enorme problema de salud pública y de salud laboral.

¿Tenéis información sobre cómo afecta todo esto a las personas y a las condiciones en las que trabajan? Pues sí, observamos todo un conjunto de efectos: el miedo a perder el puesto de trabajo, el retroceso en los derechos y la presión para que éstos no se ejerciten, las estrategias para que los trabajadores incrementen su ritmo de trabajo o alarguen su jornada, etc. Todas estas prácticas son, en realidad, una forma de violencia organizacional. Yo diría que estamos asistiendo a este tipo de violencia organizacional que hace recaer sobre el trabajador toda la responsabilidad de la falta de productividad de la empresa. Cuando se le dice al asalariado "tú no eres suficientemente flexible", se le acusa a él de la falta de competitividad de la empresa y eso, además de ser falso, es "desde mi punto de vista" una forma de violencia. En primera instancia, esa violencia está generando que el trabajador acepte el daño como inevitable y renuncie al ejercicio de sus derechos.

Ante el retroceso en los derechos que supone la reforma laboral, ¿qué juego nos puede dar la legislación en materia de salud laboral? Es verdad que la legislación en materia de salud laboral no se ha modificado y que garantiza una serie de derechos que nos dan un cierto margen para luchar contra el deterioro de las condiciones de trabajo. Sabemos que va a ser complicado, porque la relación de fuerzas es la que es, pero vamos a luchar, desde la empresa, y con todo el apoyo de las estructuras sindicales y técnicas, para poner coto a los abusos que deterioran la salud de los trabajadores. Por ejemplo, la obligatoriedad de hacer una evaluación de riesgos cuando se modifican las condiciones de trabajo está ahí y hemos de exigirla. La empresa podrá proponer una modificación de las condiciones de trabajo, pero deberá evaluar qué efectos tiene sobre la salud de los trabajadores. Y eso debe dar espacio a una negociación con los trabajadores o por medio de sus representantes. Lo que ocurre es que la situación es muy dramática para la gente y hemos de encontrar formas para apoyarles en la defensa de sus derechos que asuman la complicada situación en la que estamos.

¿La salud laboral como acción sindical en las empresas tiene ahora más sentido que nunca? Efectivamente. Nosotros tenemos que estar ahora en la acción sindical más que nunca, vigilando todos y cada uno de los incumplimientos y movilizando todas nuestras estructuras y conocimientos para dar respuesta a los trabajadores y trabajadoras en cada empresa. Porque lo que vemos en muchas investigaciones realizadas por ISTAS o por otros organismos dedicados a la salud laboral es que en aquellas empresas donde existe representación legal de los trabajadores, las personas que allí trabajan se ven expuestas a menos riesgos laborales, ya que se les facilitan los medios para conocer los mismos, sus efectos y las medidas para evitarlos o mitigar su acción. Para eso tenemos que conseguir que el propio sindicato entienda cada vez más que la salud laboral es una línea de acción sindical muy potente.

En este difícil panorama, estamos a punto de concluir la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007- 2012, ¿qué balance podemos hacer? El desarrollo de la estrategia ha sido muy desigual. En una primera etapa se avanzó en algunas materias como la formación o los criterios de calidad de los servicios de prevención, pero se ha quedado en el tintero el desarrollo de algunos objetivos importantes como por ejemplo la reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Una reforma que debía promover cambios importantes en el modelo preventivo español que permitieran articular políticas preventivas más eficaces que verdaderamente se adelanten a los problemas y que realmente protejan a los trabajadores y trabajadoras.

Además, la patronal ha impedido el desarrollo de objetivos que tienen un importante impacto en la salud de los trabajadores. Me estoy refiriendo al objetivo tres de la estrategia que planteaba que equipos de delegados de prevención del sindicato o de las patronales, en el ámbito territorial concreto, pudieran actuar en pymes donde no hay representación legal de los trabajadores para asesorar a los trabajadores y a la empresa en materia preventiva. Esto se ha conseguido en el ámbito sectorial porque se ha introducido en la negociación colectiva, pero se ha rechazado totalmente en el ámbito territorial, porque la patronal, que en un primer momento sí firmó este objetivo, ha puesto todos los problemas del mundo. Esta carencia va a ser ahora mucho más grave por todo lo que supone de desregulación la reforma laboral presentada por el Gobierno.

¿En qué punto estamos ahora? ¿Es posible plantearse la renovación de la estrategia? Ahora deberíamos estar todavía desarrollando aspectos de la estrategia porque acaba en 2012, pero la realidad es que estamos totalmente paralizados por la negativa de la patronal a continuar y el cambio de Gobierno. Nosotros vamos a revindicar que con anterioridad al cambio de Gobierno, la Comisión Nacional manifestó su voluntad de desarrollar una segunda estrategia y ahora el Partido Popular no puede decir que eso no va con ellos porque en la Comisión Nacional están representadas todas las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP cuando se manifestó esa voluntad. Es decir, que no tendrían porqué cambiar de criterio ahora. Es necesario articular una política preventiva consensuada en nuestro país como garantía de mejora de las condiciones de trabajo. De no ser así, el PP deberá asumir su responsabilidad política.

Y la patronal, que es la otra pata de la estrategia, ¿en qué posición está? Yo creo que hay una redefinición de la oportunidad por parte de CEOE para hacer bascular todo hacia sus intereses y esto les puede llevar a cometer, desde mi punto de vista, dos graves errores: negarse a desarrollar una segunda estrategia o bien bajar mucho el perfil de los objetivos o las líneas de desarrollo de una nueva estrategia. Lo que está pasando en Europa, que también está en puertas de una nueva Estrategia Europea para afrontar el reto de mejora de las condiciones de trabajo, nos puede dar pistas sobre la maniobra de las patronales. Y lo que vemos es que se quejan de que la prevención supone mucha "burocracia", pero lo que hay detrás es un intento de reducir las obligaciones de la empresa en materia preventiva con el argumento de reducir la "carga burocrática" asociada a la prevención. Lo que pretenden es no tener que documentar ante la Inspección de Trabajo ni la evaluación de riesgos, ni la implantación de las medidas preventivas porque así consiguen eludir mejor sus obligaciones preventivas. Con ese planteamiento, los incumplimientos sólo se podrían visualizar a partir del daño y por tanto desaparecen de facto las posibilidades de exigir a las empresas políticas preventivas antes de que los trabajadores paguen con su salud.

¿Qué se le va a exigir al nuevo Gobierno desde la Secretaría de Salud Laboral? Yo creo que lo que hay que decirle al Gobierno es que en ningún caso las estrategias de flexibilidad en la empresa se pueden hacer a costa de la salud de los trabajadores. Que eso exige un estricto cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Que ese cumplimiento exige trabajar con la representación legal de los trabajadores. Hay que decirle que la crisis no se puede llevar por delante toda una serie de avances en materia de salud laboral y ya estamos viendo repuntes en los accidentes laborales, que llevaban mucho tiempo en descenso. Y hay que explicarle que no se trata sólo de que la salud no se vende, es que además, si conseguimos limitar los daños a la salud que se producen en el entorno laboral, vamos a reducir el gasto del sistema público de salud. Y si conseguimos que se declaren como enfermedades profesionales todos los daños que se producen en el mundo del trabajo, todavía se llegará más lejos en la reducción del gasto sanitario. Un planteamiento estratégico, por la importante repercusión que tiene en todos los ámbitos, es que el Gobierno comprenda la vinculación existente entre salud laboral y salud pública.