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El cerco a la jubilación parcial anticipada

Mar, 15/07/2014 - 12:19
VICENTE LÓPEZ
El cerco a la jubilación parcial anticipada

VICENTE LÓPEZ
Hace algo más de un año aparecía sin previo aviso otro decretazo, como es habitual por este Gobierno, el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Un título irónico y lleno de eufemismos que, básicamente, se desarrolló con el objetivo de recortar derechos a los trabajadores y las trabajadoras y endurecer, entre otros, el acceso a la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Justo lo contrario de lo que necesitan los trabajadores de más edad.

Cuando observamos la situación de las personas mayores de 50 años expuestas a duras condiciones de trabajo y hablamos con ellos se desvelan situaciones insostenibles, que ya se han descrito en este dossier: cocineras que no se ven capaces de seguir levantando peso, cuidadoras que no se sienten capaces de levantar a los enfermos, obreros que han enfermado en el tajo, etc.

Los pocos testimonios de trabajadores que apuntan una salida más o menos digna hacen mención a la jubilación parcial anticipada, anterior a la edad ordinaria de jubilación, con los consiguientes contratos de relevo. No cabe duda que esta fórmula sí se diseñó para promover el llamado envejecimiento activo. El Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho con esta nueva normativa es, sencillamente, impedir el acceso a esta jubilación parcial anticipada a un porcentaje mayor de trabajadores y trabajadoras. Recordemos que una jubilación parcial anticipada supone que un trabajador con una larga carrera laboral (30 años de cotización antes de este real decreto), y cierta antigüedad en la empresa, pudiese acceder a una jubilación a tiempo parcial (dentro de un rango que variaba desde el 25% hasta el 85% del tiempo de trabajo, en el caso de que el contrato de relevo fuera indefinido a tiempo completo). Con esta figura, ya reformada parcialmente en 2001, 2006 y 2011, se promovía no solo el mantenimiento del trabajador o trabajadora en activo hasta la edad ordinaria de jubilación, sino que, al ir acompañado del contrato de relevo, obligaba a mantener el nivel de empleo en la empresa, lo que suponía, a la postre, un rejuvenecimiento de las plantillas.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido que esa política no es la acertada y el Real Decreto-ley 5/2013, lejos de promover el envejecimiento activo, lo endurece y dificulta aún más. El nuevo texto legal aumenta la carrera de cotización necesaria para el acceso a esta figura, pasando de 30 a 33 años, disminuye el máximo de reducción de jornada, que se queda en un máximo del 75% (reduciéndose el máximo general del 75% al 50% de la jornada), endurece la edad mínima de acceso a la misma (de 5 años de anticipo a 2 años de anticipo de forma progresiva), y aumenta su coste, acelerando el calendario previsto en la reforma de 2011 para alcanzar el 100% de la cotización del trabajador relevado.

En definitiva, se camina justo en la dirección contraria. No se promueve un retiro activo del mercado de trabajo, sino que se obliga a trabajadores y trabajadoras, que presentan un desgaste físico y psicológico importante, consecuencia de sus trayectorias laborales, a mantenerse en sus empleos, muchas veces en condiciones precarias. Con ello el Gobierno del Partido Popular está aumentando de forma considerable la vulnerabilidad de estos trabajadores a sufrir un accidente laboral y/o enfermedad profesional. En resumen, un real decreto que promueve el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo.