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Vigilancia de la salud: la búsqueda del camino de retorno

Dom, 15/01/2017 - 12:19
JAIME GONZÁLEZ
Dossier

La vigilancia de la salud es el instrumento que evalúa si las medidas preventivas han evitado la exposición y efectos de los riesgos en la salud. Y la salud laboral, el marco en el que esta se practica, entronca con los principios de integración de la Ley General de Sanidad de 1986 y de la Ley de Salud Pública de 2011, que tratan de un sistema de salud pública integral: prevención, curación, rehabilitación y compensación. Un sistema apoyado y no sustituido por la iniciativa privada. La realidad es bien distinta.

Con la Ley 35/2014, de mutuas, el Gobierno empuja a la venta de las sociedades de prevención adscritas al capital de las mutuas y por tanto de la Seguridad Social. Este ha sido el mayor trasvase de recursos de la Seguridad Social al ámbito privado. Las mutuas finiquitan definitivamente atribuciones que históricamente tenían en seguridad y salud.

La Seguridad Social consideró los reconocimientos “inespecíficos” para detectar daños de “alta incidencia” en el conjunto de la población trabajadora como parte de su protección hasta 2003. A partir de ahí, todos los reconocimientos quedan fuera de la acción protectora de la Seguridad Social y solo a través de los servicios de prevención privados se pueden realizar las actuaciones en vigilancia de la salud. Los reconocimientos médicos entroncan en el paradigma de la prevención de riesgos laborales “proactiva” que emana de la Directiva Marco 89/391/CEE y se transpone en España con la Ley 31/1995. La Seguridad Social ha pasado a centrar su atención en la reparación y prestación tras el daño y ha abandonado sus actuaciones en prevención de riesgos laborales, solo mantiene una parte residual.

Las situaciones problemáticas derivadas son muchas, la primera de ellas es que la prevención ha quedado relegada, prácticamente en su totalidad, al ámbito mercantil privado. En los reconocimientos médicos se da una indeterminación de los límites de actuación empresarial que choca con los derechos a la intimidad de las personas que trabajan. El empleador asume el pago y trata de obtener un interés empresarial más allá de la garantía de la salud. Las pruebas médicas se usan como instrumento de selección positiva o de estigmatización, pudiéndose transformar el certificado de no aptitud emitido por un servicio de prevención, aun en situaciones de alta médica, en un despido objetivo por ineptitud sobrevenida.

Por tanto, la obligatoriedad de “someterse” a los reconocimientos médicos vinculados a la aptitud es el instrumento del empleador frente al derecho al consentimiento informado voluntario e intimidad de las personas que trabajan. Se gastan ingentes cantidades de dinero en pruebas y reconocimientos con escaso resultado en detección precoz y prevención y sí con instrumentalización a favor de los intereses de la empresa.

Desde CCOO tenemos alternativas que pasan por el establecimiento de un sistema público de confianza decisorio para la ejecución de las actuaciones que tengan impacto en la salud de las personas que trabajan y repercusión en el empleo y la protección social.

Mientras tanto, son necesarias garantías para que solo evaluadores públicos determinen la no aptitud. Estableciendo que los servicios de prevención se centren en la propuesta de mejoras de las condiciones de trabajo. También la libertad del acceso voluntario al reconocimiento que no se adscriba con la aptitud, siendo esta solo posible para los reconocimientos médicos obligatorios que legalmente se establezcan; siempre con las garantías de proporcionalidad, motivación y objetividad. Además, la coordinación automática de la “no aptitud” con una prestación del sistema de protección de la Seguridad Social. A todo ello hay que añadir el establecimiento de unas conductas tipificadas dentro de las infracciones y sanciones en el orden social que tengan que ver con la ejecución “abusiva” de la vigilancia de la salud por los servicios de prevención, a la vez que un sistema de compensación para las personas que trabajan que se hayan visto perjudicadas.