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Una población trabajadora envejecida: ¿de qué estamos hablando?

Sáb, 15/07/2017 - 12:19
VICENTE LÓPEZ
Dossier

"Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la sociedad española es el envejecimiento de la población en general y de la población asalariada en particular", éste es uno de los mantras que escuchamos continuamente. "Esta problemática "se afirma" es la que va a condicionar en las próximas décadas nuestro poco desarrollado Estado de Bienestar y, sobre todo, nuestro sistema de pensiones o nuestro modelo sanitario. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto?, ¿envejece realmente la población asalariada por la evolución demográfica o más bien por la evolución de nuestro mercado de trabajo?, ¿qué tienen que ver las políticas sociolaborales en todo esto del envejecimiento?

Desde hace algunas décadas, pero sobre todo en los momentos de crisis económica como el que estamos viviendo, las proyecciones demográficas se han convertido en la piedra angular, sino en la gran excusa que guía las políticas sociolaborales en nuestro país. El envejecimiento de la población se asocia de forma banal a dos tendencias: la reducción de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, no se profundiza en las líneas causales que relacionan por ejemplo las (bajas) tasas de natalidad con las (escasas) oportunidades que nos brinda nuestro mercado de trabajo, así como con las deficiencias de nuestro Estado del Bienestar. Tampoco se relaciona dicho envejecimiento con las diferencias importantes en la esperanza de vida por clase social, a pesar de que algunos estudios cuantifican en una diferencia de hasta 10 años en la esperanza de vida en función de la clase social a la que pertenecemos cuando nacemos. En este sentido, también se obvia que esa esperanza de vida al nacer no es sinónimo de vida saludable: la esperanza de vida con buena salud autopercibida apenas alcanza los 60 años, mostrando, como ocurre con la esperanza de vida al nacer, claras desigualdades por clase social. Encontramos desde esta perspectiva una relación directa entre evolución de la pirámide demográfica y políticas sociales, económicas y laborales.

Por otra parte, se habla de envejecimiento de la población y de la población ocupada como si entre ellas no mediase ningún otro factor. Y no es así. Son las políticas económicas y laborales y no la demografía las que, por un lado, limitan la integración en el mercado de trabajo de la población joven y, por otro lado, dificultan la salida del mismo de las personas de edad avanzada. La tasa de paro del cuarto trimestre de 2017 para la población entre 16 y 30 años era del 28%, porcentaje que se eleva al 37% para los menores de 25 años. El volumen de población activa menor de 25 años se ha visto reducido desde el cuarto trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2017 en prácticamente 2 millones de personas (emigración, desánimo, formación). Además, las últimas reformas en el sistema de pensiones han dificultado de forma importante la salida del mercado de trabajo de las personas mayores (entre otras, por el endurecimiento de la jubilación parcial y la jubilación anticipada).

Ambas dinámicas han conllevado que la pérdida de la importancia relativa del empleo en personas menores de 30 años, se haya compensado con el aumento de peso relativo de las personas ocupadas mayores de 50 años. Vuelve a demostrarse pues, que el envejecimiento de la población ocupada tiene que ver, no tanto con las proyecciones demográficas, como por el efecto de las políticas sociolaborales desarrolladas en la última década. Una política económica que priorizase, por ejemplo, el pleno empleo sería uno de los antídotos mejores contra el envejecimiento de la población asalariada.

Y es que, además, tal y como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), la edad cronológica no es un indicador exacto de los cambios que acompañan el envejecimiento. El proceso de envejecimiento guarda relación no solo con el tiempo, sino con la decadencia física y psíquica de la persona. Y ésta no es solo fruto de la edad. El envejecimiento está asociado a cambios en las capacidades sensoriales o cognitivas que pueden suponer limitaciones funcionales y/o orgánicas para el desempeño de algunas tareas de forma segura y saludable. Hablamos, entre otros, del deterioro de las capacidades sensoriales (auditiva, visual), la disminución de la capacidad cardiorespiratoria, la disminución de capacidad física (disminución de la funcionalidad de los músculos), la pérdida de masa ósea, la fragilidad de los huesos, la mayor probabilidad de sufrir alteraciones neurológicas (memoria, reflejos, capacidad de aprendizaje, reacción motora,), el aumento de la tensión arterial, la pérdida de capacidad inmunitaria o la mayor prevalencia de enfermedades crónicas (cardiovasculares, cáncer, pulmonares).

Ante estos procesos que se desarrollan a lo largo de la vida activa laboral, los y las trabajadoras presentan estrategias individuales de supervivencia en el puesto de trabajo. Pero también las empresas utilizan mecanismos para limitar el efecto económico y productivo de este envejecimiento y el despido de los trabajadores y trabajadoras envejecidos es por desgracia uno de ellos. En nuestro propio ordenamiento laboral se establece la posibilidad de despido por ineptitud sobrevenida, utilizándose la vigilancia de la salud no como mecanismo de prevención, sino como herramienta de expulsión.

¿Qué factores están detrás de este envejecimiento? La OMS señala la “causa de las causas”: los determinantes sociales de la salud y la desigualdad. Naturalmente que hay factores de índole genético, fruto de la patobiobrafía de la persona, de aspectos psicológicos, relacionales, etc., pero la salud también es la consecuencia del entorno en que vivimos y, sobre todo, del entorno en el que trabajamos. La desigualdad socioeconómica (educación, empleo, renta), la desigualdad en las condiciones de vida y trabajo y la desigualdad en el acceso a los recursos, son los pilares que amamantan las desigualdades en salud, y los procesos diferenciados de envejecimiento de la población.

En un trabajo muy interesante, Patricia Vendramin y Gerard Valenduc, señalan ocho factores que determinan la mayor o menor calidad del empleo: la turnicidad (permanente o variable), las posturas forzadas o dolorosas (al menos durante la mitad de la jornada laboral), el ritmo intenso de trabajo por lo menos durante la mitad de la jornada; la compatibilidad del horario laboral con los compromisos familiares y sociales, la autonomía en la organización de las tareas y horarios de trabajo, el apoyo social de los compañeros o superiores, las perspectivas profesionales y el riesgo de perder el empleo en los próximos seis meses.

Se establecen diferentes grupos de riesgo (el mayor el de trabajadores no cualificados) y concluye el estudio que los problemas básicos que afectan a los trabajadores a partir de los 50 a menudo tienen su origen antes (biografía laboral); que hay colectivos (personal no cualificado) muy expuesto a riesgos en la salud; que la responsabilidad por la mejora de las condiciones de trabajo y empleo recae en las empresas (prácticas de gestión de la mano de obra) y, finalmente, que la amplia variedad de situaciones aconseja aplicar con precaución las políticas para extender la vida laboral de los trabajadores y trabajadoras de mayor edad (coeficientes reductores). Estos factores serían el motor del envejecimiento en la esfera laboral. Evidentemente, muchos de estos factores se entrelazan en algunos empleos, sobre todo en los empleos más precarizados.

Las sucesivas reformas laborales han ido extendiendo la precariedad laboral en nuestro mercado de trabajo. Cuando hablamos de precariedad no sólo nos referimos a la temporalidad en el empleo (anclada en el entorno del 30% de los asalariados), sino que lo medimos atendiendo a aquellos factores que determinan la inseguridad y vulnerabilidad de las y los trabajadores en su puesto de trabajo, y que tiene que ver mucho con la desigualdad de poder (individual y colectivo) entre trabajadores y trabajadoras y empresarios. Incluye diversas dimensiones como la inestabilidad del empleo (tanto por tener o no un contrato con duración determinada como por tener mayor probabilidad de pérdida de empleo); la degradación de las condiciones de trabajo (alargamiento de jornada, intensificación de ritmos, flexibilidad de horarios, dificultades para ejercer derechos…); la insuficiencia de los ingresos para mantener la forma estándar de vida (bajos salarios, unido al concepto cada vez más frecuente de "trabajadores pobres", que se definen como aquellos cuyo trabajo no asegura ingresos por encima del umbral de la pobreza) y la débil cobertura de los mecanismos de protección social, legal y colectiva (posibilidades de acceso al sistema de pensiones contributiva, a la prestación por desempleo, a la cobertura de un convenio colectivo…). Según algunos estudios más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras asalariados estarían en situación de precariedad laboral y como hemos señalado, atendiendo la OMS, la precariedad está detrás de la salud y por tanto del envejecimiento. En definitiva, hablar de envejecimiento de la población ocupada no tiene que ver, principalmente con la demografía, sino, especialmente, con la extensión de la precariedad.