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“Quisimos situar la salud laboral en el marco de la salud pública, pero nos quedamos a medias”

Jue, 15/10/2015 - 12:20
BERTA CHULVI
Dossier

En la actualidad, Montse García es jefa del Área de Salud Laboral en la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero este es solo su último destino: lleva más de 30 años trabajando desde la Administración para promover la salud laboral desde una perspectiva de la salud pública, y participó en el largo proceso de negociaciones de la ley de 1995. Muchas de las tareas que entonces se quedaron por hacer siguen siendo importantes, y la Administración pública juega un papel fundamental.

¿Cómo fue aquella negociación de la ley de 1995?
A mí los previos a la negociación me pillan trabajando en el INSHT, y desde ahí asisto a los debates entre los agentes sociales y la Administración, con la idea clara de que el Ministerio de Sanidad tenía que estar en esas negociaciones porque era necesario situar la salud laboral en el marco de la salud pública y llevar el enfoque de la salud pública a la prevención de riesgos laborales. En esa misma posición estaban los sindicatos. De hecho, algunos borradores de la ley llegaron a llamarse “ley de salud laboral” y “ley de la salud de los trabajadores”, para contemplar un abordaje más integral de la salud de los trabajadores, centrado en los lugares de trabajo, pero no solo. No se consiguió impregnar de esta filosofía toda la ley, pero sí introducir el artículo 10, en el que se detallan las actuaciones de las Administraciones sanitarias para sumar a la prevención de riesgos laborales. Su primer párrafo recupera y ratifica el contenido de salud laboral de la Ley General de Sanidad de 1986. La Ley General de Salud Pública de 2011 refresca aquellos contenidos y los completa.

¿Consiguieron lo que querían?
No del todo. Nos quedamos a medias de lo que pretendíamos: un objetivo compartido por muchos, pero a la vista está que no suficientes, era que la Administración sanitaria entrara de lleno en el problema de la salud laboral. Iniciamos un camino, pero el desarrollo de políticas de salud laboral desde las Administraciones sanitarias ha sido escaso, a pesar de su evidente necesidad. Ha habido logros notables, claro está, todas las comunidades autónomas se han dotado de estructura, recursos y desarrollan actividades desde las Consejerías de Salud, pero queda camino para desarrollar el marco establecido en la Ley General de Sanidad de 1986. Se consiguió una mínima parte de lo que sectores de la salud reivindicaban, porque la ley quedó focalizada en la empresa como marco de acción, mientras que el enfoque desde la salud pública es pensar en la colectividad, con una visión más holística de los problemas de salud. Por supuesto defendíamos que la empresa fuera la responsable de garantizar unas condiciones de trabajo saludables, pero queríamos que se entendiera que garantizar la salud de los trabajadores y las trabajadoras era un problema de salud más amplio: las condiciones de empleo, la presencia de trabajadores autónomos, de trabajadores en paro, el cambio frecuente de puesto de trabajo, las pymes…, hacen que tengan menos sentido las políticas centradas en los lugares de trabajo (políticas laborales) y más las que tutelan la salud de los trabajadores fuera de él (políticas de salud).

¿Cuáles son desde su punto de vista los principales logros de la ley?
Son muchos. En primer lugar armonizar todas las normas que teníamos dispersas y converger con Europa. Aunque aprobada con notable retraso y sin el deseado consenso de los agen tes sociales, eso se logró. Por otro lado, en la aplicación de la ley se eligieron en las empresas a decenas de miles de delegadas y delegados de prevención. Todas las empresas se vieron obligadas a realizar una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y ponerla a disposición de los delegados de prevención, y todos los trabajadores adquirieron el derecho a la vigilancia de su salud. Se generaron, y eso no se puede negar, un montón de actividades por parte de todos los agentes sociales, económicos y Administraciones, sin las cuales la situación de la salud laboral sería netamente peor. Es verdad que se ha retrocedido en esta época de crisis y la salud laboral ha quedado postergada, pero, como ejemplo, uno de los impactos más notables de la ley, que a mí me gusta mucho resaltar, se produjo con las enfermedades profesionales.

¿A qué se refiere?
Nada más aprobarse la ley se produjo una mejora notable en el reconocimiento de la enfermedad profesional. Antes de su aprobación se estaban reconociendo unas 4.000 enfermedades profesionales al año. En los debates previos a la ley se insistió mucho en la visibilización de la enfermedad profesional, por eso, nada más aprobarse, se duplicó, triplicó, cuatriplicó…, su número en los años siguientes hasta llegar al techo de 30.000 en 2005, para descender de manera espectacular en 2006 y 2007, casi a la mitad (17.000 en 2007), tras dos cambios legislativos, y ahí nos hemos quedado. Es decir que, sin entrar a fondo en esos cambios legislativos, lo que se muestra claramente es que las políticas públicas son muy importantes, juegan un gran papel y tienen efectos sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras.