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Sin participación no hay prevención: burocracia y negocio campan a sus anchas

Dom, 15/01/2017 - 12:19
VICENTE LÓPEZ Y SALVADOR MONCADA
Dossier

La última Encuesta de Condiciones de Trabajo publicada de 2011 señala datos preocupantes: solo el 61,1% de los encuestados dice tener delegado de prevención. Este valor cae al 56,7% para el colectivo de mujeres, al 50,9% de los trabajadores y trabajadoras con contrato temporal, entre el 40% y el 56% para las empresas de menos de 50 trabajadores, el 49,5% de los extranjeros, y el 45% de los trabajadores y trabajadoras menores de 25 años.

Esta misma encuesta nos señala que el 35% de los trabajadores y trabajadoras encuestados dice que se han evaluado los riesgos en el puesto de trabajo (el 28% en el caso de los trabajadores y trabajadoras con contrato temporal), y de estos solo el 50% señala que se han implementado medidas preventivas (45% en el caso de trabajadores con contrato temporal), mientras que solo el 62% de los encuestados dice haber recibido formación o información sobre los riesgos de su puesto de trabajo (54% en el caso de aquellos que tienen contrato temporal).

Por otro lado, tres de cada cuatro empresas utilizan, según señalan algunas fuentes, como modalidad organizativa de la prevención los servicios de prevención ajenos (SPA). Esta modalidad es la más utilizada en todos los tramos de empresa, desde la gran empresa (suele utilizar modalidades mixtas) hasta la mediana y pequeña empresa. Aunque algunos problemas de calidad de estas fuentes (por ejemplo, como ocurre con ESENER su baja tasa de respuesta) ponen en duda las cifras exactas, parece claro que la externalización de la organización de la prevención ha sido continuada en las últimas décadas, situándonos como uno de los países europeos donde más se utilizan los servicios de prevención ajenos.

Es evidente que ni las leyes ni el conocimiento científico relativo a la prevención de riesgos laborales bastan para generar mejores condiciones de trabajo. La normativa puede quedar en papel mojado si no se ejercita lo que propugna. La investigación que demuestra las relaciones causales entre condiciones de trabajo y daño a la salud, también necesita de la praxis para que tome cuerpo. La clave, según han demostrado numerosos estudios, apunta a dos elementos nucleares: la participación de los trabajadores y trabajadoras a partir de sus representantes legales y la internalización de la prevención por parte de la empresa. Estos dos factores están seriamente comprometidos en nuestro entorno por un modelo productivo caracterizado por la pequeña y muy pequeña empresa con estrategias empresariales precarizadoras, y por un modelo de relaciones laborales que, precisamente, dinamiza estas prácticas empresariales, desvalorizando el trabajo como mecanismo de competitividad. No es precisamente este marco el más apropiado para fortalecer las prácticas preventivas en las empresas.

¿Cómo hacer prevención en aquellas empresas que no tienen delegado de prevención?
Los estudios existentes muestran que donde existe representación de los trabajadores y trabajadoras, la salud y seguridad en el trabajo tiene mejores indicadores. Así, la participación de representantes de los trabajadores y trabajadoras en salud laboral está asociada a niveles más altos de gestión de la prevención, mayor cumplimiento de la normativa y mayores niveles de información en salud y seguridad y de concienciación entre los trabajadores y trabajadoras. Más allá de la participación individualizada, parcial y limitada a los objetivos de estrategia empresarial que realizan algunas empresas, parece evidente que la que ofrece resultados en materia de salud laboral es la participación de los trabajadores y trabajadoras que cuenta con un marco de participación estructurado, reconocido por ambas partes y permanente. La existencia de representación de los trabajadores implica que estos se organizan de forma autónoma, colectiva y solidaria, lo que cuenta con la protección de la ley que impide que una empresa pueda despedir o represaliar a un o a una representante, facilitando el ejercicio efectivo del derecho a la participación.

Por lo tanto, sin representación legal de los trabajadores y trabajadoras la prevención de riesgos laborales se convierte, en la mayor parte de casos, en un proceso administrativo, mercantilizado y tecnocrático, cuyo fin es el cumplimiento formalista de la ley y la reducción de costes laborales. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, dos terceras partes de la población asalariada española, más de la mitad, entre los colectivos laborales peor tratados (mujeres, jóvenes, inmigrantes, trabajadores y trabajadoras de pequeñas empresas) carecen de representación legal y se ven privados de la existencia de delegados y delegadas de prevención que dinamicen una política preventiva real en sus empresas.

Mejorar la prevención en estas empresas pasa por la puesta en marcha de la figura de los delegados y delegadas territoriales y/o sectoriales de prevención, una figura sindical que tendría las competencias y garantías del delegado y delegada de prevención, pero que no estaría adscrito a una empresa concreta. Obviamente, esta figura solo actuaría en las empresas en las que no existe representación de los trabajadores y trabajadoras en materia de prevención.

Además, no solo es necesaria la figura del delegado, sino que es necesario un cambio normativo que obligue a la codecisión en las empresas sobre todas las fases del proceso preventivo; incluyendo el control de la actividad de los servicios de prevención, y la contratación, si es el caso, del servicio de prevención (ajeno) y de la propia mutua de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Es necesario un mayor acceso de los delegados y delegadas a los recursos informativos, formativos y de asesoramiento suficientes para garantizar la acción autónoma en la empresa y la financiación estable de los equipos de apoyo técnico a la labor de los delegados y delegadas de prevención.

Es fundamental, ademas, el desarrollo en la negociación colectiva de la figura del trabajador designado que postula la directiva europea y prácticamente no existe en nuestro marco preventivo, así como el fortalecimiento de la independencia de los técnicos del servicio de prevención (propio o ajeno) para cumplir su papel de asesores técnicos no solo de los empresarios, sino también de la representación legal de los trabajadores.

¿Qué ocurre con la externalización de la prevención?
Externalizar la prevención lleva a curiosas paradojas. De un lado, la actividad preventiva se ve reducida a la mínima expresión, como ya ocurre en una parte importante de las empresas que tienen servicio de prevención ajeno (tres de cada cuatro como hemos visto). Por otro lado, la externalización es –en muchos casos– más cara, pues genera actividades innecesarias que no tienen que ver con los problemas de prevención que hay que resolver. Problemas que, por lo tanto, siguen existiendo y generando riesgos, enfermedad y pérdidas. Y, por último, es evidente que como tal servicio externalizado es fácilmente sustituible si no cumple los requisitos que marque la empresa que, por desgracia, no siempre versan al respecto de la calidad en la prevención suministrada.

Esta excesiva externalización de la prevención es contraria a los principios de la directiva comunitaria sobre medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores que busca, precisamente, una mayor internalización de la gestión de la prevención, para con ello situar a la prevención de riesgos laborales como un elemento intrínseco a la gestión empresarial. En este mismo sentido, para aquellas empresas que no tengan representación legal, el reconocimiento de los delegados o delegadas de prevención territoriales o sectoriales supondría un fuerte incentivo a la internalización de la prevención y a la mejora de la eficiencia empresarial al movilizar los recursos internos de las empresas. Evidentemente, la participación autónoma de las y los trabajadores y una mayor eficiencia en su acción también pueden ayudar a esta internalización.

Mejorar la prevención de los riesgos laborales en las empresas es posible con una mayor participación de los trabajadores y trabajadoras, de forma organizada, informada e independiente, y con un proceso claro de interiorización de la prevención como una función transversal de las políticas empresariales.